El Gobierno de Castilla-La Mancha no descarta que la paralización de las obras del río Tajo acabe en sanción  
(La Verdad de Albacete, 1 de Septiembre de 2.001)

La consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha ha abierto un «expediente de denuncia», que previsiblemente acabará en sanción, por las obras que estaba ejecutando la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) en ríos y arroyos de la provincia de Toledo, ahora paralizadas por la Junta.

El titular de Agricultura, Alejandro Alonso, explicó ayer los motivos que han llevado a su departamento a paralizar las obras que la CHT estaba llevando a cabo en 23 tramos de ríos y arroyos de 16 municipios de la provincia de Toledo para evitar riadas e inundaciones y que fueron declaradas de emergencia por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio. Alonso dijo que la paralización de estas obras «no es una medida caprichosa, sino plenamente justificada» porque la CHT «ha incumplido seis preceptos administrativos, además de haber ocasionado daños ambientales importantes en la flora y fauna protegida».

El consejero explicó que las obras, cuya emergencia cuestionó porque la CHT las «debería haber hecho hace años», no cuentan con medidas correctoras, que deberían haber sido propuestas por la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental del ministerio aunque se trate de una obra urgente. Esta dirección general tampoco se ha pronunciado, como es preceptivo, dijo Alonso, sobre la exención del trámite de Evaluación de Impacto Ambiental que no se exige para las obras declaradas de emergencia.

Tampoco disponían de informes ambientales de la consejería, ni disponían de autorización para la poda corta o arranque de vegetación o permiso para modificar la estructura de la vegetación de ribera de ríos y arroyos o para alterar los hábitats de protección especial.

Además de estos «seis incumplimientos administrativos», el consejero citó, entre los daños ambientales cometidos por la CHT, la excavación del lecho y perfilado de taludes de cauces con maquinaria pesada, destrucción de formaciones arbóreas de protección especial (saucedas, alamedas, fresnedas y tarayales), además de destrucción de carrizales, espadañales y juncales.

Tras mostrar una serie de fotografías que muestran las consecuencias de estas obras, el consejero manifestó que «no había otra solución» que pararlas.

Respecto a la apertura de un expediente sancionador, Alonso dijo que el expediente de denuncia seguirá la vía administrativa correspondiente, aunque señaló que «ni es el primer expediente ni va a ser el último que culmina en una sanción administrativa», cuya cuantía máxima está fijada en cien millones en la Ley Regional de Conservación de la Naturaleza.

 
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