Además, señala, en nota de prensa, que los promotores no han podido demostrar ante el Ministerio de Medio Ambiente (Mimam) la inexistencia de alternativas viables, ni que se den imperiosas razones de interés público que justifiquen la realización del proyecto.

Por ello, criticó la actitud «irresponsable» del Ministerio y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al no asumir sus competencias en la protección de la ZEPA Campo de Calatrava, y de los promotores del proyecto de aeorpuerto al crear falsas expectativas sobre su viabilidad.

Según afirma, el Mimam, al señalar en la declaración de impacto que «únicamente podrá abordarse la ejecución de este proyecto si el promotor justifica y documenta el cumplimiento del artículo 6.4 del Real Decreto 19997/1995», reconoce de forma implícita que el aeropuerto de Ciudad Real no es viable ambientalmente y, por ello, no puede continuar su tramitación.

A su juicio, «sólo una manifiesta dejación en el cumplimiento de las competencias que tiene encomendadas y un incalificable interés por derivar responsabilidades a otras Administraciones, llevan al Miman a dejar aparentemente abierta la posibilidad de solicitar a la Comisión Europea un anómalo proceso de remodelación de la ZEPA que permitiera la realización del proyecto».

Este proceso, que habría de contar con el beneplácito de la Junta de Castilla-La Mancha, tardará meses, cuando no años, en substanciarse y con toda probabilidad, dada la existencia de alternativas viables y la falta de interés público de primer orden del proyecto, conducirá al bloqueo definitivo del mismo, señala. Todo ello, por no hablar de las medidas compensatorias que se proponen y cuya viabilidad ambiental queda también en entredicho en la declaración de impacto.

A día de hoy, Ecologistas en Acción considera el proyecto «paralizado», ya que la declaración no favorable del Mimam impide la continuación del proceso administrativo de aprobación del proyecto. De hecho, «el Mimam si quisiera aprobar el proyecto se vería obligado a realizar una nueva declaración de impacto ambiental ya que la que publicó ayer no resuelve definitivamente nada».

En este sentido, afirman que la actitud del Ministerio y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, «más preocupados de defender un proyecto diseñado al amparo de intereses políticos y económicos y en flagrante contradicción con la normativa de protección ambiental, resulta incalificable». También califican de «irresponsable» el no asumir la decisión aprobada en su día por ambas administraciones de proteger la ZEPA de Campo de Calatrava y el dar argumentos «a todo tipo de especulaciones».