Ecologistas en Acción considera la entrada en vigor del etiquetado de organismos modificados genéticamente (OMG) - transgénicos - como un atentado a los consumidores y al medio ambiente  
   
La laxa normativa de etiquetado permitirá el consumo de transgénicos no deseados  
(Ecologistas en Acción. 19 de abril de 2004)

La entrada en vigor ayer de la normativa europea que obliga a etiquetar los productos que contengan organismos modificados genéticamente (OMG), productos transgénicos, supone un duro revés para los consumidores y un claro riesgo para la salud y el medio ambiente. Debido a la presión de las multinacionales de biotecnología, pero fundamentalmente a Estados Unidos, Canadá y Argentina, la Unión Europea puede levantar en breve la moratoria de cultivos comerciales transgénicos, ya que estos tres paises denunciaron a la Unión ante la OMC (Organización Mundial del Comercio). Desgraciadamente, nuestro país es el único en la Comunidad Europea que esta llevando a cabo cultivos experimentales y comerciales, con los riesgos de contaminación, ambientales y sanitarios que muchos expertos han anunciado pueden acarrear.

Protesta ante un Ministerio
Foto: Ecologistas en Acción
 
Pese a ello, ayer día 18 de abril, entraba en vigor el etiquetado obligarorio de productos que contengan entre un 0,5 y un 0,9 % de ingredientes OMG, excepto los derivados de los animales (que consumen piensos que contienen soja y maíz transgénico), como son la carne, la leche o los huevos, entre otros. Además, respecto al margen porcentual tenemos que denunciar que la presencia de soja o maíz en la mayoría de los productos que consumimos, casi en ningún caso llega a esos porcentajes, ya que se utiliza como lecitina de soja o almidón de maíz en proporciones muy pequeñas, pero que si sumamos la gran cantidad de productos que consumimos al día con estos dos ingredientes, las dosis en nuestro cuerpo pueden superar ampliamente el 2 %.

Ecologistas en Acción ha celebrado este fin de semana unas Jornadas sobre Transgénicos en Madrid, con el objetivo de iniciar en los próximos meses una fuerte campaña para denunciar la indefensión en la que se quedan los consumidores y los riesgos inminentes contra el medio ambiente y la salud de las personas. Creemos que el anuncio hecho por Carrefur, Alcampo y El Corte Inglés de no vender productos que sean transgénicos, debe animar a otras cadenas de alimentación a anunciar la misma medida. La Plataforma Rural, organizaciones agrarias, sindicales, ecologistas y colectivos de consumidores aunarán sus esfuerzos para lanzar una fuerte ofensiva que permita perseverar los derechos de los ciudadanos. Ecologistas en Acción de Guadalajara, creará un área específica para trabajar en este asunto, que desarrollará las campañas de denuncia de campos de cultivo en nuestra provincia, los cuales suponen el 0,7 % del suelo cultivado de procedencia transgénica, según datos de la UPA (Unión de Pequeños Agricultores), así como acciones de boicot en los centros comerciales para denunciar las marcas que contienen OMG.

La propuesta de normas de coexistencia del Ministerio de Agricultura español: LICENCIA PARA CONTAMINAR

A finales de febrero el Ministerio de Agricultura presentó un borrador de normas sobre coexistencia de cultivos manipulados genéticamente (MG) con los convencionales y ecológicos que podría ser aprobado en los próximos días, a pesar de la rotunda oposición de organizaciones agrícolas, ecologistas, consumidores y otros colectivos sociales.

La coexistencia debiera garantizar el mantenimiento de una producción agrícola que ha sido y sigue siendo la base de la economía y de la sociedad rural, y de una agricultura (la ecológica) que puede suministrar alimentos sanos y suficientes a la población de forma sostenible. Los fracasos de los cultivos transgénicos (en cuanto a incremento de rendimiento y reducción del uso de agroquímicos contaminantes), sus riesgos, y la avalancha de nuevas variedades MG promovidas por las grandes compañías biotecnológicas requieren una normativa estricta que evite que el campo se convierta en un campo experimental a gran escala, como está ocurriendo en la actualidad. Lamentablemente, la propuesta de normas del Ministerio constituye una auténtica licencia para contaminar.

Además del daño económico directo a los agricultores ecológicos y convencionales, la falta de medidas eficaces de coexistencia conduce a una alarmante y rápida contaminación de los cultivos y de la base del sistema alimentario mundial: las semillas. Entre un 50 y un 85% de las variedades convencionales de maíz más vendidas en EEUU están contaminadas por ADN transgénico, y las tres cuartas partes de la producción ecológica de este país está gravemente amenazada por la presencia de cultivos MG, dado que el uso de transgénicos no está permitido en la agricultura ecológica.

La escasa concreción y el carácter voluntario de las normas establecidas por el Ministerio supone que se deja la coexistencia en manos del agricultor que utiliza variedades manipuladas genéticamente, a arreglos entre vecinos, y a los buenos consejos de las compañías que venden este tipo de semillas. Las pocas medidas que se concretan son totalmente inadecuadas, y se asientan en una base experimental muy cuestionable. Por ejemplo, la distancia de aislamiento requerida es de 25 metros, contrastando con las recomendaciones de los principales estudios realizados en Europa, de entre 200 y 2000 metros.

Por otra parte, la propuesta deja en la más total indefensión a los perjudicados (agricultores y consumidores) en caso de contaminación, eximiendo de cualquier responsabilidad a las empresas biotecnológicas que desarrollan, patentan y comercializan las variedades manipuladas genéticamente. Con ello el Ministerio demuestra una vez más su trato de favor hacia las grandes empresas biotecnológicas y su abandono y falta de sensibilidad por el futuro del campo español, el medio ambiente y la salud.

Por todo ello, Ecologistas en Acción exige la retirada de la propuesta de Normas de Coexistencia del Ministerio de Agricultura, y la elaboración urgente de unas normas que amparen el derecho prioritario de los agricultores ecológicos y convencionales a no sufrir contaminación genética, y que establezca un régimen de responsabilidad civil en el que los daños ambientales, sociales y económicos derivados de los OMGs recaiga sobre los titulares de las autorizaciones de su liberación al medio ambiente.

 
 
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