El Grupo parlamentario del Partido Popular acusó ayer al Gobierno de Castilla-La Mancha de «incumplir gravemente» la Ley de Instalaciones de Radiocomunicación de la región, que regula las instalaciones de antenas de telefonía móvil.

Desde el PP entienden que este «incumplimiento no es un problema técnico», sino que afecta directamente a la salud de las personas, según manifestó el portavoz, Leandro Esteban, de ahí que vayan a solicitar la comparecencia urgente del consejero de Sanidad, Fernando Lamata, para que de cuenta del grado de cumplimiento de esta normativa.

Una muestra de estos incumplimientos está, según Esteban, en el hecho de que todavía «no se haya presentado, por parte de la Junta de Comunidades y de las operadoras, la red de despliegue» que, según establecía la normativa, «debería de haberse presentado en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley».

Asimismo, también se establecía que, en este mismo plazo, el Gobierno regional debía exigir a las empresas que cumpliesen los requisitos establecidos por la ley autonómica en sus instalaciones, que son más estrictos que los que marca la normativa nacional.

El portavoz popular recordó que, desde el Gobierno regional, se llegó a afirmar que, con esta ley, el número de antenas se reduciría en una proporción de tres a una, algo que no ha ocurrido, sino que «se han colocado más».

Y es que, según Esteban, desde que se aprobó esta ley, lo único que ha hecho la Junta es «darse prisa» en «difundir a bombo y platillo» que es la más novedosa de España, en lugar de darle cumplimiento cuando, según afirmó, la competencia última en materia de inspección es de la propia Junta, y no de los ayuntamientos de la región.

En este sentido, Esteban, acusó al Gobierno regional de ser «cicatero y rácano» con los ayuntamientos, «porque les exige todo y no los dota con medios para poder cumplir la ley».

Enmiendas rechazadas

Por ello, los populares llevarán a las Cortes diversas iniciativas parlamentarias que tendrán por objeto incorporar las enmiendas que en su día fueron presentadas por los populares a la ley y que fueron rechazadas por el Partido Socialista.

Una de estas iniciativas planteará al Gobierno regional la necesidad de dotar con medios materiales y humanos suficientes a los ayuntamientos para poder aplicar esta normativa «compleja y costosa».

En este sentido, Esteban indicó que, si bien en esta circunstancia no se encuentran los ayuntamientos de grandes municipios, como los de las capitales de la región, si que afecta a las pequeñas localidades que no cuentan con ingenieros de telecomunicaciones o expertos jurídicos, que les asesoren en su actuación.

Además, el Grupo parlamentario Popular pedirá que en las comisiones de seguimiento estén organizaciones como: asociaciones de vecinos, grupos ecologistas, sindicatos u organizaciones empresariales, por entender que toda la sociedad debe tener conocimiento de los «problemas» que puedan generar estas instalaciones «tanto por posibles abusos en sus emisiones, como por el impacto urbanístico» que pueden provocar.