España prepara una «norma de convivencia» de cultivos transgénicos y tradicionales  
   
Agricultura ya realiza experimentos en Aranjuez y Albacete sobre distintas variedades de maíz. Las pruebas incluyen la recogida de más de 700 muestras  
(R. BARROSO - ABC . Septiembre de 2003)


Hace apenas dos meses -y en contra de las presiones de Estados Unidos- los países europeos aprobaron la legislación más amplia y estricta del mundo para el etiquetado de transgénicos. La nueva normativa (encaminada a acabar con la moratoria que existe sobre estos productos) dio un respiro a consumidores y ecologistas pero dejó pendiente la posible coexistencia de cultivos modificados genéticamente con otros convencionales o ecológicos. El problema radica en la posible contaminación de los cultivos tradicionales por transgénicos debido a la cercanía entre unos y otros. Una coexistencia que la Comisión Europea (CE) limita a cuestiones de orden jurídico y económico, dejando a un lado cuestiones de seguridad alimentaria al considerar que sólo cultivos autorizados pueden ser sembrados en la UE.

No obstante, Bruselas considera que la regulación de esta coexistencia y de los efectos no deseados de contaminación sobre otras producciones debe ser competencia de los gobiernos nacionales y regionales y no necesita de una regulación a nivel comunitario. Pero además, el hecho de que las directrices propuestas desde la CE no tengan carácter vinculante ha abierto brecha entre los Quince. Así, y liderados por Austria y Luxemburgo, países como Alemania, Portugal, Grecia, Italia, Dinamarca, Francia y Bélgica lamentan que no se tomen cartas en el asunto de la misma manera que se ha hecho con las normas de etiquetado de organismos genéticamente modificados (OGM) y abogan por una reglamentación comunitaria que regule la convivencia entre las diferentes agriculturas y deje clara la responsabilidad en caso de daños. Por contra, España, Reino Unido, Holanda, Irlanda, Finlandia y Suecia son favorables a la creación de normas estatales.

Medidas preventivas

Así las cosas, las sugerencias dictadas desde Bruselas se orientan a poner en marcha medidas de aislamiento entre las distintas parcelas, zonas «amortiguadoras», barreras que eviten el paso del polen a otro terreno (como la utilización de hayas, que tienen una altura de hasta 30 metros), el control de plantas por generación espontánea y una serie de precauciones en el manejo de las semillas que eviten la mezcla de trasngénicas y convencionales durante las distintas fases de la producción, así como una correcta limpieza de las máquinas y utensilios de recolección.

Unas recomendaciones que ya han sido escuchadas por todos los países pero que, hasta el momento y tras las últimas reuniones mantenidas hace cuatro días en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, no han provocado ningún cambio en las posiciones y tan sólo Francia ha mostrado cierta flexibilidad. España se mantiene en la línea de la Comisión y anuncia que prepara una norma para regular la coexistencia de OGM con otro tipo de cultivos. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, señaló que esta norma se hará «de acuerdo con las orientaciones de la Comisión Europea y de forma que ninguna agricultura prevalezca sobre otra y los agricultores puedan elegir libremente todas las semillas que tengan autorización oficial». Asimismo, Cañete insistió en lo innecesario de una normativa comunitaria para regular la coexistencia porque, a su juicio, ya existe una reglamentación suficiente.

Investigaciones científicas

Los estudios y trabajos de campo que orientarán la futura norma española están siendo coordinados por la Oficina de Variedades Vegetales del Ministerio de Agricultura. Los experimentos -que incluyen la recogida de más de 700 muestras- se concretan en Aranjuez y Albacete sobre variedades de maíz. Ricardo López de Haro, subdirector de esta oficina, señala que a través de los resultados obtenidos sobre cómo se transfiere el polen entre los campos de cultivo «se podrán determinar las medidas que serán necesarias en el cultivo del maíz para que puedan cumplir las normativas aprobadas por la UE». Así, esperan que este «conjunto de buenas prácticas esté terminado a finales de noviembre y sirva para permitir la coexistencia de cultivos». Para ello tendrá en cuenta cuestiones como la distancia, la disposición de los campos, el transporte o el manejo de semillas o maquinaria. «El debate de los transgénicos se está llevando hasta límites exagerados alentado por la demagogia y politización que realizan aquellos que defienden la agricultura ecológica».

A este respecto, ni la postura de España ni las directrices dictadas desde Bruselas son compartidas por muchos agricultores, y mucho menos por los ecologistas, que ven en esta coexistencia el fin de los cultivos ecológicos. Liliane Spendeler, de la Plataforma Rural que integra a sindicatos agrarios y ambientales, considera que para garantizar el funcionamiento de la coexistencia es necesario regular legislativamente la responsabilidad en caso de contaminación. «Se debe establecer un esquema de responsabilidad completo y coherente, en el que la carga de la responsabilidad recaiga sobre los productores de OGM y que siga el principio de quien contamina paga». Además, insiste en que los costes adicionales generales y derivados para controlar y evitar la contaminación involuntaria de productos en las diferentes etapas de producción y distribución deberían regirse por el mismo principio.

No obstante, otras organizaciones agrarias, como ASAJA, han celebrado las nuevas medidas porque consideran que con ello la agricultura europea recuperará la competitividad en los mercados.

«Bio-regiones»

Una de las posibles soluciones y, a su vez, uno de los puntos más conflictivos de este rompecabezas se centra en la creación de zonas libres de cultivos transgénicos. No obstante, la Comisión Europea defiende el establecimiento de estas «bio-regiones» -en áreas específicas o para cultivos que requieren niveles altos de pureza- tan sólo mediante el acuerdo entre agricultores y rechaza de plano la posibilidad de que las autoridades públicas estatales o regionales puedan declarar una región o una autonomía libre de OGM. Por otra parte, aquellos que mantienen su objeción a la coexistencia señalan que para poner en práctica estas zonas es imprescindible una base legal más fuerte en el marco de la legsilación europea.

 
 
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