Arrojo ha afirmado que el Trasvase Tajo-Segura no ha supuesto una solución para el déficit de la cuenca del Segura, sino que ha venido a incrementarlo. Para corroborar esta tesis, ha aportado el dato que, cuando aún se estaba construyendo el acueducto, ya se pusieron en marcha 27.000 hectáreas de regadío más de las previstas, que al final fueron legalizadas. El resultado, en opinión del catedrático, es que hoy hay más déficit hídrico que cuando se construyó el acueducto, porque además, de los 1.000 hectómetros cúbicos para los que se calculó el trasvase, sólo se ha podido derivar agua en una media de 320 Hm3 al año, según ha informado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Arrojo también ha citado otros trasvases que se proyectaron en los años setenta con el pretexto de que eran imprescindibles para el futuro de determinadas zonas. Al final, no fueron realizados y no se han producido los efectos catastrofistas que se alegaban. Es el caso del trasvase del Ebro a la zona metropolitana de Barcelona, el de Sagunto y el minitrasvase a Tarragona, que se consideraba esencial para el desarrollo de la industria petroquímica, y hoy sobra la mitad del agua.

Arrojo ha puesto como ejemplo la experiencia de California, donde se ha limitado la utilización del agua para evitar el deterioro de un delta de gran valor ambiental. Ha avanzado que la política de la Unión Europea seguirá esta misma línea de priorizar la calidad de los ríos y el equilibrio ecológico, por lo que ya ha quedado invalidado el criterio de la obra por la obra.

Su conclusión es que se llama déficit estructural a lo que sólo es desgobierno hidráulico e insumisión de la sociedad en cumplir las reglas de la utilización del agua.

Arrojo pide una sensibilidad social y una vigilancia de los propios usuarios para que se cumplan las normas. También considera que el regadío está mitificado en España porque "la sequía la llevamos en los genes", aunque la realidad es que ya no es una prioridad contruir embalses o incrementar el regadío.

Una orientación similar ha caracterizado la ponencia del Catedrático de Hidrogeología de la Universidad de Zaragoza Francisco Javier Martínez, al defender que el gran reto pendiente en España es la reforma de la Administración. A su juicio, en la actualidad se necesitan gestores que resuelvan los problemas de demandas y de calidad del agua, y no planificadores de obras hidráulicas.

La realidad exige, según el ponente, romper con los criterios economicistas porque son enormemente gravosos para los ecosistemas. Sin embargo, "el Ministerio de Medio Ambiente sigue fomentando obras basándose en las necesidades del regadío, que ni siquiera el Ministerio de Agricultura defiende".