Ángeles Oliver (GUADALAJARA DOS MIL)

Dos años después, la polémica por la construcción de la cuarta fase en la urbanización Caraquiz, en Uceda, vuelve a estar de actualidad. Ecologistas en Acción y la asociación cultural de Caraquiz -que en su día se opusieron a ese proyecto urbanístico alegando que supondría la destrucción de un paraje de alto valor ecológico- denuncian ahora que la Consejería de Medio Ambiente y la empresa promotora "han llegado a un acuerdo para ejecutar un desarrollo urbanístico que sigue afectando de forma importante a una parte de esa zona, calificada como suelo rústico de protección ambiental".

Alberto Mayor, de Ecologistas en Acción, asegura que ese acuerdo se ha alcanzado "a espaldas de los vecinos, de los ecologistas y del informe ambiental que la propia Delegación realizó en abril de 2002, en el que se indicaba el alto valor de la zona". Ecologistas y vecinos de Caraquiz califican de "atropello" el nuevo acuerdo que, según ellos, daría luz vez a la construcción de unas 475 viviendas -la mitad de las previstas en el proyecto inicial-, "arrasando unas 20 hectáreas de las 48 que Medio Ambiente consideró en su día como intocables", apunta Ángeles Encinas, de la asociación cultural de la urbanización.

Los ecologistas tienen alguna "sospecha" sobre lo que ahora ha podido volver a revocar en cierto modo la decisión anterior de Medio Ambiente. Su portavoz, Alberto Mayor, indica que "cuando el proyecto se paralizó en el año 2002, la promotora, que ya tenía la licencia municipal, amenazó con denunciar a la Junta y pedía daños y perjuicios". En su opinión, la "Administración se equivocó y si tiene que indemnizar a la empresa debe asumirlo y no negociar a espaldas de todos, a cambio de que no denuncie".

La propuesta de construir menos viviendas, afectando a una menor parte del bosque existente en la zona, no convence ni a ecologistas ni a vecinos, que están dispuestos a llevar a la Junta de Comunidades a los tribunales, por prevaricación, si el proyecto sigue adelante.

De momento, el próximo día 27 de febrero mantendrán una reunión con la fiscal de medio ambiente de Guadalajara, para ponerle al corriente de la situación y entregarle toda la documentación concerniente a la cuarta fase de Caraquiz.

Informes contradictorios

Al margen de otros aspectos, el origen del conflicto está en sendos informes contradictorios emitidos por Medio Ambiente.

El primero de ellos, fechado en septiembre de 2000, daba el visto bueno a la cuarta fase de Caraquiz, donde se preveía la construcción, además de otras dotaciones, de unas 800 viviendas. En base a ese informe, la Comisión Provincial de Urbanismo daba luz verde a la actuación urbanística y, por consiguiente, el Ayuntamiento de Uceda concedía a la empresa las licencias oportunas y aprobaba el plan de actuación urbanizadora.

Dos años después, en febrero de 2002, Ecologistas en Acción apoyaba una iniciativa de la mancomunidad de servicios de Caraquiz (gestora de las tres fases existentes en la urbanización), proponiendo la inclusión de una zona de 48 hectáreas -precisamente en la zona de expansión de la urbanización-, próxima a las riberas del Jarama, dentro de la Red Natura 2000, como Lugar de Interés Comunitario (LIC).

El anuncio de protestas ciudadanas, en abril de 2002, coincidió con un nuevo informe de Medio Ambiente, que reconocía "una valoración errónea" de los terrenos en su informe anterior.

Esta "marcha atrás" puso en una difícil situación al Ayuntamiento de Uceda, que temía la indemnización millonaria que podía requerir la promotora que, a su vez, recordaba que los terrenos tenían "calificación urbanística como solar urbanizable desde 1978". El Consistorio solicitó un tercer informe a la Fundación de la Universidad Politécnica que "de alguna manera compatibiliza el desarrollo urbanístico, aunque no como estaba previsto, con la protección del entorno".

En base a ése y otros informes posteriores, la Consejería de Medio Ambiente ha llegado a un acuerdo con la promotora, que permitirá el desarrollo urbanístico y establece la protección de algunas zonas.

"Por un poco más de suelo, renunciamos a la indemnización"

La promotora de la cuarta fase de Caraquiz, Inversiones Soloquiz SL, "ha sido una de las grandes perjudicadas" en toda esta polémica, según apunta Ramón Fernández-Hontoria, uno de los responsables de la empresa, que reconoce que en los dos últimos meses ha habido una negociación con Medio Ambiente, "en la que por un poco más de suelo hemos renunciado a la indemnización por daños y perjuicios, que podría rondar los 2.600 millones de pesetas. Medio Ambiente ha querido asegurarse de que no vamos a reclamar y nosotros hemos aceptado obligados por las circunstancias".

Esas circunstancias son que Soloquiz SL, "es una sociedad pequeña formada por varios profesionales y esta situación nos ha llevado casi a la quiebra... Si esto se lo hacen a una empresa grande, hace dos años que estarían en los juzgados".

Fernández-Hontoria explica algunos de los términos del acuerdo alcanzado con Medio Ambiente,-"cuyo último dictamen se inspira en un informe anterior suyo, y otro de la Universidad de Alcalá y el que el Ayuntamiento encargó a la Politécnica"-, apuntando que la Administración "sabe que están en confrontación no sólo la preservación de una zona, sino la calificación el suelo, y decide incluir en el proyecto cuadrículas que no se pueden proteger con la Ley en la mano, conjugando dos principios: la preservación de unos derechos legalmente adquiridos y la creación a futuro de una zona de enebros. Nosotros cedemos al Ayuntamiento el suelo protegido".

Este responsable de la promotora asegura que el acuerdo para desarrollar la cuarta fase de Caraquiz afecta sólo a un 10 por ciento de la zona que defienden los ecologistas y no a casi el 50 por ciento de ese territorio, como denuncia ese colectivo.