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| ¿Caudales ecológicos en Castilla-La Mancha? | ||||
| Ecologistas
en Acción Castilla-La Mancha. 24 de octubre de 2003 Hace unas semanas tuvo lugar en la sede de la U.I.M.P. en Cuenca un interesante curso sobre el régimen de caudales ambientales, los conocidos coloquialmente como caudales ecológicos. Éstos son una más del abanico de medidas de restauración a considerar tras la construcción de una presa, aunque su aplicación no se limita a estas instalaciones, sino también a otro tipo de tomas de derivación de agua. Los impactos de la ausencia de los caudales ecológicos son evidentes en algunos casos y están ampliamente documentados, y pueden llegar incluso a la desaparición total del río y su ecosistema. Estos regímenes deben presentar una variabilidad estacional e interanual, simulando el régimen natural del río, y deben representar, sobre todo en verano, una parte sustancial de los caudales que circulan de forma natural por el río, incluso su totalidad. También deben incluir una simulación de las inundaciones anuales que modelan los cauces. Otra interesante conclusión es que la indemnización a los concesionarios a los que afecte su determinación no es la norma en la legislación española, sino la excepción, en contra de las afirmaciones continuas que realizan los concesionarios de aguas y sus valedores en las Confederaciones Hidrográficas, que argumentan continuamente el coste de estas expropiaciones como argumento para retardar su aplicación. |
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| Bastante caro ha
pagado ya el dominio público hidráulico y sus titulares
últimos, todos nosotros, el aprovechamiento salvaje que
se viene haciendo de él, como para encima indemnizar a
los causantes. Pero la peor de todas las conclusiones que
hemos obtenido es que, a pesar de la obligatoriedad legal
de considerar estos caudales como restricciones previas a
cualquier tipo de aprovechamiento o planificación
hidrológica, salvo el abastecimiento a poblaciones, su
grado de implantación en España es irrisorio. Castilla-La Mancha no escapa a esta situación. En amplias zonas de nuestra región, particularmente en las cabeceras de los ríos, mejor preservadas y por tanto más susceptibles de impacto actualmente, su carencia constituye uno de los mayores impactos que tenemos en nuestra maltrecha naturaleza. A la inauguración y clausura de estas jornadas asistieron responsables políticos de las Administraciones implicadas en la gestión del agua por un lado, y de la conservación de la naturaleza, por otro, lo que nos brindó la oportunidad de comparar ambas posturas, y examinar cuánto preocupa realmente a cada una la conservación de los ecosistemas fluviales, a nuestro entender el grupo más maltratado en la región. |
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| No nos sorprendió la
del presidente de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, que tras avisar varias veces acerca del peligro de
utilizar demagógicamente los caudales ambientales (se
supone que por parte de las asociaciones ecologistas,
científicos, etc.) nos dejó una perla de la literatura
demagógica: si nos ponemos pesados con exigir que se
cumplan los caudales ecológicos igual nos encontramos
con que no salga agua del grifo para beber. Esto, dicho
por el responsable de una cuenca hidrográfica donde el
80% del agua se utiliza para regar cultivos agrícolas, y
donde una parte muy significativa de la importante
demanda urbana de Madrid (como en el resto de la cuenca)
se dedica al riego de jardines particulares y públicos,
toma ribetes de escándalo. Este tipo de posturas, en las
que se afirma que si no se está por el desarrollismo a
ultranza se está por la vuelta a las cavernas insultan a
una sociedad inteligente. En la mayor parte de las
intervenciones de los técnicos de las Confederaciones
Hidrográficas, con la saludable excepción de la del
representante de la cuenca del Ebro, se observó una
reticencia similar a aplicar la ley, reticencia que raya
lo sancionable tratándose de empleados públicos. La clausura corrió a cargo del Director General de Medio Natural de la nueva Consejería de Medio Ambiente, José Ignacio Nicolás, que aprovechó para realizar unas declaraciones, a nuestro entender lamentables, recogidas en la prensa de Cuenca del pasado día 4 de Octubre. En primer lugar se despojó de competencias para quejarse de que las Confederaciones no implantan los regímenes de caudales. Este manido recurso de echarle todas las culpas a otro no es válido en éste caso. Aunque la competencia última no sea suya, la Junta dispone de una herramienta muy valiosa. La Ley regional de Pesca permite exigir, hasta que las Confederaciones se dignen a fijar regímenes de caudales, unos valores mínimos que, aunque insuficientes y constantes, constituirían una mejora radical en muchos casos, y servirían de acicate para conseguir la fijación definitiva del los regímenes ambientales de caudales. No sólo eso. Tiene el respaldo explícito de una sentencia favorable del Tribunal Constitucional. Pero esto nunca se ha hecho. La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente (y ahora la de Medio Ambiente) ha ido siempre a remolque en este tema de las asociaciones ecologistas y los particulares ¿Cuándo han puesto por su cuenta una denuncia por incumplimiento de la normativa de caudales ambientales? ¿Cuántos recursos dedican a la vigilancia y control de este impacto ambiental? Incluso en zonas del mayor valor ecológico no se ha actuado con el rigor necesario. Sirva el caso de las minicentrales hidroeléctricas del Alto Tajo, uno de los contados casos en la región con un caudal mínimo fijado, pero con una sentencia del Tribunal Supremo que declara su insuficiencia ¿qué presiones ha habido para que se haya sido tan permisivo con estas instalaciones al redactar la reciente Ley del Parque Natural del Alto Tajo? Afirma el Director General que el tema de los caudales ambientales está técnica y científicamente resuelto. Desde aquí sugerimos a él y a todos los lectores, aprovechando la belleza del otoño, una serie de paseos por los ríos de Castilla-La Mancha para apreciar el estado real del problema. Por ejemplo, una caminata por las hoces de Tragavivos y Beteta en el Guadiela, para comprobar el impacto del sistema de aprovechamiento hidroeléctrico allí instalado, o quizás por la vega de Uña para examinar el aspecto del Júcar bajo la presa de La Toba. ¿Porqué no visitar la hermosa fortaleza de Alarcón, dónde el Júcar puede ser saltado por un niño a pesar de estar a más de cien kilómetros de su nacimiento?. O ir a dar una vuelta por el bello paraje de Las Chorreras en Enguídanos, y así ver el Cabriel seco bajo el embalse de Víllora. También, se pueden acercar a ver el Júcar en otros tramos, los ríos Mundo, Segura o Guadiana. O, también puede recorrer los cauces llenos de presas que no dejan pasar el agua de los ríos que nacen en Montes de Toledo y Sierra Morena. Todas las instalaciones que no respetan los caudales son ilegales con la legislación castellano-manchega en la mano, y deberían ser denunciadas por su Administración. Si técnicamente está resuelto el problema ¿por qué no se actúa? Sorprendió que, en un curso al que se inscribieron un centenar de asistentes, algunos procedentes de lugares tan distantes como Gerona o Canarias, al que la Comunidad de Madrid envió hasta ¡diez! de sus técnicos, y al que vino nada menos que la embajadora de Australia en España simplemente porque una investigadora de esa nacionalidad había participado en el curso, no asistiera ningún técnico de los muchos que la nueva Consejería de Medio Ambiente tiene en la provincia de Cuenca: ni responsables, ni técnicos de Medio Natural o de Calidad Ambiental, ni abogados, ni agentes medioambientales, etc. ¿Dónde estaban todos estos profesionales? ¿Tienen mejor formación que los de Comunidades próximas para permitirse el lujo de no asistir a este tipo de jornadas? Tampoco hubo ningún ponente que pudiera exponer trabajos sobre caudales ambientales realizados por la Administración regional, quizás porque no se haya hecho ninguno. Sí los hubo de otras, como el magnífico trabajo técnico que se ha ido realizando en la Junta de Castilla y León, pese a tener un marco jurídico bastante más limitado del que tenemos en nuestra región. Allí ha habido voluntad de atacar el problema por parte del Gobierno Autónomo. Aquí, ninguna. Para acabar con una guinda sus declaraciones, el Director General indicó que la Junta sólo dispone de la Ley de Pesca, y que únicamente cuando se mueren los peces puede actuar. Esperemos que alguien le explique a este señor que existe una Ley Regional de Conservación de la Naturaleza, donde también se habla de cumplir con los caudales ecológicos, y que no existe ninguna mención en toda la normativa de caudales ecológicos a que para exigir su cumplimiento sea necesario observar daños. Finaliza sus declaraciones diciendo: "Todo el mundo es consciente de que debe circular por los ríos un caudal ambiental". Además de tener que ser consciente, él tiene una parte de responsabilidad para hacerlo cumplir. Y no lo ha hecho, ni el directamente en los casi diez años que ha estado en Cuenca como responsable del Medio Natural ni, a lo que se ve, desde Toledo como Director General. En la misma prensa de ese día 4 de octubre el vicepresidente Sr. Barreda vuelve a reclamar por enésima vez el cumplimiento de los caudales ecológicos en el Tajo a su paso por Toledo. Éste parece el único lugar de la región donde importan los caudales ambientales. Y nos tememos que esto no es debido a una particular preocupación por la conservación de la naturaleza. Estamos empezando a pensar que lo que se pretende es presionar a la administración hidráulica a liberar recursos del trasvase Tajo-Segura para a su vez trasvasarlos a la cuenca alta del Guadiana, donde se prevé un desarrollo irracional por insostenible del consumo de agua. Quizás el señor Barreda desconozca que una buena parte de los mayores impactos por falta de caudales ambientales en la cuenca del Tajo tienen lugar por encima de la toma del Trasvase Tajo-Segura. Sólo tiene que darse una vuelta por los lugares que hemos recomendado anteriormente. Tiene garantizado ver bellos paisajes, y también ríos destrozados. Eso sí, tendrá que andar un rato. Estas cosas no se ven desde el coche. La política del agua en España y en Castilla-La Mancha viene girando alrededor de las exigencias de dos grandes grupos de presión: las empresas eléctricas y las empresas constructoras. No parece que, en nuestra región, este panorama esté cambiando a la velocidad que debiera. Sin embargo, la sociedad, que en una sociedad democrática manifiesta su postura a través de las leyes, ya lo ha hecho. El primer objetivo de la Ley del Plan Hidrológico Nacional es, por delante de cualquier planificación de uso, conseguir el buen estado ecológico de los ecosistemas fluviales. Tanto los Organismos de cuenca como la Consejería de Medio Ambiente de la Junta tienen responsabilidad, y a los dos les vamos a exigir su cumplimiento, sin que valgan triquiñuelas competenciales. La nueva Consejera de Medio Ambiente debería imprimir un giro radical a la política de su departamento para corregir el mal comienzo con el que ha abordado la conservación de los ecosistemas fluviales, no sólo por su valor intrínseco de conservación, sino porque son los mejores indicadores de un buen uso del territorio, y conservarlos en buen estado será la única forma de conseguir el desarrollo agrario sostenible que preconiza el Gobierno Regional. Nuestra tierra tiene pocas razones para sentirse orgullosa de que el conjunto de impactos ambientales y sociales derivados aprovechamiento desmedido del agua tenga un nombre propio que se utiliza ya en todo el mundo técnico y científico y no nos es ajeno. Se llama "daimielización". |
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