El Gobierno dio ayer luz verde a la Declaración de Impacto Ambiental del trasvase del Ebro, que incluye más de 200 medidas para garantizar la protección del entorno en los 914 kilómetros de su trazado, según anunció la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, quien dijo que es un «proyecto típico» para ser financiado por Europa.

La Declaración será publicada hoy en el BOE, con lo que las obras del trasvase podrán licitarse a partir de ahora y comenzar a ejecutarse «antes de que acabe esta legislatura», según avanzó la ministra en conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Elvira Rodríguez, quien dijo que la Declaración supone «un esfuerzo sin precedentes» en materia de conservación, reiteró que es «un proyecto típico» para ser financiado por Europa. Concretamente la Declaración contiene 210 medidas ambientales con el fin de proteger la fauna, la vegetación, las aguas y los espacios de la Red Natura 2000.

Desarrollo sostenible

Tras señalar que es «un buen ejemplo» de desarrollo sostenible, la ministra reiteró que el coste del trasvase, incluidas las medidas correctoras y compensatorias, se mantiene en los 4.200 millones de euros y su horizonte de ejecución es el 2008.

El trasvase «cumple los tres requisitos que pide Europa a los proyectos para ser financiados», ya que es un proyecto de cohesión y de desarrollo territorial, y «plenamente respetuoso con el medio Ambiente».

La Declaración incluye entre otras novedades un plan de vigilancia ambiental que velará para que se cumplan todas las condiciones hasta diez años después del inicio de la explotación.

Fija el punto de toma de las transferencias de agua del Bajo Ebro aguas abajo de Tortosa para garantizar el mantenimiento del caudal del río Ebro, obliga al máximo cuidado con los espacios de la Red Natura y especies como el águila-azor perdicera, la margaritífera y la tortuga mora.

Prevé la construcción de un único embalse de regulación en todo el trazado, en Monóvar (Alicante) y en cuanto a las medidas de protección de flora y fauna impone un programa específico para el águila perdicera y águila real.

El PSOE y las principales organizaciones ecologistas criticaron la Declaración aprobada ayer.