J. MOLLEJO/LA VERDAD-MURCIA.

Unas improvisadas declaraciones del vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Antonio Gómez Fayrén, desataron la polémica el pasado día 10. El número dos del Ejecutivo autónomo expresaba «nuestra preocupación por que se utilice el derecho a la libertad de cátedra, que el Gobierno respeta, con fines políticos y para interferir en la consecución del interés general», que Gómez Fayrén identificaba con el Plan Hidrológico y el trasvase del Ebro.

Estas manifestaciones iban dirigidas contra Miguel Ángel Esteve y Julia Martínez, profesores del departamento universitario de Ecología y relevantes miembros de Ecologistas en Acción, y algunos de cuyos trabajos reforzaban las tesis de los opositores al trasvase del Ebro.

Desde entonces, el debate ha ido creciendo con la adición de opiniones y revelaciones que han contribuido a encresparlo.

El departamento de Ecología difunde un comunicado en el que acusaba al Gobierno de tenerlo vetado para la realización de informes y estudios y de presionar a empresas para que no les encargaran trabajos. Numerosos profesores censuran al Ejecutivo por atentar contra la libertad de cátedra y de investigación, y ocho asociaciones de estudiantes, encabezadas por Estudiantes Demócratas, con amplia presencia en la Universidad de Murcia y próxima al PP, realiza un siniestro llamamiento a la delación: «Que se vigilen y denuncien -piden en un comunicado- las actitudes y comportamientos contrarios a los intereses y necesidades de la Región de Murcia, se desarrollen donde se desarrollen».

De la Cierva toma partido

El Gobierno ha realizado varios intentos para tratar de desactivar una polémica de la que, de momento, no sale bien parado. El pasado miércoles, Gómez Fayrén llamó al rector José Ballesta por teléfono para explicarle el sentido de sus manifestaciones y anunciarle que daba por zanjado el debate.

Pero la controversia sigue su curso, ajena ya a los dictados de quienes la engendraron.

El consejero de Educación y Cultura, Fernando de la Cierva, lejos de tratar de apaciguar los ánimos en la primera universidad de la Región, califica de «absurda» la afirmación del departamento de Ecología de estar vetado por el Gobierno, del que apunta que «sólo defiende los intereses de la Región», y señala que «la libertad de cátedra sólo puede esgrimirse en el ejercicio de la docencia y la investigación, no cuando se actúa como un perito contratado por una empresa», en referencia a la labor de Miguel Ángel Esteve.

El catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y ex rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Lozano Teruel, opina que «la libertad de cátedra ha de ser entendida en su contexto, y sólo debe referirse a la materia que se transmite al alumno».

Respecto a los estudios del PHN señala que «deben ser abordados por científicos cualificados. Hay una forma muy sencilla de saber qué profesor tiene tal calificación: mediante su currículum. Esto, en cualquier caso, no significa que dos investigadores valiosos no puedan establecer un debate, pero nunca debe realizarse ex cátedra».

El catedrático de Derecho Penal, Gerardo Landrove, señala que «todo lo que sea coartar las libertades está mal. La libertad de cátedra abarca todo cuanto un profesor hace, aunque no tenga nada que ver con su carrera. Da la impresión de que quieren que en esta universidad no se pueda discutir de nada. Los políticos creen que todos somos tan borregos como sus votantes».