LV/TOLEDO

El Gobierno de Castilla-La Mancha exigirá la creación de una Fiscalía de Medio Ambiente para que el Código Penal se aplique de forma especializada en este ámbito y persiga de manera «monográfica y específica» los delitos medioambientales. Así lo anunció el consejero Portavoz, Emiliano García-Page, durante un encuentro con los medios de comunicación, en el que explicó que esta será una de las «exigencias» en las que insistirá el Ejecutivo para que estos temas no se persigan «sólo administrativamente».

El consejero Portavoz realizó estas declaraciones preguntado por la posibilidad de que el incendio registrado recientemente en la provincia de Ciudad Real haya sido provocado, extremo que no confirmó para no entrar en el terreno de la especulación. A este respecto, mostró su agradecimiento a la Consejería de Medio Ambiente, los equipos técnicos y todas las personas que han colaborado en la extinción de este y el incendio de Buendía, en la provincia de Cuenca, porque «han respondido adecuadamente».

A su juicio, los servicios de lucha contra incendios han funcionado «correctamente» en ambos casos y ambos fuegos «se han atajado bien a pesar de las dificultades» y de la dispersión de medios, al coincidir múltiples incendios en otras regiones de España.

Nuevo curso político

Por otro lado, el curso político en Castilla-La Mancha se iniciará, tras el verano, con las comparecencias de todos los miembros del Gobierno regional, a través de las cuales se ultimará el programa y los objetivos de la próxima legislatura, la presentación del presupuesto autonómico, y la reunión entre la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rosa Romero, y el presidente regional, José Bono. García-Page avanzó que, además de estos asuntos, dos debates centrarán la actualidad regional tras el periodo estival, en relación a la modulación de ayudas agrarias y las infraestructuras. Respecto al primer asunto reiteró el compromiso del Gobierno regional para ayudar a la gente que vive en el campo y de él, ya que «no nos interesa sólo el dinero en bruto que puede llegar» de Europa, sino consolidar y retener a los productores y la gente que vive del campo en ese lugar. Aseguró que Castilla-La Mancha seguirá adelante con su proyecto de modulación de ayudas, recurrido por el Gobierno central, «porque es constitucional», dijo, y porque se basa en una política progresista.

En cuanto al debate sobre las infraestructuras, subrayó que durante esta legislatura habrá «más avances» que en las anteriores.