La Comisión Europea posiblemente decida mañana miércoles si autoriza la importación de un maíz transgénico insecticida, levantando la moratoria europea vigente desde 1999, en contra de la opinión de varios gobiernos. Según Ecologistas en Acción, esta decisión sería prematura y contraria al principio de precaución, ya que la legislación europea es todavía totalmente insuficiente, y únicamente se puede entender como respuesta a las amenazas de sanciones del departamento de comercio estadounidense, que ha denunciado a Europa ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La primera gran "laguna" normativa es la falta de legislación sobre responsabilidad por daños a la salud y al medio ambiente. Las mismas compañías biotecnológicas que afirman insistentemente que los transgénicos carecen de riesgos, se resisten a que se regule la responsabilidad por daños asociados a este tipo de productos, pretendiendo que el riesgo recaiga sobre los agricultores, o en otros eslabones de la cadena productiva.

La segunda grave carencia legislativa es la falta de normas y medidas para frenar la contaminación genética procedente de cultivos transgénicos. Esta contaminación supone un grave perjuicio para el agricultor que la sufre. Pero además es enormemente preocupante a medio plazo, ante la eventualidad de un fracaso de las variedades manipuladas genéticamente en términos de rendimiento o de problemas ambientales y de salud. La Unión Europea, sin embargo, ha establecido únicamente unas recomendaciones sobre coexistencia, no sólo inaceptables por su planteamiento permisivo y su falta de concreción, sino por tratarse de normas que no son vinculantes.

Por otra parte, se repite insistentemente que no hay datos concluyentes que permitan afirmar que los OMG (Organismos Modificados Genéticamente) tienen riesgos ambientales y sobre la salud. Pero, ¿acaso se buscan estos datos?. En Europa se han aprobado variedades transgénicas a pesar de que los propios comités científicos de los gobiernos habían presentado objeciones en el proceso de autorización, por considerar que la inocuidad de los productos no estaba suficientemente demostrada. Y la Comisión Europea no es la primera vez que autoriza la comercialización de un OMG obviando el voto en contra de varios gobiernos en las sesiones del Consejo.

En el caso del Bt 11 de Syngenta, la importación de este maíz, insecticida y resistente a un herbicida y destinado al consumo humano, preocupa de forma especial a varios gobiernos europeos, que han cuestionado su seguridad. Bélgica ha señalado que el análisis molecular revelaba datos inquietantes, como la presencia de fragmentos de ADN inesperados; el gobierno de Austria no está conforme con los informes aportados por Syngenta, objetando la carencia de análisis toxicológicos, de pruebas sobre los efectos a largo plazo del consumo de la proteína transgénica y de pruebas alergénicas adecuadas; y los informes del propio Comité Científico para los Alimentos europeo afirman que la compañía ha aportado una evidencia escasa sobre la seguridad del producto.

En opinión de Ecologistas en Acción, es lamentable que cuando se mueven grandes intereses comerciales, como los 1,8 billones de dólares que Estados Unidos reclama en su denuncia de la moratoria europea ante la OMC, las decisiones "independientes" de algunas administraciones empiezan a ser menos independientes, y su responsabilidad de velar por la salud del medio ambiente y de las personas pasa a un segundo plano.

Así funciona y falla el control en la seguridad de los alimentos en Estados Unidos

En Estados Unidos, el departamento encargado de vigilar la seguridad de los alimentos es la Food and Drug Administration (FDA)[i], pero son las compañías quienes realizan las pruebas necesarias para demostrar su inocuidad igual que en la UE-, con el agravante en este caso de que la información presentada tiene carácter voluntario. Una publicación de enero 2003 del Center for Science in the Public Interest[ii] en la que se desmenuza el procedimiento de autorización revela que este carácter voluntario reduce a mero trámite el proceso de evaluación, limitándose el dictamen de la FDA a un resumen de la documentación aportada por la compañía ¡con una coletilla en la que la administración afirma que la compañía asevera que el producto es seguro!.

PRINCIPALES FALLOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA FDA

* la documentación suministrada por la compañía no proporcionaba información suficiente para permitir a la FDA en muchos casos determinar la seguridad del producto * en un 50% de las evaluaciones revisadas, la compañía no había aportado la información adicional solicitada por la FDA * en la documentación suministrada no se informaba adecuadamente de si el transgén y la proteína transgénica permanecían inalterados en la planta * la toxicidad de las proteínas transgénicas no se determinaba de forma adecuada * no siempre se evaluaba la presencia de algunos compuestos potencialmente dañinos (toxinas en el caso de tomates; anti-nutrientes en el maíz) * las pruebas de alergenicidad se realizaban frecuentemente con proteínas que no eran las producidas por la planta, sino otras parecidas, y no se utilizaban las mejores técnicas disponibles para determinar el riesgo e alergias

[i] A excepción de los cultivos insecticidas, cuya autorización corresponde a la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA), encargada del registro de pesticidas.

[ii] D. Gurian-Sherman, Ph.D. Holes in the Biotech Safety Net. FDA Policy Does not Assure the Safety of Genetically Engineered Foods. Center for Science in the Public Interest. Enero 2003. http://www.cspinet.org/new/200301071.html <http://www.cspinet.org/new/200301071.html>