Fernando Lamata recordó que, en estos momentos, no existe una demostración científica de daños producidos por las radiaciones que emiten las antenas de telefonía movil, pero sí hay una preocupación entre la ciudadanía de que, sin haberse demostrado, pueda haber efectos no conocidos aún.

Adelanto

Por ello, la Consejería de Sanidad es partidaria de desarrollar una política de precaución, y ante la duda de posibles riesgos quiere ir «más alla» y ser más exigente de lo que «hasta el momento el conocimiento científico nos está pudiendo demostrar», señaló. En este sentido, aunque no adelantó su contenido, indicó que la normativa castellano-manchega al respecto espera anticiparse a otras españolas y europeas.

La decisión del Gobierno regional se produce semanas después de que el Ayuntamiento de Albacete acordase también una moratoria que ha paralizado por completo la instalación de estas antenas. El acuerdo se adoptó tras la intervención de grupos de vecinos que denunciaron el supuesto descontrol de esta actividad.

Por su parte, el presidente de la UCE, José María Roncero, manifestó que existe una «una gran preocupación» entre muchos castellano-manchegos, refiriéndose al caso concreto de algunas familias de Las Pedroñeras (Cuenca) que incluso han abandonado su vivienda, situada cerca de una antena, al sufrir fuertes dolores de cabeza y malestar general.

Ante esta situación, Roncero señaló que van a pedir al Gobierno y a los ayuntamientos que tomen medidas mientras no haya garantías científicas de que las antenas de telefonía movil no son perjudiciales para la salud humana. Así, se mostró partidario de que no se instalen más y las que existen se ubiquen fuera de los municipios.

Junto a las cada vez más reclamaciones sobre las antenas de telefonía movil, la presidenta de la Federación de consumidores Aldonza, Carmen Rizo, afirmó que el mayor número de consultas que reciben se refieren a la vivienda, al plantearse dudas a la hora de comprarla o cuando empiezan a aparecer defectos de construcción. Respecto a la nueva sede en las que trabajarán las dos asociaciones de consumidores, ubicada en la calle General Villalba, Roncero afirmó que es importante que ambas hayan decidido aunar esfuerzos y optimizar recursos para atender mejor las demandas, consultas y reclamaciones de todos los consumidores y usuarios castellanomanchegos. En el mismo sentido se pronunció la presidenta de la Federación Aldonza, quien lamentó que la ciudadanía y los poderes públicos no estén suficientemente concienciados del trabajo que hacen las asociaciones de consumidores, cuando en el resto de Europa son las más fuertes que existen y en España se está demostrando cada día su utilidad.

El consejero de Sanidad, Fernando Lamata, resaltó la importancia de las asociaciones en su labor de defensa de los derechos de los consumidores y su trabajo en el Consejo Económico y Social, Consejo Regional de Consumo, o en el futuro Consejo de Salud de Castilla-La Mancha. Además, recordó que han participado en la elaboración de la Ley de Ordenación Sanitaria, aportando ideas «muy interesantes» que han mejorado su redacción.