En este sentido, el coordinador regional de Ecologistas en Acción, Miguel Ángel Hernández, explicó que la campaña que se va a iniciar para el cierre de Aceca tiene, entre sus pilares, la exigencia a las administraciones central y autonómica de un estudio sanitario sobre la población de la zona para determinar su calidad de vida, ya que se ha comprobado la aparición de frecuentes problemas respiratorios y de varios casos de cáncer que, en un barrio tan pequeño, podrían superar la media existente en el resto de poblaciones.

Tanto Ortega como Hernández recordaron que este barrio ya existía cuando, hace 31 años, se levantó "de forma irregular" la central térmica de Aceca y es incluso anterior a la actual cabeza de municipio, el término de Villaseca de la Sagra, situado a 2,5 kilómetros de la planta.

Problemas medioambientales, indicó Hernández, que pueden afectar en mayor o menor medida a toda la comarca y a los pueblos del entorno de Aceca como sucedió -recordó- en agosto del pasado año 2000, cuando se vertieron unos 25.000 litros de fuel-oil al río Tajo.

Un vertido, puntualizó, que lejos de solucionarse provoca la aparición de nuevas zonas contaminadas, cuya existencia Ecologistas en Acción ha trasladado al Servicio de Protección de la Naturaleza (SPERONA) de la Guardia Civil.

Además, el coordinador regional de los ecologistas apuntó que en la central se almacenan residuos tóxicos y peligrosos, se emiten niveles de contaminación "muy elevados" y superiores a los establecidos en el Compromiso de Kioto y provoca un elevado consumo de agua para refrigeración que merma el caudal del río Tajo.

Problemática de la planta

Pero además de los problemas ahora existentes, Ecologistas en Acción señaló el "irregular" proceso de creación en la central de un nuevo complejo de 800 megavatios de gas en ciclo combinado que se uniría a la actual planta de otros 800 megavatios, formada por dos grupos de los años 60 y 70 y que carecen de sistemas de prevención de emisiones y métodos de vigilancia "rudimentarios".

Así lo resaltó el responsable federal en temas de energía de Ecologistas en Acción, Ladislao Martínez, quien también denunció que en los últimos seis meses la central ha multiplicado su emisión de contaminantes para poder hacer frente a la alta demanda de electricidad, cuando hace diez años la planta estaba "virtualmente parada".

Exigencias a las administraciones

Por estas razones, la organización naturalista va exigir como primer paso una vigilancia estricta de la actual central por parte del Gobierno central y de la Junta de Comunidades -encargada de comprobar sus emisiones- para verificar que su cumple la directiva europea de 2001 sobre niveles máximos tolerados para óxidos de azufre y nitrógeno, "algo sobre lo que tenemos dudas razonables" dijo Martínez.

Además, respecto a los 800 megavatios en ciclo combinado que se prevén construir, se va a actuar contra una situación que calificó de "irregular", ya que en el 2000 el Gobierno central estableció una moratoria para construir nuevas plantas que afectaba a Aceca y, poco después, autorizó esta construcción.

Sin embargo, explicó Martínez, en ningún momento se ha sometido esta nueva planta al período de información pública, el trámite preceptivo legalmente para este tipo de instalaciones, que de no llevarse a cabo, anunció, llevará a la presentación de un recurso.

Un trámite que depende del Ministerio de Economía y Hacienda pero sobre el que la Junta de Comunidades "miente" al decir que ignora cómo está el expediente, dijo Martínez.
Tras el vertido del año 2000, recordó, la Junta adoptó una postura "muy beligerante" contra Aceca, pero desde entonces las acciones sobre la central "han brillado por su ausencia".

Pasos para exigir el cierre

Así, el primer paso para demandar el cierre de Aceca será -además de solicitar un estudio sanitario sobre la población de la zona- exigir información sobre la situación de expedientes de la central, tanto la actual como la prevista, así como sus niveles de contaminación.

Además se buscarán apoyos a estas reivindicaciones mediante manifiestos a los grupos políticos de la región, a los ayuntamientos de la comarca y a entidades publicas o privadas "que puedan ser sensibles" para -de tener éxito- constituir a medio plazo una Plataforma.

Si el diálogo no funciona, concluyó Martínez, no se descartan acciones de protesta hacia las administraciones o empresas que promueven este tipo de centrales.