La ley que regula el nuevo impuesto conocido como la ecotasa entró el día 1 de enero en vigor en Castilla-La Mancha después de su aprobación en el Parlamento Regional el pasado día 26 con la que se persigue disuadir a las empresas de que contaminen y para que empleen tecnologías «más limpias». La iniciativa no contó con el apoyo del grupo popular, que propuso que un diez por ciento de los tres mil millones que el gobierno prevé recaudar anualmente se destinasen a un fondo para afrontar posibles emergencias o imprevistos relacionados con la protección del medio ambiente.

El nuevo impuesto de Castilla-La Mancha grava determinadas actuaciones que inciden en el medio ambiente de la región y se aplicará a las industrias que emitan a la atmósfera dióxido de azufre, de nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado del azufre o del nitrógeno, así como a la producción termonuclear de energía eléctrica y el almacenamiento de residuos radiactivos.

La ecotasa afectará a un número reducido de empresas y en concreto se centra en las grandes industrias ubicadas en el complejo de Puertollano (Ciudad Real), las centrales nucleares o las grandes cementeras que existen en la región.

Según la ley, la tasa se calculará en función de la cantidad de dióxidos de azufre o nitrógeno emitidos, la producción de kilowatios/hora en el caso de las eléctricas o del volumen de residuos radiactivos almacenados.

Sobre los tipos de gravamen, en el caso de las emisiones será de cero pesetas cuando no superen las mil toneladas al año, 3.000 pesetas por tonelada cuando sean entre mil y 50.000 y 3.500 cuando se supere esta última cantidad y para la producción termonuclear, el tipo impositivo establecido es de 0,2 pesetas por kilowatio/hora y en el caso de los residuos radiactivos de 100.000 pesetas por metro cúbico de residuo almacenado.

El PSOE rechazó la enmienda presentada por el PP al Proyecto de Ley que regula el impuesto que gravará las actividades industriales que inciden en el Medio Ambiente, que pedía que los ingresos netos recaudados se destinaran a financiar actuaciones de la Junta de Comunidades para proteger y conservar el entorno. Durante el debate en Comisión, el diputado socialista Mario Mansilla justificó el rechazo de su grupo a la pretensión del PP al entender que es una medida «regresiva» y no responde al espíritu de la normativa de impedir que las industrias contaminen, sin ningún afán recaudatorio.

Mansilla señaló que afectar los ingresos que se obtengan del impuesto a gastos, más conocido como ecotasa, es una política «desfasada» que no realiza ninguna administración pública moderna.

Respecto a la otra pretensión del PP contemplada en la enmienda, destinar el 10% de los ingresos obtenidos en cada ejercicio a un fondo de reserva para atender daños extraordinarios y situaciones de emergencia, el diputado del PSOE dijo no entender su utilidad.

Por su parte, los consejeros de Agricultura y Medio Ambiente y de Economía y Hacienda de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso y María Luisa Araújo, respectivamente, en declaraciones previas a la aprobación de la ecotasa coincidieron en señalar que el impuesto aprobado por el Consejo de Gobierno, pretende disuadir a las empresas para que no contaminen y no busca ser una vía de recaudación más ni legitimar la contaminación por el hecho de pagar una tasa.

La opinión de Alonso es que con este nuevo impuesto, «se persigue fundamentalmente disminuir las emisiones a la atmósfera, mediante la creación de un impuesto que haga reflexionar a las empresas para que cambien los sistemas que producen esas emisiones y evitar, así, el pago del mismo».

«Estaríamos encantados de no recaudar nada porque la industria contaminante en los próximos años ha reducido sus emisiones y está por debajo de los umbrales que justifican el pago», añadió el titular de Medio Ambiente.

Araújo y Alonso indicaron que el compromiso del Ejecutivo de Castilla-La Mancha con el medio ambiente y la reducción de las emisiones contaminantes, unido a la falta de legislación nacional al respecto, es lo que ha llevado al Gobierno que preside José Bono a legislar al respecto y señalaron que la ley que se remitirá a las Cortes «es un instrumento más al servicio de la política que está desarrollando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para proteger el medio ambiente».

Alejandro Alonso ha insistido en que las industrias que contaminan en la región están identificadas, así como los focos de emisión de partículas contaminantes a la atmósfera, para lo que se está creando una red de control que permita medir en tiempo real esas emisiones.

Actividades que se gravarán

Las actividades que se gravarán con la ecotasa, según indicó María Luisa Araújo, son, por una parte, las emisiones a la atmósfera de compuestos oxigenados como azufre y nitrógeno, la producción termonuclear de energía eléctrica y el almacenamiento de residuos radiactivos. En este sentido, indicó que la base que se utilizará para calcular el impuesto está constituida, en el caso de las emisiones, por la cantidad partículas emitidas a la atmósfera, en el caso de la producción termonuclear por la producción de energía eléctrica medida en kilovatios hora, y en el caso de almacenamientos radiactivos por el volumen de residuos almacenados.

Así, en el primer caso, las empresas que lancen a la atmósfera hasta mil toneladas anuales de esas partículas estarán exentas de pagar este impuesto, las que se encuentren entre mil y 50.000 toneladas anuales deberán pagar 3.000 pesetas por tonelada y las que emitan a la atmósfera más de 50.000 toneladas de partículas, deberán pagar 3.500 pesetas anuales por cada tonelada.

Para la producción termonuclear, el tipo impositivo establecido en el Proyecto de Ley es de 0,2 pesetas por kilovatio hora y en el caso de los residuos radiactivos es de 100.000 pesetas por metro cúbico de residuo almacenado.

Araújo ha subrayado que el Proyecto de Ley respeta los principios constitucionales establecidos en materia tributaria y aseguró que con este impuesto no se condiciona el desarrollo económico de la región. Respecto a la cantidad que se recaudará con esta Ley, la consejera manifestó que la previsión es de 3.000 millones en el próximo año. Tanto la titular de Economía y Hacienda como su homólogo de Agricultura y Medio Ambiente han resaltado que en la comunidad de Castilla-La Mancha no es la primera región en regular las emisiones a la atmósfera, pero «sí hemos introducido el enfoque más avanzado, ya que gravamos contaminación efectiva, emisiones y, también, el riesgo que para el medio ambiente representa la realización de determinadas actuaciones».

Desde diversos sectores, principalmente empresariales, se entienden que este nuevo tributo debería estar contemplado por un Plan Regional de Actuación en materia de Medio Ambiente, que se dirigiera a mejorar las condiciones medioambientales de las empresas, y no como un hecho aislado, sin correlación con otro tipo de medidas, «lo que da a entender un deseo más recaudatorio que corrector en este impuesto».

Asimismo, plantean en el escrito una serie de consideraciones de tipo más técnico, proponiendo modificaciones a determinados artículos de la ley para terminar solicitando que, en último caso, se aplazara su aprobación, algo que no han logrado.

Desde el Gobierno regional se insiste en que «el que contamine tendrá que pagar»

La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha se ha opuesto a la ecotasa, impuesto sobre determinadas actividades que inciden sobre el medio ambiente, porque considera que no ha habido tiempo suficiente para evaluar las repercusiones que podría tener sobre las empresas de la región. Además, la Cecam denuncia la inexistencia de un estudio económico que justifique los tramos e importes del impuesto.

La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha ha expresado su opinión, por escrito, al consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso, su disconformidad con el proceso de puesta en marcha de la Ley del Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, conocida también como ecotasa. En opinión de la Cecam, no ha habido suficiente tiempo para evaluar las repercusiones que este impuesto pueda tener sobre las empresas de la región, ni a qué sectores o actividades podrá afectar.

Estudio económico

Además, dicen que se desconoce la existencia de un estudio económico que justifique los tramos e importes del impuesto, apuntando que únicamente se sabe que el Gobierno regional tiene previsto recaudar 3.000 millones de pesetas durante 2001 por este concepto.

Para los empresarios de la región, no es admisible que el Gobierno de Castilla-La Mancha plantee nuevos impuestos que no existen en las comunidades autónomas limítrofes ni en la práctica totalidad del territorio nacional, lo que supone «un perjuicio para las empresas de la región».

Por esta razón, proponen que este impuesto se articule, en su caso, en el marco de un acuerdo nacional y no como una decisión regional.

La iniciativa ecotasa que entró en vigor ayer, 1 de enero de 2001, anunciada por el Gobierno regional durante la celebración del Debate del Estado de la Región, cuenta con todo el apoyo de los ecologistas, siempre y cuando se revisen algunos aspectos como la ampliación de la relación de industrias que van a estar gravadas por el impuesto, como las centrales hidroeléctricas, que ya pagan en otras comunidades autónomas, según ha explicado el coordinador regional de Ecologistas en Acción, Miguel Ángel Hernández

Los ecologistas piden que el dinero recaudado se destine a temas medioambientales, y sirva para cubrir los déficits de Castilla-La Mancha en materia de conservación de la naturaleza y en políticas de ahorro y eficiencia energética ya que de lo contrario, el impuesto no podrá llamarse ecotasa y no tendrá validez. Asimismo, demandan la adaptación de las escalas de gravamen del impuesto, que consideran «insuficiente» en relación al impacto ambiental que provocan las industrias. Los ecologistas han ofrecido datos para que la Junta encuentre apoyatura legal para sacar adelante la Ley.