En rueda de prensa, Avila consideró «precipitado» que en el último mes se haya elaborado el anteproyecto de Ley, se haya debatido en las Cortes y finalmente se haya aprobado, ya que, a pesar de que con esta regulación Castilla-La Mancha «da el paso» que no ha conseguido dar el Gobierno central, IU echa de menos un mayor estudio sobre los efectos y las distancias de las antenas.

Niveles de radiación

Las principales dudas, a falta, explicó, de analizar en profundidad la Ley, se plantean en los niveles de radiación y las distancias establecidas en el texto legislativo, en función de la sensibilidad o no de determinadas zonas. A su juicio, no es entendible que en colegios o residencias la radiación permitida sea menor, 0,1 microwatios por centímetro cuadrado, y diez veces más elevada para las personas que están en sus casas. Aunque la Ley de Ordenación de las infraestructuras de Radiocomunicación recoge las conclusiones de la Conferencia de Salzburgo, recogiendo también la mayoría de las demandas que IU ha planteado históricamente, Jerónimo Avila avanzó que la formación va a realizar un seguimiento de la aplicación de la norma. «El papel lo aguanta todo pero no es fácil trasladar una antena de un sitio a otro», dijo, a raíz de los grandes beneficios que obtienen las empresas del sector.

Por su parte, el coordinador del área federal de Ecología y Medio Ambiente de IU, José Luis Ordóñez, criticó que el Gobierno central todavía no haya hecho nada al respecto, anunciando la existencia de un borrador, elaborado por los Ministerios de Ciencia y Tecnología y Sanidad, «que deja mucho que desear», indicó, porque «olvida» determinados temas que afectan a la salud.

Según manifestó, hasta ahora sólo se ha hablado, en cuanto a efectos de las radiaciones de las antenas de telefonía móvil, de los efectos térmicos que causan en las personas, pero no hablan, comentó, de los efectos que la acumulación de exposiciones a la radiación puede provocar en determinados órganos del cuerpo humano.

En este sentido, y abogando por el avance tecnológico «al que no queremos poner zancadillas», defendió la realización de estudios que evalúen los riesgos, que tanto la telefonía móvil como tantos otros avances de este sector, a los que se someten las personas, instando a las empresas a tener una visión global «y no tan interesada», cuando introducen en el mercado nuevos productos. Cabe recordar que IU va a presentar en los ayuntamientos de la región una propuesta de ordenanza para regular con mayor profundidad las antenas.

En los mismos términos se manifestó el coordinador de la campaña contra la contaminación electromagnética de la Confederación de Asociaciones de Vecinos (CAVE), José Luis Fernández, quien consideró que el Gobierno central «debería haber regulado ya» sobre este particular, demandando, asimismo, los estudios pertinentes que evalúen los riesgos a los que se enfrenta la sociedad. En este sentido, añadió Fernández que la lucha que esta organización ha iniciado contra la proliferación de antenas de telefonía móvil va a ser larga.