La aplicación del Real Decreto-Ley sobre incineración de harinas de origen animal, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 16 de febrero y convalidado por el Parlamento, se está convirtiendo en un motivo de fuerte controversia social en el entorno de las plantas cementeras donde pretenden quemarse estos residuos. Municipios como Buñol (Valencia), Carboneras (Almeria), Morata de Jalón (Zaragoza), Olazagutía (Navarra) y Toral de los Vados (León) se han opuesto a la incineración de las harinas cárnicas, mientras las protestas ciudadanas se han extendido a otras localidades como Arrigorriaga (Vizcaya). Morata de Tajuña (Madrid), Santa Margarida i els Monjos (Tarragona) o Torredonjimeno (Jaen).

En los casos de Almería, Jaén, León y Navarra las protestas han paralizado los planes administrativos y empresariales, que se enmarcan en el acuerdo marco firmado por el Gobierno con la patronal cementera (Oficemen) el pasado 11 de enero. Las plataformas vecinales se están extendiendo, además, a los proyectos de incineradoras de residuos cárnicos que comienzan a aparecer en distintos puntos del país, así como a algunas de las 13 plantas de tratamiento de materiales especificados de riesgo (MER) autorizadas en este momento en España, como las de Cebreros del Río en León y Valverde de Alcalá en Madrid.

El problema radica en los riesgos asociados a la quema de estos residuos, tanto por el incremento directo en la emisión de contaminantes como por la posibilidad de que a la incineración de las harinas cárnicas siga la de otros desechos más peligrosos, de origen urbano e industrial, como neumáticos, disolventes, aceites minerales o envases plásticos. Sobre las emisiones derivadas de la quema de residuos cárnicos, los datos obtenidos en 3 cementeras del País Vasco durante el pasado mes de enero indican incrementos de la contaminación por monóxido de carbono, compuestos orgánicos clorados y fosfatos, así como la presencia de cobre y cinc en los gases de combustión.

A pesar de estos preocupantes indicios, las autoridades estatales y autonómicas no están suministrando información a las poblaciones afectadas sobre los análisis realizados en las cementeras donde se han comenzado a quemar las harinas. Este hermetismo oficial parte del Real Decreto-Ley citado, que ha apartado a los Ayuntamientos y a las organizaciones ciudadanas del control de la incineración de estos desechos en instalaciones industriales, suprimiendo arbitrariamente la licencia de actividad y la evaluación de impacto ambiental, alegando supuestos motivos de extraordinaria y urgente necesidad. Los conflictos sociales son, pues, la lógica consecuencia del déficit democrático y la falta de transparencia que evidencian estas medidas.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción ha demandado a los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente y a distintas Comunidades Autónomas que procedan al estudio de alternativas de tratamiento de las harinas cárnicas distintas a la incineración o el vertido de los residuos, como por ejemplo el compostaje, que permitiría el aprovechamiento de los nutrientes contenidos en las harinas como abono agrícola, sin los riesgos ambientales asociados a la incineración. Esta opción ha sido también la propuesta por entidades como la Sociedad Española de Agricultura Biológica o el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).