El Consejo de Gobierno aprobó el pasado martes el Plan de Residuos Peligrosos de Castilla-La Mancha cuyo objetivo es garantizar una producción industrial «limpia» en la región y asegurar un respeto absoluto hacia la preservación del Medio Ambiente, según explicó el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso.

Este plan no contempla la creación de plantas de tratamiento de residuos peligrosos dependientes de la Administración regional, ya que el Gobierno autonómico cree que deben ser las empresas generadoras de estos desechos quienes se encarguen de su tratamiento, como sucede en los países más avanzados.

En la rueda de prensa, Alonso recordó el principio «quien contamina paga» y explicó que quienes generan residuos peligrosos deberán instalar sistemas para producir menos o para tratarlos, mientras que el papel de la Administración es establecer condiciones y orientaciones.

El consejero destacó que con este plan Castilla-La Mancha se sitúa en la vanguardia de las CC AA que han apostado por la defensa del medio ambiente y la protección ante las actividades industriales ya que hasta ahora solo Cataluña, Canarias, Andalucía y el País Vasco cuentan con planes de este tipo.

El Plan de Residuos Peligrosos de Castilla-La Mancha será de aplicación en todas las instalaciones de titularidad pública o privada que produzcan este tipo de desechos y que operen en la Región. El Gobierno regional estudia destinar inicialmente un total de 1.389 millones de pesetas para la aplicación del Plan durante el periodo 2001-2006, años en los que se tratará de reducir la producción de residuos y fomentar su reciclaje. En concreto, la Consejería de Agricultura espera que este plan permita reducir más del 50% de los residuos destinados a su eliminación durante ese período, que para el año 2006 se cifran en 112.500 toneladas anuales.

De este modo, el plan prevé reducir un 15% de la producción total de este tipo de residuos, lo que significaría una disminución del más de 16.000 toneladas al año, así como el aprovechamiento energético del 40% del total.

Según se desprende de la declaración de los productores de residuos en Castilla-La Mancha, en 1999 se registraron cerca de 60.000 toneladas de residuos peligrosos, que en su mayoría procedieron de grandes empresas.

De este número, tan sólo el 14,6% fue gestionado dentro de la comunidad, unas 8.650 toneladas, a las que se sumaron otras 12.000 toneladas procedentes de otras regiones, mientras que el resto de lo producido en Castilla-La Mancha es tratado en otras zonas de España.

En otro orden de cosas, el presidente de Enresa, Antonio Colino, explicó ayer que se sigue investigando sobre el mejor emplazamiento para el futuro almacén centralizado de residuos radiactivos de alta actividad, pero «no hay prisa, ya que hasta el 2010 el Gobierno no tiene que adoptar una decisión» al respecto. El responsable de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, que compareció ante la Ponencia Especial encargada del Estudio del Informe Anual del Consejo de Seguridad Nuclear de 1999, subrayó que el plan de selección de zonas idóneas sí está paralizado, «un trabajo realizado a lo largo de los últimos 14 años y ahora lo que se hace es investigar qué pasa en el resto del mundo».