Las primeras actuaciones y decisiones que está tomando el nuevo Gobierno que dirige el Presidente Aznar tras las elecciones del pasado mes de marzo, van a suponer, a juicio de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, una amenaza muy seria de afección al medio ambiente de la Región.

La orientación política de Ministerios como el de Fomento, dirigido por el Sr. Cascos, o el de Medio Ambiente, dirigido por el Sr. Matas, parece mantener la dinámica que marcaron en su día sus predecesores, el Sr. Arias-Salgado y la Sra. Tocino, con la única diferencia de que, al menos de momento, hay abierta una línea de diálogo.

Esta preocupante situación se ha visto claramente reflejada en temas como el agua, el Ave Madrid-Levante o en las recientemente aprobadas medidas liberalizadoras del suelo.

Respecto al agua, se cierne sobre Castilla-La Mancha la amenaza de un Plan Hidrológico potenciador de los trasvases, especialmente los dirigidos al Levante y al Sur. Una política del agua como la que promueve el Partido Popular, basada en construir nuevas grandes infraestructuras, en intensificar los aprovechamientos hídricos, en la privatización de las concesiones y en el olvido del ahorro y del consumo responsable, supone una grave amenaza para un recurso que debía protegerse como bien público. Situación que se agrava muy especialmente en el caso de Castilla-La Mancha, una región con recursos hídricos muy limitados y sobreexplotados.

Las consecuencias de aplicar una política del agua de estas características en un territorio como Castilla-La Mancha supondrá

1º- La acentuación de los desequilibrios territoriales con respecto a las Comunidades beneficiarias de los trasvases,

2º- Una reducción drástica de los recursos hídricos aprovechables, debido a la sobreexplotación (ejemplo, acuífero 23) y al incremento de la carga contaminante en ríos (ejemplos, Tajo y Júcar) y acuíferos (ejemplo, acuífero de Albacete),

3º- Una grave afección al medio natural debido a la construcción de nuevas infraestructuras (embalses y trasvases) que alterarían espacios de singular interés (Sierra de Ayllón, Alcaraz, Sierra Morena, Mancha Húmeda, etc.) y a que el exceso de consumo impedirá mantener los caudales ecológicos (ejemplo, autorizaciones de las Confederaciones Hidrográficas para regar campos de golf desde ríos y pozos).

En cuanto al Ave Madrid-Levante, la propuesta presentada por el Sr. Cascos, es, en primer lugar, la más insolidaria con las necesidades de comunicación ferroviaria de Castilla-La Mancha, ya que llevaría a la destrucción de uno de los principales ejes ferroviarios del país, el Madrid-Alcázar de San Juan-Albacete-Levante, relegando a las dos localidades castellano-manchegas a un papel muy secundario en las redes de transporte, sin que ello, además, redunde en un beneficio especial para Cuenca que seguirá incomunicada con su provincia y con la Región. El AVE, en general, y la opción Cascos, en particular, sólo beneficia a los grandes polos de desarrollo indusrial y turístico, estos es Madrid y las capitales de País Valenciano.

Por otra parte, la propuesta del Sr. Cascos supone, en relación a las habidas hasta la fecha, un incremento notable de los impactos medioambientales sobre el territorio castellano-manchego. En ella hay que sumar los impactos de las llamadas opción norte e integral, lo que implica una mayor afección sobre los espacios catalogados para la Red Natura 2.000 y para numerosos enclaves de interés nacional y regional. Es sorprendente que el mismo Ministerio que desechaba la opción Norte por ser la que supone un impacto más crítico sobre el medio ambiente ahora la defienda por las mismas razones y a pesar de que sume el impacto del tramo Cuenca-Albacete-Levante.

Por último, en cuanto a las medidas de liberalización del suelo contenidas en el paquete liberalizador aprobado por el Gobierno de Aznar, se abre, sin que ello vaya a suponer una mejora de la accesibilidad del ciudadano a la vivienda, un camino muy preocupante a la desrregulación y desprotección del suelo frente a los intereses especulativos de las inmobiliarias. Se reducen de hecho y significativamente las competencias en la materia de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos con menos recursos, que, a través del silencio positivo, podrán verse obligados a admitir urbanizaciones no previstas en la planificación. Por otra parte, se dificultará el control ambiental y la participación ciudadana en el desarrollo futuro del urbanismo. Y, en el caso particular de Castilla-La Mancha supondrá, además, una erosión importante de las medidas reguladoras contenidas en la LOTAU (Ley 2/98 de Ordenación de Territorio y de la Actividad Urbanística de CLM).

Ante este preocupante panorama, Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha hace un llamamiento público y explícito al Partido Popular en la Región con vistas a que se pronuncie claramente sobre estos temas y a que, dada su conexión política con el Gobierno de la Nación, traslade al mismo la necesidad de reconsiderar su actual política medioambiental al menos en lo que afecta a Castilla-La Mancha. Asimismo, pedimos explícitamente al Partido Popular que las instituciones que dirige en la Región no sean utilizadas como avanzadilla para impulsar decisiones que perjudiquen al medio ambiente.