La resolución de la Dirección General de Política Energética ha causado sorpresa e indignación en Ecologistas en Acción y en la Asociación de Vecinos del Barrio de Aceca. La sorpresa e incredulidad viene dada por la forma en la que el Gobierno Central ha resuelto el expediente de autorización de la Central, permitiendo a Unión Fenosa la construcción de una central de 400 MW y dejando en suspenso, pero sin desautorizarla, otra central de la misma potencia para Iberdrola.

Esto supone en la práctica la división de un proyecto y de una iniciativa conjunta de ambas empresas eléctricas, con el exclusivo fin de atender los intereses particulares de cada una de ellas. Unión Fenosa, en plena crisis económica, estaba necesitada de nuevos activos con los que revalorizarse, y el Gobierno le da uno. Iberdrola necesita tiempo para desinstalar una potencia equivalente, ya que supera las limitaciones que en este sentido le impuso el Decreto-Ley de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en el sector eléctrico, y se lo han dado. Todo ello no supone más que un trato de favor y para sustanciarlo no se ha tenido inconveniente en forzar el expediente de autorización, desdoblando en dos partes un proyecto que era en realidad único e indivisible desde el comienzo de la tramitación.

Por otra parte, ha quedado de nuevo puesta de manifiesto la prepotencia de las autoridades estatales en este asunto, al desoír las alegaciones presentadas al proyecto en su día, entre ellas las de la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por ello, esperamos, y parece que es esa la intención, que la Junta de Comunidades recurra con toda energía la resolución y empiece a actuar de una vez para que la central actualmente en funcionamiento cierre de inmediato y para que no se permita que se adulteren los procedimientos administrativos en interés de las eléctricas.

Ecologistas en Acción y la Asociación de Vecinos de Aceca desde luego recurrirán en los próximos días la resolución de la Dirección General de Política Energética y agotaremos tanto la vía administrativa como penal en defensa de los intereses del medio ambiente y de los ciudadanos afectados por la Central Térmica.