La batalla por el Plan Hidrológico (PHN) que se ha librado en el Parlamento Europeo ha terminado por ponerle las pilas al Ministerio de Medio Ambiente, que trata de asegurarse las ayudas comunitarias afinando al máximo el trazado del acueducto Ebro-Segura. Así, en los últimos meses se ha variado el diseño del canal –que tendrá un coste de más de 3.000 millones de euros (medio billón de pesetas)– con el propósito de reducir al máximo los daños medioambientales a lo largo de un recorrido de 800 kilómetros desde Tortosa (Tarragona) hasta Almería. El trazado definitivo será presentado el próximo jueves en Madrid por el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, que en declaraciones a La Verdad ha confirmado que el borrador inicial ha sufrido retoques «para minimizar los impactos medioambientales. Creo, incluso, que habrá sorpresas positivas», apuntó Matas, quien se negó a revelar si se va a atender la petición del Gobierno murciano de que el futuro acueducto del Ebro se conecte con el del Tajo en la Vega Media del Segura.

Los principales obstáculos medioambientales con los que se enfrenta el trasvase se resumen en dos advertencias que hizo el pasado verano la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea: el delta del Ebro y los espacios naturales. La Comisión apuntó que entre 60 y 70 sitios natura (aves, flora y fauna) podían verse afectados por el acueducto, y sugirió al ministerio que realizara una evaluación para evitar daños. La respuesta fue la modificación de la traza inicial y la Evaluación Estratégica Ambiental que envió el ministerio el mes pasado.

El ministro niega que resulten afectados estos hábitats y advierte de que, a su juicio, «la afección a espacios naturales no es sinónimo de insostenibilidad. La UE nos acaba de financiar el proyecto de la presa de Melonares (Sevilla), que afecta a 40.000 hectáreas de espacios protegidos [las compensaciones medioambientales han sido más costosas que la propia obra]. Por lo tanto –añade– es un ejemplo a tener en cuenta cuando se habla de las obras del trasvase».

La Comisión Europea también está preocupaba por el impacto que el trasvase ocasione en el delta del Ebro, y exige la máxima protección para este enclave. La respuesta del ministerio ha sido la creación del Consorcio para la protección del Delta, aprobado en la ley del PHN con cuantiosas inversiones, a exigencia del Gobierno catalán. Los empresarios, principalmente arroceros, decidieron días atrás incorporarse al consorcio, lo cual es una garantía de que no existe oposición de este colectivo hacia el trasvase.