El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno a la presentación por parte del consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, de un requerimiento ante el Ministerio de Medio Ambiente para anular la aprobación del proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó.

Cabe recordar que, a finales del año pasado, el consejero ya planteó al Consejo Nacional del Agua que se prohibiese «cualquier uso que suponga un incremento del consumo de agua», haciendo extensible esta limitación a trasvases como el Tajo-Segura y el Júcar-Vinalopó.

Más de 230 millones

El pasado 14 de diciembre, el presidente del Gobierno, José María Aznar, protagonizó la colocación de la primera piedra del trasvase Júcar-Vinalopó. En este acto, se dio por hecho que el agua prevista, 80 hectómetros cúbicos, llegarán a finales del año 2005 a la provincia de Alicante desde el río Júcar. Seis de los siete tramos de los que consta la obra, presupuestada en 230,4 millones de euros, serán adjudicados en abril, después de que en marzo se abran las plicas por el procedimiento de proyecto único. Es decir, en Semana Santa se pondrá en marcha la obra del trasvase Júcar-Vinalopó en su integridad. Ahora sólo faltra saber hasta qué punto afectará la petición de anulación a los plazos fijados.

Este trasvase beneficiará a 600.000 habitantes, satisfaciendo las necesidades del campo y del abastecimiento humano del Vinalopó, L´Alacantí y la Marina Baja, mientras que Gil siempre ha expresado su malestar por la posibilidad de que este agua llegue a los campos de golf.

No hay que olvidar que el consejero envió una carta al secretario de Estado de Aguas, Pascual Fernández, en la que pedía más control sobre el uso que se le daba al agua. «Es prácticamente imposible -subrayaba en el escrito- que se garantice que no esté utilizando para usos recreativos como el golf, máxime cuando la administración hidrahúlica competente hace dejación de sus funciones de control del agua utilizada».

La Junta estudia llevar a los juzgados su rechazo al trasvase Júcar-Vinalopó

AGUSTÍN VICO/ALBACETE

El Gobierno regional inició ayer una dura ofensiva contra el Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM) y el Gobierno de Aznar, a cuenta de las obras del futuro trasvase Júcar-Vinalopó y el incumplimiento de los compromisos del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ) por lo que respecta a Albacete y Cuenca.

El presidente regional José Bono, desde Cuenca; su consejero Portavoz, Emiliano García Page, desde Toledo y el responsable de Obras Públicas de la Junta, Alejandro Gil, desde Albacete, anunciaron que Castilla-La Mancha podría acudir a los tribunales si, antes de desarrollar la obra que llevará 40 hectómetro del agua del Júcar al Vinalopó, no se consolidan las obras que deben asegurar el abastecimiento de los regadíos de La Mancha Oriental, 90.000 hectáreas de las provincias de Cuenca y Albacete, contempladas en el Plan Hidrológico Nacional.

El Gobierno regional acusa al MIMAM de aprobar el trasvase Júcar-Vinalopó antes de garantizar, por ley, las normas de explotación del PHJ que garanticen las necesidades de Castilla-La Mancha y de consolidar los regadíos de La Mancha Oriental.

El consejero de Obras Públicas visitó ayer la capital albaceteña para, en rueda de prensa, informar del acuerdo que tomó el martes el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, que dio su conformidad a un requerimiento planteado, desde la Consejería que dirige Alejandro Gil, al MIMAM «para que anule el proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó o que lo suspenda hasta tanto no se garanticen las necesidades y demandas de agua que para Castilla-La Mancha contempla el PHJ».

Insolidaridad

Gil se curó en salud y anticipándose a posibles acusaciones de insolidaridad, dijo que Castilla-La Mancha ha sido «cedente de agua durante décadas y nuestros ríos han servido para el desarrollo de otras regiones» y explicó que aunque el trasvase, que tiene como objeto abastecer a 600.000 personas de la provincia de Alicante y dotar de agua 40.000 hectáreas de regadío, está dentro de los acuerdos del PHJ, la comarca hacia la que se va a llevar el agua «está poniendo en marcha inmensos proyectos, como el que ya está funcionando de Terra Mítica, de complejos hosteleros e inmensos campos de golf». Es decir, unos usos no prioritarios. Si las comarcas del Vinalopó, L'Alicantí y la Marina Baja «son tan deficitarias» no es nada coherente con la situación de un «incremento espectacular en los consumos de agua», apuntó el consejero, quien insistió en que el agua se quiere para usos no prioritarios y sí «de ocio y recreativo, que son los usos menos prioritarios según la propia Ley de Aguas».

Aún admitiendo que la obra está contemplada en el PHJ, Gil recordó que este Plan, «marca muy bien los tiempos de ejecución» y las «prioridades» que se tienen que atender para Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Prioridades que comenzaban por los abastecimientos y regadíos tradicionales del Júcar, a las que seguían en importancia la consolidación de los regadíos de La Mancha Oriental en Albacete y Cuenca (90.000 hectáreas) y del Canal Júcar-Turia y, en último lugar, las necesidades medioambientales (caudal ecológico) de la cuenca.

Satisfechas las anteriores necesidades y según el PHJ, «con los recursos sobrantes se atenderán las necesidades de la zona del Vinalopó, L'Alicantí y Marina Baja, en una cantidad de hasta 80 hectómetros cúbicos al año».

Además y según el PHJ el trasvase al Vinalopó no puede, en ningún caso, poner en peligro «los abastecimientos y regadíos de la cuenca del Júcar en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana».

«Estamos de acuerdo en que si hay aguas excedentarias vayan al abastecimiento a poblaciones, en primer lugar, y a regadíos, en segundo lugar», dijo Gil, antes de añadir que lo malo es que, en estos momentos, en el Júcar «no sobra ni una sola gota de agua para derivar al Vinalopó», por que antes hay que consolidar las 90.000 hectáreas de La Mancha Oriental, para los que el PHJ reserva 145 hectómetros cúbicos, y que «en estos momentos y especialmente en determinadas zonas tienen graves problemas de sobreexplotación y de dotaciones de agua».

Inversiones

¿Qué ha hecho el Gobierno de Aznar por los regadíos de Castilla-La Mancha?, se preguntaba el consejero, antes de responder que la respuesta es muy simple: «Cero, absolutamente nada».

Para aprovechar los 145 hectómetros que el PHJ reserva para los regadíos castellanomanchegos «hace falta hacer obras» en el trasvase Tajo-Segura y conducciones para llevar el agua hasta los regadíos y «el único gobierno que ha hecho algo por esta cuestión ha sido el de Castilla-La Mancha, que tiene a punto las obras para llevar hasta 40 hectómetros cúbicos de agua del Júcar a los regadíos de Los Llanos y La Herrera, que son los que más dificultades plantean en la zona de La Mancha Oriental». Gil aseguró que el PP emplea dos velocidades para lleva adelante los planes y acuerdos a los que llega: «Una muy alta para otras regiones, como la valenciana y los regadíos alicantinos y otra muy lenta, casi parada, para nuestra comunidad autónoma».

«No estamos dispuestos a poner en peligro nuestro desarrollo y nuestras demandas de agua» y acusó de insolidario al Gobierno del PP por poner en marcha el trasvase Júcar-Vinalopó antes de invertir «un solo euro» para garantizar los regadíos de La Mancha Oriental. La conducción Júcar-Vinalopó, de 67 kilómetros de largo, tiene por objeto sustituir los recursos hídricos procedentes de los acuíferos del Vinalopó por los procedentes del Júcar, para recuperar los primeros. Según el MIMAM, el coste total es de 230,4 millones de euros, de los cuales el Ministerio pagará el 67,39% (32,61% a través de Aguas del Júcar y el 34,78% restante a través de los fondos europeos Feder) y los usuarios de la conducción, un 32,61%.

Si en el plazo de un mes el secretario de Estado de Aguas y Costas, a quien la Junta ha enviado el requerimiento para que se paralicen las obras, no ha contestado o lo hace desfavorablemente, Alejandro Gil anunció que «el Gobierno de Castilla-La Mancha acudirá a los tribunales para evitar que se cometa esta injusticia con Castilla-La Mancha y con Albacete y Cuenca en concreto». El temor del Gobierno regional es que una vez hecha la infraestructura «el agua va a seguir prácticamente detrás».

Regadíos de Valencia

Algo que los dirigentes regionales con consideran de recibo cuando hay agricultores que «están pasando muchas dificultades porque no tienen agua en sus pozos en Castilla-La Mancha y en Albacete». Gil se mostró incluso, a preguntas los periodistas, a favor de la modernización de los regadíos tradicionales de Valencianos, cuyos usuarios siempre han defendido su derecho al agua del Júcar por encima de los albaceteños, ya que ello repercutiría favorablemente, pues el PHJ reserva 120 hectómetros cúbicos para Castilla-La Mancha del ahorro que supondría la modernización de esta zona de riego, aunque el Gobierno del PP «prefiere el Vinalopó, más rentable que los regadíos de Valencia y de Castilla-La Mancha».

JÚCAR-VINALOPÓ

Objeto: sustituir los recursos hídricos procedentes de los acuíferos del Vinalopó por los procedentes del Júcar.

Inversión: 230,4 millones de euros.

Financiación: Ministerio de Medio Ambiente el 67,39% (32,61% a través de Aguas del Júcar y 34,78% con fondos europeos) y usuarios el resto, 32,61%.

Abastecimiento: 600.000 personas de Vinalopó, L'Alicantí y la Marina Baja.

Regadío: 40.000 hectáreas.

Caudal: hasta un máximo de 80 hectómetros cúbicos anuales, de los cuales 45 se destinarán a regadío y 35 a abastecimiento.

Trazado: 67 kilómetros, divido en siete tramos.

Conclusión prevista: finales de 2005.