Acabo de leer en prensa la carta de un castellano-manchego mostrando su profundo malestar por la situación de la red de ferrocarriles existentes en Castilla-La Mancha, especialmente en lo referente a las comunicaciones entre las poblaciones de la región.

He decidido escribir estas letras para hacer una pequeña reflexión acerca de este tema. Pero, no sólo por la citada misiva, sino porque son numerosas las personas que me comentan negativas experiencias cuando han tenido que desplazarse en tren dentro de la comunidad autónoma.

No le quito la razón a estos ciudadanos. Yo también he sufrido las incomodidades de tener que soportar largos tiempos de espera en estaciones antidiluvianas para ir de una ciudad a otra de Castilla-La Mancha.

Nuestra región ha sido tradicionalmente territorio de paso y las redes de carreteras y ferrocarriles se han diseñado para unir Madrid con las grandes ciudades de la periferia, de Cataluña, del Levante o del País Vasco. Aprovechar esta red para la comunicación interna de Castilla-La Mancha es tarea, en muchos casos, harto complicada.

En el medio plazo, dispondremos de una red de ferrocarriles puntera en España: gracias a los acuerdos suscritos entre el Ministerio de Fomento y los Presidentes de Castilla-La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia, todas las capitales de nuestra comunidad autónoma, Puertollano y, más adelante, Talavera de la Reina, dispondrán de trenes de Alta Velocidad (AVE). Pero este halagüeño panorama no debe hacernos perder la perspectiva de que es fundamental mejorar la situación de ferrocarril convencional, y hacerlo ahora, sin mayor dilación.

La modernización de las infraestructuras es una tarea necesaria, pero también lo es la mejora de los servicios de ferrocarril, especialmente los de ámbito regional. Y aunque, con gran probabilidad, dentro de pocos años las Comunidades Autónomas tendrán competencias en servicios regionales de trenes, hoy por hoy, esas funciones son exclusivas del Estado y, más concretamente, de la Empresa Nacional Renfe.

Y la cuestión que se suscita es: ¿debe Renfe aplicar una política de atender a las demandas ciudadanas independientemente de si algunos servicios son deficitarios, o sólo debe moverse por parámetros de estricta rentabilidad económica?

Quizá esta pregunta merezca un amplio debate público que excede esta carta, pero lo cierto es que, desde hace varios años, el Gobierno de España ha optado por la segunda de las opciones: primar los resultados económicos sobre las necesidades sociales. Desafortunadamente, gran parte de nuestra región y su propia complejidad geográfica, con una acusada diseminación demográfica y con muchos núcleos de población inferiores a los 1.000 habitantes, no entra en los criterios de rentabilidad económica que marcan la política de Renfe.

Algunas líneas ferroviarias que transcurren por nuestra región no han contado con la suficiente demanda de viajeros como para aportar beneficios económicos. Por ello, el Estado ha dejado de invertir en ellas, con el consiguiente deterioro de las mismas. Esto, a su vez, provoca el abandono de la utilización del tren por parte de los usuarios, que buscan medios de transporte alternativos, como el autobús o el coche. Y, al disminuir el número de viajeros, deja de invertirse en la mejora de las infraestructuras ferroviarias. Es un círculo vicioso que ha de romperse si no queremos condenar a determinadas vías de ferrocarril a su desaparición.

La Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha ha decidido intervenir en esta problemática destinando importantes partidas económicas de las arcas regionales para enjugar el déficit económico de algunas líneas de tren y evitar, de este modo, que Renfe haga desaparecer algunas de las líneas que no le resultan rentables. Es el caso de los convenios suscritos entre el Gobierno regional y Renfe en las líneas Cuenca-Madrid y Talavera-Madrid. Puedo decir sin temor al equívoco que, de no haber intervenido el Gobierno de Castilla-La Mancha, Renfe hubiera suprimido progresivamente ambas líneas.

Ante una situación como ésta, es preciso dejar claro que el Gobierno de Castilla-La Mancha no comparte estos criterios estrictamente economicistas. Creemos que por encima de la rentabilidad económica, y siempre buscando la mayor eficacia, está la finalidad social y la prestación de un servicio público necesario y demandado por los ciudadanos de Castilla-La Mancha, independientemente de que éstos vivan en una gran urbe o en una mediana población, porque el derecho al transporte público es el mismo para todos.

Por ello, en reiteradas ocasiones hemos requerido al Gobierno de España más inversiones y mejores servicios en ferrocarril para nuestra región. Para que exista más igualdad entre comunidades autónomas. Para que nuestros territorios puedan estar vertebrados con una red ferroviaria de calidad. Para que la mejora de las comunicaciones redunde en el desarrollo económico, comercial, industrial y social de Castilla-La Mancha.

Y aunque la respuesta aún está por llegar, hemos de seguir insistiendo para lograr que nuestros ciudadanos estén cada vez más cerca.