Las dos legislaturas en las que ha gobernado el Partido Popular han estado marcadas por una evidente degradación ambiental, que junto con el retroceso en la cohesión social y política de la sociedad, hace que el balance desde Ecologista en Acción sea muy negativo, con unas perspectivas de evolución, si continúan las tendencias actuales, bastante preocupantes. En estos ocho años las políticas activas de protección de la naturaleza han brillado por su ausencia, las evaluaciones de impacto ambiental han sido un mero trámite, las directivas ambientales se trasponen tarde, mal o nunca, se ha modificado legislación en sentido desregulador, y se ha favorecido un crecimiento desorbitado del consumo de recursos con la consiguiente producción de residuos, y la degradación de la naturaleza.

Ministerio y ministros

No dejó de sorprender a Ecologistas en Acción y en general al movimiento ecologista, que el Partido Popular (PP) en su primer gobierno con mayoría relativa se atreviera a crear un Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM en lo que sigue), algo que había sido reiteradamente reivindicado e ignorado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Cuando buena parte de las competencias ambientales habían sido transferidas, crear un ministerio podía interpretarse como un gesto fuerte para intentar coordinar y dar coherencia a las políticas ambientales de las Comunidades Autónomas (CC AA). Pero no hizo falta que transcurriera mucho tiempo antes de que quedara demostrado que era sólo un gesto vacío de contenidos y que, lejos de mejorar, la situación del medio ambiente no ha dejado de deteriorarse de forma acelerada en los últimos años. Durante los gobiernos del PP, los ministros de Medio Ambiente han sido meras figuras decorativas, sin peso político, incapaces de alzar la voz frente al deterioro, o peor aún, punta de lanza en la acción gubernamental destructiva.

El perfil de los sucesivos ministros/as sólo tiene un elemento en común: su total alejamiento de la sensibilidad para la protección del medio y su deseo de usar el MIMAM para otros fines. Isabel Tocino había sido un personaje crítico con José Mª Aznar y aceptó hacerse cargo del Ministerio para mantener una cierta relevancia política. Matas encontró en el Ministerio un cómodo refugio donde guarecerse de la acción de la justicia y mantener cierta proyección pública mientras aguardaba el momento de retornar al gobierno de Baleares (cosa de que forma sorprendente y lamentable consiguió). Por último, Elvira Rodríguez es una experta en economía cuyo único objetivo es intentar desde el MIMAM hacer llegar los fondos europeos para financiar el Plan Hidrológico Nacional (PHN), una de las mayores amenazas ambientales en ciernes.

Gestión del agua

La gestión del agua constituye, sin lugar a dudas, la principal competencia del MIMAM, pues tan sólo se encuentra transferida su gestión en el caso de las cuencas que están incluidas en su totalidad en una comunidad autónoma. La política de aguas en los gobiernos del PP ha sido una política totalmente continuista con lo que ha sido la política hidráulica desarrollada en España en los últimos cien años, basada en un modelo de oferta dirigido a incrementar los recursos hídricos disponibles mediante la construcción de grandes embalses. Sin embargo, a este modelo se ha sumado una vertiente productivista que incluso ha logrado empeorar dicha política, dirigida al desarrollo desbocado y ambientalmente insostenible de la agricultura intensiva y la actividad urbanística en la Costa Mediterránea, dos actividades altamente consumidoras de agua.

El primer gobierno del PP se limitó a una pequeña modificación de la Ley de Aguas que tenía como objetivo diluir el carácter público del agua introduciendo la posibilidad de comprar y vender, con bastantes restricciones, los derechos sobre las aguas al tiempo que se facilitaba la entrada del capital privado en ciertas obras públicas y se realizaban modificaciones en el carácter de los organismos de cuenca. Como era previsible, pese a las muchas glosas que se realizaron de dicha modificación desde el Gobierno y al vivo debate ideológico que la acompañó, los efectos de la reforma han sido más bien marginales.

En la siguiente legislatura, avalado por mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, el ministro Matas se atrevió a abordar la redacción del PHN, planteado desde el Gobierno como un reto (el PSOE había fracasado en un intento similar) y una oportunidad histórica de resolver uno de los "cuellos de botella del desarrollo de España" (con E muy mayúscula).

Dicho documento, lejos de ser un modelo de gestión sostenible de un recurso limitado y valioso como el agua, se ha quedado en poco más que una justificación, bastante cogida con alfileres, del trasvase del bajo Ebro a la costa mediterránea, así como un gran listado de grandes obras hidráulicas. Estas obras producirían un tremendo impacto ambiental y social, y en una buena parte de los casos a los que realmente benefician es a las empresas constructoras que las lleven a cabo. Buena prueba de ello es que el 87% del presupuesto del Ministerio en el 2003 está destinado a financiar las obras del PHN.

Y lo que es más grave, el PHN favorece el modelo económico insostenible que viene desarrollándose en la costa mediterránea, basado en un consumo masivo de los recursos naturales, entre ellos el agua, en beneficio de un desarrollo urbanístico brutal, así como de una agricultura muy intensiva e impactante. En este sentido, el trasvase previsto en el PHN no constituye más que una huida hacia delante, pues el anuncio del trasvase, como ocurrió con el Tajo-Segura, ha acelerado de manera importante el incremento del consumo en la costa mediterránea. De esta manera es previsible que cuando el trasvase estuviese construido el déficit hídrico en las cuencas receptoras se haya incrementado muy por encima de la capacidad del mismo.

Con el PHN los gobiernos del PP han conseguido cosechar las manifestaciones más multitudinarias de rechazo de esta legislatura, sólo superadas recientemente por las conseguidas por el propio Presidente del Gobierno por su política de entrega al Presidente de EE UU. Otro dato importante es la persistencia en el tiempo de la protesta que ya lleva camino de 4 años en niveles importantes de masividad [1].

Por otra parte, aquellos aspectos de mejora en la gestión del agua que el Ministerio de Medio Ambiente se había comprometido a llevar a cabo, a través de la aprobación del Plan Hidrológico Nacional, como son la protección del dominio público hidráulico, el establecimiento de caudales ambientales, la mejora de la eficiencia en el abastecimiento urbano, o la eliminación de elementos impactantes de los encauzamientos de los ríos, simplemente no se han puesto en práctica, debido fundamentalmente a la oposición existente a las mismas dentro del cuerpo de funcionarios de la administración hidráulica.

Energía y cambio climático

Uno de los grandes problemas ambientales es el frenético incremento en el consumo de energía, el cual ha sido de 38% en la última década. Aunque a finales de noviembre de 2003 el Gobierno aprobó la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética, esta no conseguirá que se ahorre energía, solo, en el mejor de los casos, que el consumo energético aumente un poco menos. Su objetivo es totalmente insuficiente, pues intenta camuflar un aumento de consumo de energía del 39,6% entre 2000 y 20012 y reducir solo un 7,2% la intensidad energética primaria, mientras que en Europa esta reducción se estima en un 13% para el 2010..

Otro de los grandes fracasos de los sucesivos ministros de Medio Ambiente ha sido el crecimiento desbocado de las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2002 estas emisiones habían crecido un 38% sobre los niveles del año tomado como referencia, 1990. Muy por encima del compromiso contraído en Kioto de no incrementar dichas emisiones en un 15% sobre las del año base en el periodo 2008-2012 [2].

El futuro no es nada halagüeño ya que el Plan de Infraestructuras de Electricidad y Gas prevé un incremento de las emisiones de CO2 de origen energético del 78% en el año 2010 con respecto a 1990. Esta cifra se reduciría al 58% de cumplirse el Plan de Ahorro y Eficiencia que ahora se discute, lo que en cualquier caso supone la práctica imposibilidad de cumplir el compromiso de Kioto sin recurrir masivamente a los mecanismos de flexibilidad. Algo contrario a los deseos del ecologismo y a la posición tradicionalmente defendida por la UE.

La estrategia española de reducción de emisiones está pendiente de aprobación desde 1998. El Ministerio presentó un borrador de Estrategia a finales de 2002 que ha suscitado fuertes críticas de las organizaciones ecologistas y sindicales, de las administraciones autonómicas, e incluso de la CEOE por su vaguedad y nula utilidad para redirigir las políticas sectoriales causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Aunque la mayoría de las competencias en materia energética corresponde al Ministerio de Economía, los ministros de Medio Ambiente han estado ausentes de las funciones que les corresponden, como lo demuestran los siguientes ejemplos enunciados telegráficamente: 1. Negativa reiterada a trasponer en plazo a la legislación española diversas directivas comunitarias relacionadas con la energía: Directivas Hijas de Calidad del Aire sobre valores de inmisión de SO2, NOx, PM10, Pb, CO y C6H6; Directiva de Emisiones de Grandes Instalaciones de Combustión (GIC); Directiva de Techos Nacionales de Emisión; Directiva del Ozono... [3]. 2. Superación en los años 2000 y 2002 de los límites nacionales de emisión de NOx de grandes centrales de combustión de las denominadas antiguas, es decir, en funcionamiento antes de 1987. 3.Pasividad en los problemas asociados a las centrales nucleares: en el mantenimiento en operación de la central nuclear más vieja, Zorita; la repotenciación que han experimentado todas las centrales nucleares; la gestión de los residuos radiactivos...

Transporte

La política de transporte del PP, se ha caracterizado por el apoyo decidido a los modos de transporte más ineficientes y de mayor impacto ambiental, el abandono del ferrocarril convencional y la negativa a tomar en consideración cualquier medida de reducción de la movilidad motorizada o de limitación de su impacto ambiental.

El Ministerio de Fomento ha aplicado la política de transporte del Gobierno del PP especialmente mediante el Plan de Infraestructuras 2002-2007, con horizonte en el año 2010, y con una inversión total de 104.806 millones de euros. Concretamente en 2003, la inversión en este Plan ha supuesto más del 2% del PIB.

Desde 1996, se han construido 2.500 km de autopistas y autovías (a sumar a los 6.000 ya existentes); hay en marcha 6.443 km más y el plan prevé llegar hasta los 13.000 en el 2010. Para entonces, ya seremos el primer país de Europa en kilómetros de vías rápidas con relación al número de vehículos y de habitantes. Mientras que el apoyo al automóvil se ha plasmado en otras medidas y viene avalada por el aumento de los índices de motorización.

En cuanto a las líneas de Alta Velocidad Ferroviaria, desde 1996 se han puesto en servicio 756 km (Madrid-Lleida) y hay en marcha 6.543 km más, lo que supone casi el total de lo previsto para el 2010 (7.700 km). En contrapartida, en el ferrocarril convencional, el medio de transporte menos impactante, no se hacen ni tareas de mantenimiento, se han retirado la mayoría de los servicios en la línea Madrid-Lleida y se acaba de aprobar una ley del Sector Ferroviario, que supone la privatización del ferrocarril.

También el transporte aéreo se ha beneficiado de la política de construcción de nuevos aeropuertos y de ampliación de los ya existentes.

Urbanismo

La política de urbanismo del PP ha favorecido la expansión incontrolada de la urbanización con el consiguiente deterioro ambiental. Apoyado en una Ley del Suelo que convierte en urbanizable cualquier espacio que no esté especialmente protegido, el suelo urbanizable ha crecido de forma desmesurada, y la especulación urbanística se ha convertido en el principal negocio del país.

La construcción se ha convertido en la primera industria española. Somos el país de Europa donde más viviendas se construyen (más de medio millón al año) y donde más patrimonio inmobiliario se destruye. La rehabilitación es escasa y hay mucha vivienda desocupada. Paradójicamente, aunque hay un parque de viviendas sobredimensionado, hay necesidad de ellas. El alquiler es escaso y caro, no hay viviendas de promoción pública y se premia la compra. La vivienda ha dejado de ser un bien de uso, para convertirse en un bien comercial y de inversión, inalcanzable para amplios sectores sociales.

Esta expansión urbanística ha generado gravísimos impactos ambientales, especialmente la ocupación descontrolada del territorio por nuevas urbanizaciones que ocupan espacios agrícolas o naturales, con un enorme gasto y trasiego de materiales y residuos; la urbanización concentrada en pocos puntos fuertes del territorio (donde se forman conurbaciones difusas, poco densas, extendidas en forma de mancha de aceite, con segregación de usos y basadas en el automóvil como medio de conexión); el aumento de los desequilibrios, al polarizarse el territorio en áreas de atracción donde se concentra la inversión, la actividad y la población, y áreas de explotación, despobladas, donde se obtienen los recursos y se ubican los residuos y las actividades no deseables; y finalmente la expansión de un único modelo constructivo.

Agricultura

Por su ocupación extensa del territorio y su incidencia sobre el mismo, la agricultura es una de las actividades con mayores repercusiones a nivel de conservación de ecosistemas y de recursos naturales como el agua, los suelos y la biodiversidad.

La marginalidad con que se han venido incorporando en las dos últimas legislaturas los criterios ambientales y sociales a las políticas agrícolas españolas, junto con una creciente presión competitiva derivada de la liberalización de los mercados y del vertiginoso proceso de concentración de toda la cadena alimentaria en manos de un reducido número de industrias, están acelerando unos procesos muy negativos de especialización e intensificación en las zonas agrícolas más productivas. El resultado de estas políticas desarrolladas por el PP están provocando graves repercusiones ambientales: un uso insostenible del agua; pérdida de suelos; contaminación del entorno y de los propios alimentos por el abuso de agroquímicos; la introducción de cultivos transgénicos; el uso de antibióticos y piensos de dudosa calidad en la ganadería; y el abandono de las zonas marginales y de los sistemas extensivos, adaptados al medio y de vital importancia para la conservación de la biodiversidad y de los equilibrios ecológicos.

Biodiversidad

La diversidad biológica ha venido sufriendo durante los últimos años las consecuencias negativas de todas las políticas sectoriales mencionadas en este informe, (destacando por su importancia el crecimiento urbanístico, la construcción de infraestructuras de transporte, y de grandes embalses y trasvases), ante la pasividad y convivencia de las administraciones ambientales.

Prácticamente la única aportación que ha realizado el Ministerio de Medio Ambiente a la conservación de la naturaleza fue la Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, presentada públicamente el 8 de marzo de 1999 (siendo ministra Isabel Tocino). Sin embargo, más de cuatro años después sigue sin haberse aprobado por el Consejo de Ministros, y sin aplicarse mínimamente, hasta el punto que no se ha finalizado ninguno de los planes sectoriales establecidos en ella [4].

Todo esto explica que con el PP la conservación de la naturaleza ha sufrido un destacable retroceso, debido, entre otras causas, a la extinción de una emblemática subespecie pirenaica de cabra montes, el bucardo (el último ejemplar de bucardo murió el 6 de enero de 2000 en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido), la aceleración en el proceso de extinción de muchas especies (el lince ibérico ha llegado al mínimo histórico de sólo 200-250 ejemplares), a la modificación desreguladora de la Ley de Conservación de la Naturaleza (p. ej. favoreciendo la caza de mamíferos en periodo de reproducción), al abandono de los humedales españoles (pese a la celebración en Valencia, en noviembre de 2002 la 8ª Conferencia Mundial de Humedales) [5], etc.

Pese a que el Ministerio de Medio Ambiente tiene como una de sus principales competencias la conservación de la naturaleza, ésta Dirección General, controlada por los técnicos forestales, se ha mostrado incapaz de coordinarse con las administraciones autonómicas y de aplicar medidas concretas para favorecer la conservación de las múltiples especies amenazadas y en peligro de extinción, potenciar la red Natura 2000 (red europea de espacios naturales), adoptar medidas eficaces para erradicar el uso del veneno y otros métodos no selectivos de caza, homogeneizar la legislación cinegética para minimizar las afecciones ambientales de esta actividad, o simplemente financiar las transformaciones de los tendidos eléctricos para evitar electrocuciones y colisiones de aves en tendidos eléctricos.

Mayor eficacia ha demostrado sin embargo el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, quien en 1999 (siendo ministra Isabel Tocino), elaboró un Plan Director de Parques Nacionales bien recibido por las organizaciones ecologistas, que estableció los criterios generales de gestión y planificación para estos parques, aunque todavía no se ha aplicado plenamente. Además desde la creación de este Ministerio han sido dos los parques nacionales declarados, el de Sierra Nevada (1999) y el de las Islas Atlánticas de Galicia (2002).

Política forestal y protección del suelo

En materia forestal, el propio Presidente del Gobierno, Sr. Aznar, se comprometió especialmente en la aprobación del Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Ley de Montes. En marzo de 2001 se presentó el borrador del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, pero actualmente el proceso de aprobación está paralizado, al parecer, por dos cuestiones: la necesidad de la aprobación del Plan Forestal Nacional para aclarar los aspectos financieros, y la necesidad de colaboración entre el MIMAM y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dado que son las malas prácticas agrícolas uno de los factores que más contribuyen a los procesos de desertificación del suelo. Mientras tanto, la desertificación sigue siendo uno de los principales problemas ambientales del Estado español.

Por su parte, la Ley de Montes ha suscitado una gran polémica, ya que debería haberse aprobado antes de elaborar la Estrategia Forestal y el Plan Forestal. Entre las principales críticas a dicha Ley, aprobada en otoño de 2003, se encuentra el escaso grado de integración de los criterios de fomento y conservación de la biodiversidad en la planificación forestal y, en general, su espíritu productivista. Como es habitual ha contado con la oposición de las organizaciones ecologistas.

Residuos y contaminación

La política de residuos con el PP sufrió una notable actividad legislativa durante la primera legislatura (con Isabel Tocino) con la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases y la Ley General de Residuos. La primera fue una transposición a mínimos de una Directiva más preocupada por homogeneizar criterios entre los países de la UE -a fin de no poner barreras comerciales que dificultaran el crecimiento de un mercado único- que de poner coto a la proliferación de residuos de envases. La ley tuvo como única consecuencia la implantación en un buen número de ciudades de una recogida selectiva bastante deficiente: la propia ley inducía a la utilización de sólo dos bolsas de basuras (envases y resto) basándose más en la preocupación por quién pagaba que en criterios de racionalidad ambiental. Dificultaba así la obtención de compost de calidad a partir de la materia orgánica depositada en una bolsa aparte e intentaba favorecer la incineración estableciendo una cuota mínima de "valorización energética".

Dejaba también a los ayuntamientos en una difícil situación financiera y trasladaba a ECOEMBES, una sociedad sin ánimo de lucro pero fuertemente influida por los productores de envases, el timón de su aplicación. Pese a que se establecía la prioridad de la reducción, reutilización y reciclado (por este orden) y a que todos los partidos menos el PP se unieron para proponer un objetivo de reducción cuantificado, la producción de residuos de envases [6] no ha dejado de crecer desde entonces y la reutilización se ha mantenido en la más estricta marginalidad.

La segunda ley obedecía a la necesidad de clasificar y establecer criterios para el tratamiento de los diversos tipos de residuos (inertes, peligrosos, de envases...) y estaba inspirada en los mismos principios y adolecía de la misma falta de ambición que la ley antes comentada. Cierto es que, tanto en un caso como en otro, el grueso de la aplicación es competencia de las CC AA o de los ayuntamientos y que la crítica al MIMAM sólo puede, en justicia, circunscribirse al diseño inadecuado del marco general.

Por otra parte, la transposición de la Directiva de Evaluación y Control Integrado de la Contaminación (IPPC en sus siglas inglesas) se ha producido con más de tres años de retraso sobre el compromiso adquirido. Lo fundamental de dicha ley [7] es que obliga a un buen número de instalaciones, de forma muy genérica y poco vinculante, a disponer de las mejores tecnologías disponibles para reducir el impacto, la producción de residuos y emisiones y el consumo de materias primas, al tiempo que hace recaer en las CC AA la concesión de la Autorización Ambiental Integrada, cuyo objetivo es asegurar que se cumplen dichos objetivos.

Litoral, costas y medio marino.

La protección del litoral, contemplado como la franja de territorio que linda con el mar, no ha sido objetivo importante ni prioritario de los gobiernos del PP a pesar de los casi 8.000 km de costa que tiene este país; más bien al contrario. Se encontró con la ley de Costas, una buena herencia de los primeros gobiernos socialistas que otorga al gobierno Central mayores competencias que a las CC.AA., y el PP ha ido proponiendo modificaciones que la han ido mermando y quitando contenidos. Así los Dominios Públicos Marítimo-Terrestres que con tanto acierto han sido contemplados como "intocables" por la citada ley, han sido modificados, en algunos casos, para pasar a ser responsabilidad de los Ayuntamientos que podrán adaptarlos a sus políticas urbanísticas. Igualmente, con la modificación realizada por el PP de la ley del Suelo que permite urbanizar todo lo no protegido, el paisaje y territorio litoral ha sufrido y sigue sufriendo un urbanismo descontrolado ante la fuerte demanda de instalaciones residenciales y turísticas.

En cuanto a la situación de las aguas del litoral hay que lamentar que el gobierno del PP no ha hecho cumplir las Directivas relativas a la depuración de aguas, tanto las residuales urbanas como las de uso industrial: en estos momentos muchos municipios españoles siguen vertiendo sus aguas residuales al mar sin algún tipo de depuración. Se siguen sin aplicar los cánones de vertidos a las empresas o, en otros casos no se cobran. En relación a los vertidos procedentes del propio mar, fundamentalmente de limpieza de buques, se sigue sin cumplir el convenio Marpol que controla el vertido de hidrocarburos en el mar.

En relación a los recursos marinos, pesca y marisqueo, hay que señalar que después de la no renovación del convenio de pesca con Marruecos, la sobreexplotación de nuestros recursos pesqueros y la falta de control en las tallas y especies se ha incrementado, fundamentalmente en las pesquerias del sur de la península, con el consiguiente perjuicio de la biodiversidad.

Turismo

La política del Partido Popular en cuanto a la problemática del turismo ha sido totalmente simplista, ya que ha intentado paralizar cualquier intervención por parte de la administración de controlar o racionalizar el crecimiento turístico y el desarrollo constructivo aparejado al mismo. Dos ejemplos claros a este respecto, es la posición de este partido ante el debate de moratoria al crecimiento de plaza alojativas en Canarias o ante cualquier clase de medida tendente a gravar parte del beneficio empresarial del turismo, como la eco-tasa en Baleares. La política del Gobierno en este terreno lo único que ha hecho es fomentar un crecimiento turístico sin planificación ni límites, que junto a las infraestructuras, afecta directamente a la sostenibilidad del sistema, así como a los espacios naturales adyacentes.

Desarrollo sostenible

El 21 de junio de 2001 Jaume Matas, en compañía del Presidente del Gobierno y del Ministro de Economía, anunció "a bombo y platillo" en la Moncloa, doce horas después de aprobar el insostenible PHN, el inicio de la elaboración de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, que obtuvo el rechazo del movimiento ecologista. Pero no fue hasta el 20 de diciembre cuando se presentó un documento de consulta para la elaboración de esta Estrategia, el cual supeditaba el desarrollo sostenible al crecimiento económico y a las políticas sectoriales que viene desarrollando el Gobierno, ante lo cual las cuatro principales organizaciones ecologistas (Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena) elaboramos un novedoso documento proponiendo 225 medidas concretas para lograr el auténtico desarrollo sostenible, medidas que fueron recibidas con total desinterés por parte del MIMAM.

Pese a que estaba previsto que dicha Estrategia se finalizase en enero de 2002, y que se presentase en el Consejo Europeo de Barcelona (durante la presidencia española de la UE) o en la Cumbre Mundial de Johanesburgo [8], la realidad es que 19 meses después de haberse iniciado su elaboración todavía no existe ni siquiera un borrador final de la, por otra parte necesaria, Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.

Mayor interés se ha demostrado, sin embargo, el PP en la realización de una costosa y vomitiva campaña publicitaria sobre el Desarrollo Sostenible, con la que se pretende justificar que el Gobierno hace algo. En 2003 el MIMAM destinó a esta campaña 11.900.000 euros y en 2004, coincidiendo con el periodo electoral, 10.200.000 euros.

Evaluación de impacto ambiental

La evaluación de impacto ambiental realizada por el Ministerio de Medio Ambiente, se ha convertido en un mero trámite administrativo. La mayor parte de las declaraciones de impacto que se han realizado han sido positivas y burdamente amañadas, al depender el resultado de las mismas, más del peso político y fáctico del organismo que las promueve que del impacto ambiental de la obra. De hecho, en los últimos cuatro años, la inmensa mayoría de las declaraciones de impacto que se han emitido desde el Ministerio, han sido positivas, y muchas de ellas merecerían aparecer en las antologías del disparate, por su falta de rigor, parcialidad y tendenciosidad. Por si fuera poco, en los contados casos que el MIMAM ha osado publicar una declaración negativa a obras en las que el Ministerio de Fomento tenía interés (un pequeño tramo del AVE Madrid-Barcelona a su paso por el Ebro -el Soto del Aguilar-, y un tramo de autopista entre Madrid y Ávila) estas resoluciones se han revocado en Consejo de Ministros.

Por otra parte, no se ha hecho ningún seguimiento del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras exigidas en las declaraciones de impacto. Cuando se han denunciado los incumplimientos ante el Ministerio, éste no se ha molestado ni en comprobarlos y por supuesto nunca ha enviado ni siquiera una carta al promotor, pidiéndole que cumpla lo establecido en la declaración de impacto ambiental.

Además, sigue sin aplicarse la evaluación de planes y programas, con lo que se repite hasta la nausea la situación de que una instalación es evaluada separadamente de otras relacionadas con ella sin que exista ninguna posibilidad legal de evaluar consistentemente los efectos acumulados [9].

En definitiva, podemos afirmar que la evaluación de impacto ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente ha alcanzado un grado de degradación tal, que le coloca muy por debajo de todas las evaluaciones de impacto ambiental de las comunidades autónomas en lo que a este aspecto se refiere, cuando debería constituir un ejemplo para las mismas, al ser de hecho la primera administración que empezó a realizar evaluaciones de impacto. De este modo la evaluación de impacto ambienta no ha servido para poner ni un ápice de racionalidad ambiental en la alocada aparición de proyectos de infraestructuras de transporte, hidrológicos, energéticos, etc.

Política internacional

Respecto a las relaciones internacionales, el Gobierno español ha decidido defender la guerra como forma de gobierno y de resolución de conflictos globales. Embarcados en la cruzada antiterrorista del gobierno Bush por el Gobierno del PP tenemos que ver, con frustración, como el Estado Español justifica, un manifiesto incumplimiento de la legalidad internacional, que coloca al sistema de Naciones Unidas en la cuerda floja y que recupera la fuerza como forma de hegemonía. Este Gobierno del PP se recordará por que con su posicionamiento y colaboración con fuerzas de ocupación en la barbara patraña bélica de Iraq han potenciado un mundo más injusto, intolerante y violento, y lo que es peor, con el absoluto desprecio a principios democráticos básicos y al sentir mayoritario de la ciudadanía.

El Gobierno del PP se ha destacado en su política por la defensa de valores insolidarios e insostenibles social y ambientalmente. Un ejemplo palmario han sido las posturas defendidas por el Gobierno Español en la cumbre de Cancún de la OMC, ya que ha apostado por un modelo de globalización neoliberal, basado en la potenciación de las multinacionales como motor económico y en continuar con el proceso de privatización de los Servicios Públicos (abastecimiento de agua, sanidad, educación, pensiones). Todo ello, a pesar de sus desastrosas consecuencias sociales y ambientales en los países del Sur e incluso en los del Norte están teniendo este tipo de privatizaciones (ejemplo de ello podrían ser la perdida de calidad en la sanidad y los recortes a la enseñanza pública). También se han intentado liberalizar las inversiones. Un último aspecto importante ha sido el intento de proteger, aun más, los Derechos de Propiedad Intelectual con los que las multinacionales se están apropiando de saberes colectivos, e impidiendo el acceso al conocimiento de pueblos enteros. En definitiva, el Gobierno ha colocado, una vez más, al mercado por encima de la conservación del planeta y de la pervivencia y calidad de la vida de los seres que lo habitan.

También habría que mencionar la disminución de la Ayuda Oficial al Desarrollo que, además, se ha centrado de forma considerable en un único país: Iraq.

Por último, comentar el reiterado incumplimiento de Convenios y Directivas ambientales y de otras como las de pesca.

Política en la UE

En lo que respecta a la UE, el gobierno está siendo uno de los adalides de convertirla en un fiel reflejo de EEUU. Así, la UE no sólo continúa por la senda de "convertirse en el mercado más competitivo a nivel mundial", a costa de la progresiva privatización de los servicios públicos o las sucesivas desregulaciones laborales. Además apuesta, desde la Comisión Europea, por la economía financiera de alto carácter especulativo con su política de un euro fuerte, cueste lo que cueste. Pero no sólo eso, también se está dotando de un brazo militar (con la participación, aunque sea a regañadientes, de nuestro Estado). Por último, el reciente proceso de Constitución Europea no es más que el necesario paso adelante en la vocación de la UE de convertirse en superpotencia. Para que el euro se convierta en una divisa que pueda hacerle verdadera sombra al dólar tiene que tener detrás una potencia no sólo económica, sino también política y militar, que es lo que se intenta alcanzar con la ampliación de la UE y la Constitución Europea.

Política y social

La apuesta por un capitalismo salvaje también se ha visto reflejado a nivel interno. Un buen ejemplo de ello fue el "decretazo", el cual fue respondido a nivel social con una exitosa huelga general. Pero no sólo eso, la reforma educativa en primaria y enseñanzas medias (LOCE), así como en universitarias (LOU) también se han realizado bajo el paradigma de la competitividad, la segregación de "l@s menos aptos" y la educación pensando en crear sujetos productivos y no críticos. Por no olvidar el proyecto de obligatoriedad de cursar religión católica que supone la LOCE.

Tampoco podemos olvidar las reformas a la legislación de extranjería, que, con el apoyo del PSOE, van reduciendo el fenómeno de la inmigración a un problema de orden público que criminaliza cada vez más a los/las inmigrantes, sembrando la intolerancia y la diferencia.

Y unido a esto está el aumento de la violencia doméstica, que recae en otro de los colectivos más afectados por las políticas del PP: la mujer. En estos años de legislatura no hemos visto sino aumentar los casos en la crónica negra de la prensa, a la par que aumentaban las declaraciones políticamente correctas de los dirigentes del Gobierno sin tomar ninguna medida.

También hay que nombrar un problema de primer orden: el de la vivienda. Un derecho recogido en la Constitución que ha pasado a convertirse no sólo un lucrativo instrumento de inversión y especulación; sino, lo que es más grave, en un lujo para gran parte de la población.

Y bajo el mismo paraguas de "lucha contra el terrorismo" que tiene a nivel internacional en el Estado Español el PP se ha dedicado a recortar los derechos de manifestación y expresión, así como a criminalizar a los movimientos sociales. Como ejemplos valgan la represión contra las multitudinarias manifestaciones contra la guerra, o la persecución del movimiento ecologista. Pero no sólo eso, el PP se ha dedicado a ilegalizar ideas con un discurso y unas prácticas totalitarias. De este modo, el PP está siendo uno de los principales responsables de que el "conflicto vasco" sea cada vez más un asunto enquistado en el que ya no se deje espacio a la palabra.

Participación

Los sucesivos gobiernos del PP han mostrado un escaso interés en crear organismos de participación en los que encontraran motivos para participar las organizaciones ecologistas. A título de ejemplo, el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) ha estado inactivo durante la mayor parte de los gobiernos del PP. En el último año, ante la modificación de la composición de dicho organismo por parte de Matas, que supuso la reducción de los representantes ecologistas de 11 a 2, los principales grupos ecologistas se han mantenido al margen del CAMA. Ante la evidente falta de interés en crear un auténtico órgano de participación en materia ambiental que facilite la participación ecologista, todas las organizaciones decidimos no participar.

Otra demostración del nulo interés ministerial en la participación de las organizaciones ecologistas es que en otros consejos asesores temáticos, como el Consejo de la Red de Parques Nacionales o el Consejo Nacional de Bosques, los sucesivos ministros de Medio Ambiente, pese a ser presidentes de los mismos, no asisten a sus reuniones.

Por otra parte, los gobiernos del PP están impidiendo a la sociedad civil el ejercer unos derechos de participación que incluso en países de Asia central han sido garantizados gracias al Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, más conocido como el Convenio de Aarhus. Pese a que este Convenio fue ratificado por las Cortes Generales en mayo del 2001, el Gobierno español decidió posponer el depósito del instrumento de ratificación del Convenio impidiendo con ello su aplicación.

Catástrofes del Prestige y Doñana

Durante los gobiernos del PP han sido frecuentes los sucesos catastróficos vinculados al medio ambiente: riadas que se cobran vidas humanas, epidemia de las vacas locas, emisiones radiactivas de acerías (con especial relevancia en el caso de Acerinox), accidentes en Puertollano... Pero sin lugar a dudas fueron la rotura de la balsa de Boliden, que sembró de productos tóxicos el entorno de Doñana, y la más reciente catástrofe del Prestige, las que supusieron el punto álgido [10]. Para los sucesivos ministros del PP la reacción inicial siempre ha sido pensar que la catástrofe no existe o que no va con ellos. Cuando los hechos se imponen de manera tozuda, fingen haber sido los más preocupados (con responsabilidad y sin histeria, eso sí) desde el principio. Simulan una actuación frenética. Descalifican invariablemente a quienes les critican señalando que buscan la creación de una alarma social infundada. Ejecutan políticas de gestos que amplifican los medios de comunicación afines, y dan por cerrada la crisis (gracias a su responsable y certera actuación y a pesar de lo que puedan decir las leyes de la física y de la ecología) con una celeridad que resulta milagrosa.

En definitiva, y a modo de conclusión, las catástrofes son la manifestación paradigmática del conflicto de los gobiernos de derechas y el medio ambiente: son problemas que les gustaría que no existieran, pero que no pueden ignorar. Que aparecen por sorpresa como límites claros a sus valores e ideas más queridos, como la responsabilidad y el sentido de la actuación de los empresarios como verdaderos conductores del desarrollo social. Puesto que no los pueden negar, simulan una preocupación que no sienten ni por supuesto saben expresar. Aspiran a que los hechos, ya que son desagradables y repugnan a las conciencias bienpensantes de las sociedades satisfechas, sean sustituidos por la propaganda que despliegan sin rubor. Y, para terminar, dan por cerradas las crisis con su mágica intervención hasta ser despertados en su angelical sueño por la brusca aparición de la siguiente manifestación de su pesadilla: la contradicción entre el crecimiento económico ilimitado e incontrolado y ese estúpido medio ambiente.

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