Un 60% de las infraestructuras ferroviarias convencionales necesitan, ante lo que constituye «una dejadez de funciones en las tareas de mantenimiento», un exhaustivo plan de renovación que ha de contemplar una inversión cercana a los ocho billones de pesetas en los próximos quince años, tanto en el ámbito de la Comunidad Autónomo como en el resto del país, «para que este medio de transporte sea competitivo frente a otras alternativas».

Así lo puso de manifiesto ayer el coordinador del Sindicato Ferroviario de Castilla-La Mancha, Juan Carlos Pérez, durante la presentación del modelo de ferrocarril que propone este colectivo, que representa en nuestra Región a un 11% de los trabajadores del sector, y que está haciendo llegar a partidos políticos, instituciones y asociaciones su propuesta frente al «despilfarro y despropósito» que a juicio supone el Ave.

Este modelo, según explicó Pérez, se basa en tres premisas. El texto pide un ferrocarril que sea público, social, «tanto en precios como en el servicio que presta a la ciudadanía», y seguro, para evitar las consecuencias que la privatización del ferrocarril está suponiendo en países como el Reino Unido. «Proponemos un modelo público de ferrocarril que logre vertebrar tanto a Castilla-La Mancha como a todo el territorio español, lo que supone dar las mismas oportunidades de movilidad a todos los ciudadanos, que con la actual política desarrollada por Fomento han pasado de ser usuarios a clientes», precisó el coordinador. Los representantes del Sindicato exigen que las inversiones que se hacen en el tren de alta velocidad, cuyo «elevado coste energético y medioambiental» recordaron, no se retraigan de lo que debe ser el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria convencional, tanto por la seguridad de los viajeros como de los trabajadores, ya que recordaron las altas tasas de siniestralidad que se dan en el sector, «por la falta de inversiones, la utilización de personal no cualificado y unos contratos precarios».