El Consejo Asesor de Medio Ambiente, que se reunió ayer en Toledo bajo la presidencia del consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso, ha dictaminado favorablemente el borrador del Reglamento que desarrollará la Ley 5/99, de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha.

Este texto, además de desarrollar reglamentariamente los procedimientos de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y cuya redacción estaba contemplada en la propia norma, ha incorporado las novedades legislativas que se han ido produciendo tanto a nivel europeo como nacional, potencia la participación de los ciudadanos en el proceso y agiliza los procedimientos.

El Reglamento se ha estructurado en tres títulos: el primero determina los proyectos que deben someterse a evaluación de impacto ambiental; el segundo establece cómo se realizan las tramitaciones ordinarias y simplificadas; y el tercero establece que se tendrán que someter a evaluación de impacto ambiental los planes y programas (urbanísticos, polígonos industriales, planes de carreteras, etc.), tanto públicos como privados.

Título pionero

Este tercer título relativo a la evaluación de los planes y programas es pionero y novedoso en todo el territorio español, ya que no está todavía recogido en la legislación básica estatal, ni en las legislaciones de otras comunidades autónomas.

En este caso, se ha ampliado la evaluación a los planes y programas de iniciativa privada; se ha establecido que tanto los planes y programas públicos o privados serán sometidos a información pública; y la evaluación se realizará en un plazo de tres meses desde que se considere concluida la información pública.

Asimismo, el Reglamento incorpora algunos aspectos nuevos que no estaban recogidos en la Ley 5/99, con el fin de mejorarla y hacer que los procedimientos sean más ágiles y participativos.

Entre estos aspectos novedosos, destacan los siguientes: se pondrá a disposición de los promotores públicos y privados la información básica ambiental; se simplifica, con una solicitud más sencilla, el inicio de la tramitación de los expedientes; y el seguimiento y control de los proyectos (medidas compensatorias, correctoras o reparadoras) podrán realizarse de forma externa con entidades colaboradoras o internas.

Desde la aprobación de la Ley, hace tres años, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente ha sometido un total de 1.140 expedientes a la evaluación de impacto ambiental, de los que un total de 506 han sido ya finalizados. De estos 1.140 expedientes, 1.058 corresponden a proyectos regulados por la Ley de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha y se han finalizado 409; 73 corresponden a planes y programas públicos, de los que se han finalizado 24; y, finalmente, 117 corresponden a proyectos de carácter estatal que han contado con alegaciones o informes del Gobierno de Castilla-La Mancha, de ellos se han finalizado 73.

Respecto a los 409 expedientes sometidos a la Ley regional de evaluación de impacto, 376 fueron resueltos favorablemente, aunque la mayoría con la aplicación de medidas correctoras para minimizar los efectos medioambientales y los 33 restantes fueron negativos.