El consejero de Agricultura, Alejandro Alonso, afirmó ayer que el cultivo de la alfalfa en Castilla–La Mancha ha sido tan inspeccionado o más por su departamento como el del lino, aunque no se ha hallado a altos cargos promoviendo el cobro de subvenciones, como sí ocurrió en el de ese herbáceo. Alonso, que compareció en la Comisión de Agricultura de las Cortes regionales, indicó que el PP ha intentado aprovechar el proceso judicial abierto en el Juzgado de Instrucción número 5 de Albacete y por la Delegación de Hacienda contra la transformadora Cereales Saltó para «devolver» al Gobierno regional la investigación que hizo del cultivo del lino, en la que altos cargos del PP aparecían como perceptores de ayudas.

Alejandro Alonso recordó que «el señor Saltó ni es alto cargo de la Administración ni se espera que vaya a serlo» y calificó de «mala forma de hacer política» el mencionar que uno de los propietarios de Cereales Saltó es de Salobre (Albacete), pueblo natal del presidente de Castilla–La Mancha, José Bono, como hizo el portavoz del PP en las Cortes regionales, Miguel Ángel Monserrat.

El consejero criticó que se haya montado «todo este tinglado mediático para que terminen haciéndonos 130 preguntas sobre una empresa concreta» y agregó que la responsabilidad será de los que han cometido el presunto fraude y no de la Junta, a la que «para acusarla tendrían que haberle demostrado que ha hecho dejación de funciones en el control de las ayudas y no contar de dónde es o dónde vive el dueño de Cereales Saltó».

Ayuda de riesgo

Alonso indicó que a esta planta se le han hecho las mismas inspecciones que a todas, «que son muchas, porque esta es una ayuda que nosotros consideramos de riesgo» y señaló que la Dirección General de Alimentación y Cooperativas ha iniciado ya un procedimiento para revocar la autorización a «Cereales Saltó» para desecar alfalfa y contra el cual sus propietarios están aún en plazo de presentar alegaciones y recurso.

Alejandro Alonso, que dijo que las 130 preguntas que formuló el PP sobre esa empresa le serán respondidas, a pesar de no ceñirse a la petición de comparecencia que hicieron solicitando información sobre las ayudas de la PAC al cultivo de forrajes en Castilla–La Mancha, afirmó que en el cultivo de la alfalfa la consejería lleva a cabo más controles que los requeridos por la normativa comunitaria y por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

En relación a las ayudas que recibe la región para el cultivo de forrajes, Alonso especificó que Castilla–La Mancha, en las tres últimas campañas, ha sido una de las regiones donde mayor incremento ha sufrido este cultivo, algo más del 20%. De la totalidad de las 36.000 hectáreas dedicadas a este cultivo en la región, 25.700 lo son de alfalfa.

Alonso señaló que en los últimos años se han reforzado los controles sobre las ayudas comunitarias a los forrajes (que se conceden a las industrias que los desecan y no a los cultivadores), unos cultivos que han experimentado un espectacular crecimiento no sólo en España (un 35%), sino en Grecia (un 73%) o Italia (un 35%). Castilla–La Mancha es la tercera región productora de alfalfa en España, el forraje que más superficie tiene contratada para deshidratación en nuestro país, y, aunque en las tres últimas campañas el cultivo ha crecido en torno a un 20% y un 26%, este incremento ha sido inferior al habido en Castilla y León (un 267%) y Andalucía (un 59%).

Por provincias Albacete ha sido la que ha experimentado un mayor incremento y es la que más plantas de deshidratación de alfalfa tiene, al contar con zonas de regadío, en la región, donde la facturación del sector de transformación de alfalfa es de 7.360 millones de pesetas (el 1 por ciento del total del sector agroalimentario en la comunidad autónoma).

Las veintidós industrias transformadoras autorizadas que existen en Castilla–La Mancha recibieron durante la campaña 1999/00 3.697 millones de ayudas, sin descontar las penalizaciones en torno al 10% que la CE ha aplicado a España en las dos últimas campañas por sobrepasar la cantidad máxima fijada para nuestro país. Asimismo, la consejería en las tres últimas campañas ha llevado a cabo 101.246 controles administrativos en plantas transformadoras, en los que ha detectado un total de 138 incidencias, además de 2.019 inspecciones fuera de horario comercial (a las tres, las cuatro o las cinco de la madrugada), en las que se detectaron 562 incidencias, por las cuales se dejaron de pagar 63,9 millones de pesetas de ayudas.

Por su parte, el diputado del Partido Popular César Gómez Benayas dijo que no quería «echar una mancha sobre un sector que está generando gran riqueza en la región» y expresó su satisfacción porque la Consejería haya iniciado un procedimiento administrativo contra Cereales Saltó, empresa sobre la que formuló un total de 130 preguntas, en las que se interesó por los diferentes tipos de ayudas que recibe, el combustible que usa o los análisis hechos al producto, entre otras. Gómez Benayas reiteró las dudas del PP «sobre esa empresa» y recomendó al consejero que «no se ponga la venda antes de la herida», ya que por su intervención más parecía contestar a lo dicho en una rueda de prensa que a lo que se trató en la Comisión.

Por su parte, el portavoz socialista de Agricultura, Antonio Salinas, acusó a Gómez Benayas de intentar en la Comisión de hoy «una maniobra de distracción con otros intereses» y señaló que el «gran conocimiento» demostrado por el diputado del Partido Popular sobre la transformación de alfalfa «no es raro viendo quién está metido en esas empresas de secado».

Salinas defendió que la agricultura tenga un sistema de protección como las ayudas de la PAC, pero advirtió que «si alguien hace un uso desmedido de las ayudas no van a tener el más mínimo apoyo o aliento», reiteró.

Cereales Saltó se enfrenta a un expediente judicial

El Juzgado de Instrucción número 5 de Albacete tiene abierto actualmente un expediente judicial contra Cereales Saltó por un presunto delito de falsificación de documentos para el cobro de ayudas comunitarias a la deshidratación o desecado de alfalfa a raíz de una denuncia y la Delegación de Hacienda de esta provincia también abrió otro procedimiento por un presunto delito fiscal.

El consejero de Agricultura indicó en su comparecencia que Agricultura tuvo conocimiento de estos hechos el 26 de julio de 2000, cuando desde el citado juzgado se les solicitó información sobre las ayudas pagadas a esa empresa. Cereales Saltó, según explicó, percibió desde la campaña 1998-99 a la 2000-01, aunque esta última aún no está cerrada, ayudas por importe de más de 1.460 millones de pesetas, de las que 489,5 millones correspondieron al periodo 98/99, 585,5 millones de pesetas al 99/00 y 386,9 al 00/01.