Hoy, jueves 29 de marzo, finaliza el plazo para la transposición al derecho español de la Directiva 1999/13/CE, de 11 de marzo, relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones, aprobada por el Consejo Europeo en 1999. Los disolventes orgánicos son un grupo de sustancias derivadas del petróleo utilizadas para disolver materiales o productos, en actividades de desengrasado y limpieza, aplicación de colas, pegamentos, barnices y tintas, o limpieza en seco, por poner algunos ejemplos.

Las dos características esenciales de los disolventes orgánicos son su fácil evaporación o volatilidad, y su alto riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas. Disolventes tan utilizados como el benceno (aditivo de las gasolinas), el tricloroetileno (desengrasante en talleres metalúrgicos), el cloroformo (dispersante en cosméticos) o el percloroetileno (limpieza de ropa en seco) son cancerígenos, o inducen mutaciones o malformaciones congénitas. La práctica totalidad son tóxicos por inhalación o contacto, transportándose a través de la sangre y dañando el sistema nervioso y el higado, fundamentalmente. Entre las familias de disolventes más perniciosos, se encuentran los clorados.

Además de sus efectos sobre la salud humana, los disolventes orgánicos, al evaporarse, llegan a la atmósfera e intervienen en la formación del ozono troposférico, un peligroso contaminante estival que se relaciona con alergias, asma y enfermedades respiratorias, así como con daños sobre la vegetación y los cultivos.

 Las emisiones a la atmósfera de disolventes orgánicos alcanzaron en 1990 en España un volumen de alrededor de 600.000 toneladas. Por otro lado, la producción de disolventes usados, considerados como residuos tóxicos y peligrosos, se estima en 110.000 toneladas para 1999, tres cuartas partes de las cuales se produjeron en la Comunidad Autónoma de Cataluña (ver gráfico adjunto). El Gobierno español ha ratificado el protocolo de Ginebra (1991), que perseguía una reducción de las emisiones de volátiles a la atmósfera en un 30% para 1999, sobre la base de las de 1988.

 En este contexto, el objetivo de la Directiva es reducir las emisiones atmosféricas de disolventes entre un 25% y un 90%, según actividades, antes del 31 de octubre de 2005. Para ello, se propone el establecimiento de un Plan Nacional de Reducción de Emisiones. También se prevé la eliminación de los disolventes clasificados como cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, y se recomienda la sustitución de los disolventes por otras sustancias con menores efectos sobre la salud humana y el medio ambiente.

 A juicio de Ecologistas en Acción, ninguno de estos aspectos es considerado satisfactoriamente por el borrador del Real Decreto que prepara el Gobierno español para la transposición de la Directiva Europea. La organización ecologista ha trasladado al Ministerio de Medio Ambiente un escrito solicitando la supresión completa a corto plazo de los disolventes clorados, por su elevada toxicidad, proponiendo la inclusión dentro del Plan Nacional citado de un programa de sustitución de disolventes orgánicos. Algunas opciones de sustitución perfectamente desarrolladas son: los desengrases alcalinos y acuosos, en la industria metalúrgica; la limpieza con aceites vegetales en imprentas; la limpieza húmeda en tintorerías; o el uso de pinturas en polvo o al agua en procesos de pintado. Existen un nuestro país diversas experiencias de estas y otras tecnologías limpias, por lo que no se justifica la utilización de los disolventes orgánicos más que por la inercia o falta de información de los usuarios, y por los intereses económicos de la patronal química que los fabrica.