Las declaraciones hechas por el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tomelloso, Sr. Carlos Utiel, en respuesta a la denuncia por vertidos de lodos de las depuradoras de aguas residuales y de vinazas en los parajes de “La Miseria” y “Las Pachecas” presentada por ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE CIUDAD REAL, denotan una actitud falaz e irresponsable, si no encubridora de quien por un cargo público está en su deber el sentido de lealtad al interés social y a la verdad.

En las mismas el Sr. Utiel afirma “que ni a nivel regional ni a nivel nacional existe plan alguno que regule la retirada de lodos”. El Sr. Utiel caricaturiza así un conflicto que sólo tomando en consideración la relación normativa estatal existente – la cual el edil niega taxativamente –constituye un hecho grave de deterioro contra el medio ambiente y la salud de las personas.

Sí que existe un reglamento estatal tendente al desarrollo de una política nacional de lodos y fangos de aguas urbanas residuales, con unos objetivos estratégicos correctamente planteados como son: la redacción de planes de saneamiento; la reducción en origen de nitratos o metales pesados; la reutilización de aquellos como fertilizantes orgánicos en las prácticas agrícolas; o como recurso energético en plantas de transformación. El Real Decreto del 29 de octubre de 1990 y el Plan Nacional de Depuración de Lodos y Fangos de Aguas Residuales reconocen esta nueva realidad que el concejal de Medio Ambiente pretende ocultar, no se sabe si desde la ignorancia o la connivencia con los infractores.

Nos consta que el gobierno local no ha hecho absolutamente nada en este asunto. En contra de lo señalado por el Sr. Utiel, el Ayuntamiento no ha elaborado informe técnico alguno, o concedido permiso de explotación y/o gestión de lodos y fangos. El Ayuntamiento no ha pedido al titular o titulares de los residuos el preceptivo estudio de impacto ambiental (EIA). El Ayuntamiento no se dirigió al órgano competente de la Junta de Comunidades ya fuere para la tramitación de licencias, o para el envío de documentación referida a la actividad en su contexto de aparente legalidad.

Del “no pasa nada” del gobierno local al silencio que manifiesta la Junta de Comunidades sólo puede mediar un paso para la conculcación de los derechos cívicos o preceptos constitucionales que con tanta altanería y sorna presumen de abanderar. La administración regional, con competencias plenas en política de residuos, tiene la obligación de poner en marcha un plan regional que ordene la gestión y tratamiento de estos residuos en los que quede determinada la responsabilidad de productores y gestores de lodos, así como la de los Entes locales, siguiendo los principios de gestión recogidos por el Plan Nacional antes citado.

Mientras el Ayuntamiento deja hacer, y la Junta enmudece, prosiguen los vertidos. La superficie inundada duplica a la de hace tan sólo dos meses. Camiones piratas se aproximan de noche al lugar con las luces de sus faros apagadas, procediendo a la descarga de metros cúbicos de contaminantes en pleno campo, con total impunidad y alevosía.