Enresa recibe casi 900 solicitudes para la retirada de pararrayos en la Región

Hay localizados otros 48 cuya eliminación no ha sido requerida por los propietarios  
(La Verdad de Albacete, 15 de Mayo de 2.001)

La empresa pública Enresa recibió hasta el 11 de mayo un total de 899 solicitudes procedentes de Castilla-La Mancha para que sean retirados pararrayos radiactivos y tiene localizados otros 48 cuya retirada no ha sido pedida por sus propietarios. Enresa ha retirado hasta la fecha en España 20.601 pararrayos radiactivos, no pudo hacerlo en 108 casos por aplazamiento o negativa de sus dueños y detectó otros 843 cuyos propietarios, tras ofrecérseles la gratuidad del servicio para apartarlos, no lo han llegado a solicitar.

Como consecuencia de la negativa a permitir la retirada de estos pararrayos, «unas decenas de personas han sido denunciadas ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona)», informó el subdirector general de Ciclo y Combustible del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Eugenio Gil.

La carga de un pararrayos individual de ese tipo «no comporta riesgo para la protección radiológica», pero su tenencia obliga a darlo de alta como instalación radiactiva y ello implica cumplir una serie de requisitos que sus propietarios no suelen reunir, agregó Gil.

El CSN, único organismo competente para velar por la seguridad nuclear y protección radiológica del país, acaba de elaborar un informe sobre la calificación como infracción de la tenencia de pararrayos radiactivos, cuyo plazo de retirada concluyó de acuerdo a la legislación vigente.

El documento, realizado por la subdirección general a cuyo frente está Eugenio Gil, concluye que «los riesgos de los pararrayos radiactivos son escasos, a no ser que se encuentren deteriorados o hayan sido manipulados», y califica su tenencia en los edificios como «falta leve».

Dar de alta un pararrayos como instalación radiactiva obliga a tener «un responsable con título de operador o revisor, una unidad de protección y hacer un estudio de seguridad», entre otras cuestiones, lo que significa un desembolso anual de entre dos y tres millones de pesetas, manifestó Gil, quien dudó de que un particular esté dispuesto a asumir ese gasto.

 
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