QUEJA ANTE LA COMISIÓN EUROPEA POR INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO COMUNITARIO DEL REINO DEL ESPAÑA POR LA APROBACIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

1.	Datos del denunciante
Entidad que presenta la queja: ........., de nacionalidad española, con domicilio a efecto de notificaciones en ....., con número de teléfono ..., número de fax ...., y correo electrónico .....
Representante legal: Don o doña ......, de nacionalidad española, con domicilio a efecto de notificaciones en .... , con número de teléfono ..., número de fax ... y correo electrónico ...
Persona de contacto: Don o doña ......, de nacionalidad española, con domicilio a efecto de notificaciones en .... , con número de teléfono ..., número de fax ... y correo electrónico ...
Nota: Autorizo a la Comisión a revelar la identidad de la entidad denunciante en la tramitación de la queja y en sus gestiones ante las autoridades del Estado miembro contra el que se dirige la denuncia.

2.	Datos de la queja
Estado miembro y autoridad que han incumplido: El Reino de España y en concreto el Parlamento español con la aprobación de la ley... por la que se aprueba el Plan Hidrológico Nacional (en adelante PHN).
Acto que incumple el Derecho comunitario: Ley ……. del Plan Hidrológico Nacional que ha aparecido publicada en el Boletín Oficial del Estado de ……. (anexo 1).
Normas de Derecho comunitario incumplidas:  Sin perjuicio que puedan evidenciarse otros incumplimientos más adelante, en la actualidad entendemos que al menos se han infringido las siguientes disposiciones:
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, DO L 327, 22-12-2000 (en adelante Directiva marco del agua);
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, DO L 103, 25-04-1979 (modificada) (en adelante Directiva aves)
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, DO L 206, 22/07/1992 (modificada) (en adelante Directiva hábitats),
Así como otras disposiciones de Derecho comunitario y principios y objetivos de la Unión Europea relacionados con las Directivas citadas.

3.	Hechos
El Estado Español ha aprobado la Ley ……. del Plan Hidrológico Nacional (en adelante, PHN), que ha aparecido publicada en el BOE de ……. (anexo 1).
Dicha Ley prevé la construcción de un centenar de grandes embalses, varios trasvases (en especial, el trasvase Ebro-Júcar-Segura), cientos de kilómetros de encauzamientos y otras infraestructuras que afectan de forma directa o indirecta a casi un centenar de espacios incluidos o próximos a ser incluidos en al Red Natura 2000, como son las ZEPAs y los lugares propuestos como LICs. A lo largo de las consideraciones siguientes se pondrá en evidencia la disconformidad del PHN con el Derecho comunitario y las repercusiones que esto genera en todo el territorio del Estado español, si bien se hará un análisis más pormenorizado de su incidencia en las cuencas afectadas por el gran macrotrasvase del Ebro y, en especial, sobre uno de los espacios más afectados, el Delta del Ebro.

4.	Derecho comunitario incumplido
En los párrafos posteriores vamos a poner de manifiesto los aspectos que consideramos más relevantes del incumplimiento que realiza España con la aprobación del PHN.

4.1.	Directiva marco del agua
La Directiva marco del agua es incumplida por PHN en distintos aspectos y vamos a analizar los más destacables en los siguientes epígrafes.

4.1.1.	Aplicabilidad y el deber de lealtad comunitaria
El Gobierno español mantiene una posición ambivalente a este respecto, pues de los documentos del PHN se deduce que la entiende aplicable, y sin embargo ha omitido su cumplimiento con la aprobación del mencionado PHN.
-	En el “Volumen 4. Análisis ambientales” reconoce su aplicabilidad:
o	La exposición del documento tendrá un carácter teórico-descriptivo... y “haciendo referencia a los criterios generales de evaluación de impactos y Directiva Marco, de interés normativo en relación con tales proyectos” (página 15).
o	“2 Regulaciones básicas: Seguidamente y antes de entrar en el detalle de las actuaciones e impactos previsibles, se considerarán las normas reguladoras básicas relevantes a estos efectos, y que son las de evaluación de impacto ambiental, la Directiva hábitats, y la Directiva Marco de Aguas.” (página 17).
o	El epígrafe “2.4 La Directiva Marco de Aguas” aborda específicamente la aplicación pero diluye su obligatoriedad y la somete al interrogante del texto definitivo ya que en la fecha de redacción (setiembre de 2000) aún no estaba aprobada dicha directiva (páginas 22 a 28).
Todo Estados miembros tiene la obligación imperativa de adoptar todas las medidas necesarias para alcanzar el resultado prescrito por una Directiva conforme al artículo 249 del TCE (sentencias 01-02-1977, Verbond van Nederlandse Ondernemingen, 51/76, Rec. p. 113, apartado 22; de 26-02-1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, apartado 48; de 24-10-1996, Kraaijeveld y otros, C-72/95, Rec. p. I-5403, apartado 55; y de 18-12-1997, C-129/96, Rec. p. I-7411, apartado 40).
La Directiva marco del agua otorga un plazo de adaptación de tres años a los Estados miembros (artículo 24.1), pero también es cierto que dicha Directiva entró el vigor el día de su publicación en el Diario Oficial (artículo 25), y esta entrada en vigor comporta determinados efectos jurídicos. En este sentido, el Tratado constitutivo equipara la entrada en vigor con la producción de efectos jurídicos conforme al artículo 254.3 TCE (sentencia de 18-12-1997, C-129/96, Rec. p. I-7411, apartado 41)
Por otra parte, el deber de actuar con buena fe, lealtad y cooperación (artículo 10 TCE) determinan una obligación de comportamiento del Estado que va más allá de la mera adaptación legislativa en tiempo y forma de la Directiva.
Entendemos que la Directiva marco del agua, al igual que cualquier otra Directiva, es una disposición comunitaria que nace con unos fines generales y con la vocación de alcanzar unos objetivos concretos que se ven secuenciados en el tiempo para facilitar a los Estados miembros su logro.
El lapso temporal existente entre la entrada en vigor de la Directiva y su adaptación última, constituye un período creado para facilitar el cumplimiento (sentencia de 18-12-1997, C-129/96, Rec. p. I-7411, apartado 43) y no una “licencia para incumplir”.
Conforme al artículo 10 TCE, los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones comunitarias. Así pues, si una Directiva otorga un plazo de adaptación, desde la entrada en vigor de dicha Directiva, el Estado miembro debe comenzar a asegurar que cuando termine el período de adaptación podrán cumplirse sus fines y objetivos, y tendrá todo dispuesto para hacerlos posibles (sentencia de 18-12-1997, C-129/96, Rec. p. I-7411, apartado 44).
El principio de lealtad comunitaria derivado de este artículo, impide que un Estado miembro aproveche este período de adaptación para dictar disposiciones que sean contrarias a lo aprobado por las Instituciones de la Unión, en las que dicho Estado participa. Y, sobre todo, prohíbe que una disposición del mencionado Estado miembro pueda mermar el resultado pretendido por la Directiva a corto, medio o largo plazo. Estamos ante una concreción en el ámbito comunitario, del principio de buena fe en el que se basa el cumplimiento de los tratados previsto en el artículo 26 del Convenio sobre el derecho de los tratados, celebrado en Viena el 23 de mayo de 1969. 
Téngase en cuenta que el Tribunal de Justicia rechazó la posición mantenida por los Gobiernos de Bélgica y Francia que mantenían que “hasta el fin del plazo de adaptación del Derecho interno a una Directiva, los Estados miembros gozan de libertad para adoptar normas que no se ajusten a ella” (sentencia de 18-12-1997, C-129/96, Rec. p. I-7411, apartado 38).
Si esta exigencia de buena fe, lealtad y cooperación tiene sentido en cualquier ámbito material del Derecho comunitario, es más necesaria e imperativa en medio ambiente. Recordemos que la irreversibilidad de la mayor parte de los daños ecológicos es uno de los caracteres del derecho ambiental, carácter sobre el que se apoyan los principios comunitarios de cautela y acción preventiva recogidos en el artículo 174.2 TCE.
En este sentido, el Tribunal de Justicia ha dicho que los Estados miembros deben abstenerse de adoptar medidas que puedan comprometer gravemente el resultado prescrito por una directiva durante el plazo de adaptación del derecho interno a ella (sentencia 18-12-1997, C-129/96, Rec. p. I-7411, apartado 45).
Como vamos a ver el PHN constituye una disposición que compromete gravemente el resultado prescrito por la Directiva marco del agua.

4.1.2.	Obligación de realizar una adaptación correcta
Como ya hemos puesto de manifiesto, la Directiva marco del agua ya se encuentra en vigor desde el 22 de diciembre de 2000. Así cualquier Estado miembro puede adoptar desde esa fecha las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la mencionada Directiva (artículo 24.1).
España, ha aprobado una disposición referida expresamente a la política nacional de aguas, el PHN, con una proyección temporal de aplicación que va más allá del 22 de diciembre de 2003. Por tanto, está realizando de hecho una adaptación de la Directiva marco del agua.
La propia exposición de motivos de la Ley del PHN expresa literalmente que “no puede permanecer indiferente” ante la Directiva marco del agua, que constituye “patrón” de las políticas de agua y que “hace suyos los principios esenciales”. Aunque como veremos, en sus previsiones los vulnera con profusión.
Por ello, en la medida que contraviene las normas y los postulados básicos de la disposición comunitaria, constituye en sí mismo una trasgresión de la misma. Debemos colegir que cualquier producción normativa que se apruebe en el período de adaptación por los poderes públicos españoles deberá respetar y adaptar a nuestro ordenamiento jurídico el Derecho comunitario. Dicho de otro modo, el Plan Hidrológico Nacional representa ya “una adaptación incorrecta” de la Directiva marco del agua.
El PHN es para el Estado español la última posibilidad de poner en práctica una política obsoleta. Supone un profundo retroceso en relación con la gestión sostenible del agua, la conservación de su calidad ecológica y la de los ecosistemas acuáticos y terrestres que dependen de la misma, así como un atentado sin precedentes contra el mantenimiento de su valiosa diversidad.
España pretende aprobar en el período de adaptación, un PHN que de ninguna de las formas podría aprobar concluido dicho período por su contradicción con la Directiva marco del agua.
Esa voluntad desleal para con la Unión se ha visto precedida de un obstruccionismo en el procedimiento legislativo de la Directiva marco del agua. Así, con el fin continuar con su política de aguas, ha querido que la base jurídica de dicha Directiva fuera el apartado 2 y no el 1 del artículo 175 TCE. Es decir, ha pretendido que necesitara la unanimidad en su aprobación para vetar las limitaciones a su política hidrológica.
Con este fin, celosa de sus competencias en la “gestión de los recursos hídricos” ha mantenido que cuando una disposición pretenda regular la gestión de este tipo de recursos, debe aprobarse por unanimidad, al considerar que el artículo 175.2 TCE es una norma especial frente a la norma general del artículo 175.1 TCE que exige la mayoría cualificada. Esta posición ha sido contestada por la Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo y Estados como Francia, Portugal y Finlandia.
El Gobierno español, durante la tramitación de la Directiva marco del agua, para defender el citado criterio, llegó a la incoherencia de recurrir la Decisión 97/825/CE relativa a la celebración del Convenio sobre la cooperación para la protección y el uso sostenible del Danubio; recurso que ha sido desestimado en sentencia de 30 de enero de 2001, asunto C-36/98.

4.1.3.	Obligación de no causar deterioro en el estado de las aguas superficiales, subterráneas y de las zonas protegidas
El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal (considerando 1). Para ello, la Directiva marco del agua establece el principio de no deterioro y lo formula con carácter general y como objetivo “medioambiental”.
El primero de los fines propuestos por la Directiva marco del agua es establecer un marco para la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas que prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los ecosistemas acuáticos y, con respecto a sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y humedales directamente dependientes de los ecosistemas acuáticos (artículo 1.a).
Pero además de constituirse en finalidad de la Directiva, también considera que deben fijarse objetivos medioambientales para garantizar el buen estado de las aguas superficiales y subterráneas en toda la Comunidad y evitar el deterioro del estado de las aguas en el ámbito comunitario (considerando 25). Se concreta como objetivo medioambiental o meta material de los programas de medidas expresamente para las aguas superficiales (artículo 4.1.a.i) y las aguas subterráneas (artículo 4.1.b.i), y tácitamente para las zonas protegidas (artículo 4.1.c).
Como principio se encuentra en el punto de partida lógico y razonable de toda política de aguas, pues de qué serviría una política avanzadísima si se fijara en el largo plazo permitiendo una deterioro actual. Recordemos que el carácter generalmente irreversible del daño ambiental se encuentra en la base de los principios de cautela y acción preventiva establecidos por el Tratado constitutivo (174.2 TCE), y de debe atravesar toda la política ambiental.
Por otra parte, el principio de no deterioro, como objetivo medioambiental no tiene estipulado un plazo para su consecución, lógicamente porque se encuentra tácitamente incluido en toda la legislación comunitaria de aguas. Así no necesita un plazo específico porque se comprende entre los efectos jurídicos aplicables de forma inmediata, desde la entrada en vigor de la Directiva.
Complementa este argumento el hecho de que, como objetivo medioambiental, sólo se excepcione su cumplimiento en situaciones de necesidad muy cualificadas como son la fuerza mayor (artículo 4.6) o el interés público superior (artículo 4.7). Por otra parte, España no se ha argumentado ni justificado la existencia de ningún supuesto excepcional.
España también ha dado muestras expresas de compartir esta concepción cuando en el citado “Volumen 2. Análisis Ambientales” del PHN manifiesta que “En el caso de que un Estado miembro de la Unión decidiera acometer un trasvase, habría que considerar la magnitud de su afección sobre el estado ecológico de las aguas y el principio de no retroceso, por el que una masa de agua no puede tener un estado ecológico inferior al existente en el momento de adoptarse la Directiva, los márgenes interpretativos de la norma, y las posibilidades de actuación excepcional que ofrece el texto vigente” (página 23).
En definitiva, el PHN en sí como estrategia de planificación contraviene el Directiva marco del agua y va a producir un impacto ambiental de carácter global que deteriorará el estado de las aguas superficiales, subterráneas y de las zonas protegidas.

4.1.3.1.	Deterioro del estado de las aguas por la reducción del caudal ecológico
La Directiva marco del agua comporta un cambio en todos los parámetros utilizados hasta la fecha en la planificación hidrológica al establecer en la cúspide de la pirámide de intereses los ecosistemas acuáticos (artículo 1).
Ello hace que la unidad territorial de planificación y gestión amplíe su ámbito y así la demarcación hidrográfica es “la zona marítima y terrestre compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras asociadas” (artículo 2.15).
Por lo tanto, las aguas costeras y de transición se incorporan plenamente a la demarcación geográfica definida por la cuenca, lo que plantea serios problemas en un Estado descentralizado como el nuestro, en el que la distribución competencial de las aguas continentales es distinta al reparto de competencias articulado respecto a las aguas marítimas.
Es conocida de todos la vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos situados cerca de las costas. Por ello, es un objetivo de la Directiva la protección de los deltas, de los estuarios y de las zonas costeras cuyo equilibrio dependa en buena medida de la calidad de las aguas que fluyen hacia ellas. Pues bien, el PHN, al prever el trasvase Ebro-Júcar-Segura, no sólo está propiciando la existencia de graves impactos negativos sobre la conservación de la funcionalidad ecológica y ambiental del Delta del Ebro sino también sobre las aguas costeras del entorno, por la sustancial reducción de los aportes de agua y caudal sólido, de consecuencias muy negativas sobre la dinámica litoral y sobre el mantenimiento de recursos estratégicos como las playas y las pesquerías dependientes de tales aportes.
La detracción de aguas del Ebro para el trasvase previsto en el PHN (1.050 hm3 al año) agravaría de forma importante el deterioro ecológico que ya padece por la reducción existente de caudales y la eutrofización. Produciría un intenso agotamiento del oxígeno en la cuña salina acompañado de la total desaparición de la flora y fauna de parte del estuario.
El informe adjunto (Anexo XX) acredita que los caudales mínimos, “actuales” y futuros recogidos en el PHN el tramo final del Ebro y las concepciones en que se basan son científicamente incorrectos.
Según dicho estudio científico el régimen y la aportación mínimas de caudal necesario para evitar la cuña salina una parte del año y evitar períodos prolongados de anorexia se estima en un total de 7.465 hm3 año-1. Aportación mínima a la que habría que sumar de forma imprescindible la aportación de caudales, en forma de crecidas controladas, para obtener un aporte suficiente de sedimentos.
Sin embargo el aporte mínimo contemplado por el PHN que es idéntico al previsto en el Plan Hidrológico de Cuenca del Ebro, es muy inferior al que se acredita necesario y su implantación supondría un grave deterioro.
Por otra parte, el PHN incurre en contradicción cuando en su Disposición Adicional Décima de la Ley del PHN incorpora la necesidad de elaborar, en el plazo de un año, un plan que “asegure el mantenimiento de las especiales condiciones ecológicas del Delta del Ebro”, y se fija el contenido mínimo de éste. Entendemos que este plan debería ser previo a la aprobación del PHN, puesto que antes de aprobar un trasvase que puede afectar sensiblemente el Delta se debería garantizar de antemano en mantenimiento del Delta en un buen estado ecológico. En cierto modo, este plan equivaldría a la evaluación de impacto ambiental que debería ser previa a la aprobación del PHN.
Por último, téngase en cuenta que el necesario caudal ecológico determina a ultranza la subsistencia de hábitats de especies protegidas por las Directivas aves y hábitats.

4.1.3.2.	Deterioro del Delta del Ebro
Hemos procedido a seleccionar uno de los ámbitos territoriales que más afecciones va a sufrir si se pone en práctica lo dispuesto en el PHN, el Delta del Ebro, sobre el que existen importantes estudios. El Delta del Ebro es una de las zonas húmedas más importantes de Europa y la segunda Zona de Importancia para las Aves de España (IBA). Está protegida por las figuras de Parque Natural, Zona de Especial Importancia para las Aves (ZEPA) y Zona Ramsar, entre otras.
Su funcionamiento ecológico, su economía, e incluso su supervivencia física, depende de las aportaciones de agua dulce y sedimento procedentes del río Ebro. Sin embargo, el PHN no ha tenido en cuenta todos los requerimientos de agua, nutrientes y sedimentos para la sostenibilidad del sistema. Cabe recordar nuevamente que la nueva Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea obliga a considerar los requerimientos de las zonas costeras y marinas en la gestión de las cuencas fluviales.
A tal efecto, en un informe adjunto (Anexo XX) Carles Ibáñez ha sintetizado las afecciones sobre el Delta en las siguientes conclusiones:
El agua dulce que actualmente va a parar al mar no se pierde. El caudal mínimo contemplado en el PHN no tiene en cuenta que el agua dulce que llega al mar y a las bahías del Delta tiene un papel determinante en la riqueza biológica, pesquera, marisquera y acuícola de su entorno, actividades de las que depende un número importante de personas para sobrevivir.
La aportación de sedimentos es vital para el Delta del Ebro y para todo el litoral. Ni la Ley  española de Aguas ni el PHN tienen en cuenta la aportación de los sedimentos de los ríos. Los ríos, aparte de un caudal líquido, llevan también un caudal sólido que juega un papel fundamental en el mantenimiento de las costas y más en concreto de los deltas y de las playas, de las cuales depende el potencial turístico. Es evidente que los sedimentos necesitan grandes caudales de agua para su transporte, y eso no ha sido considerado por el Plan de Cuenca y por el PHN a la hora de determinar el caudal ecológico.
El PHN exagera los caudales actuales del Ebro para justificar los excedentes. El PHN contempla unos recursos hídricos para el tramo final del Ebro superiores a 12.000 Hm3 anuales sin tener en cuenta que la aportación es progresivamente decreciente como consecuencia del aumento de los regadíos, embalses y otros usos. Desde la década de los 60 hasta ahora, la aportación del Ebro al tramo final se ha reducido aproximadamente a la mitad. La estimación de las aportaciones del Ebro en su tramo final se han hecho utilizando valores medios, sin tener en cuenta los largos períodos de sequía que se producen, y que se deberían tener en cuenta pera la estimación de los recursos futuros existentes a efectos de la planificación hidrológica. Por otra parte, la planificación de los nuevos usos del agua (trasvase, regadíos, etc.) se ha hecho sin tener en cuenta los posibles efectos del cambio climático, que pueden agravar aún más la situación. Los objetivos del PHN de convertir el tramo final del Ebro en canal de agua con un caudal más o menos constante de unos 100 m3/s es totalmente inaceptable, tanto por razones de conservación del ecosistema fluvial, como del sistema deltaico. Se debe considerar un régimen fluvial dinámico que garantice el mantenimiento de todas las funciones ambientales.
La reducción de caudales favorece los procesos de salinización. La progresiva reducción del caudal fluvial está acentuando cada vez más el carácter estuarino del río aguas abajo de Tortosa, de manera que cada vez el agua de mar penetra más río arriba y durante más meses del año. El análisis del Plan Hidrológico concluye que el impacto negativo de la mayor presencia de la cuña salina en el tiempo se podría mitigar reduciendo su presencia en el espacio con una adecuada regulación de caudales. Sin embargo, el principal problema ecológico del estuario no es tanto el hecho de que la cuña salina pueda remontar aguas arriba de Amposta unos meses al año (es un fenómeno que ha ocurrido siempre) sino el problema del agotamiento de oxígeno en la cuña salina por eutrofización, aspecto que empeoraría con la disminución de caudales del río. Por lo tanto, los esfuerzos por mitigar el impacto negativo del PHN en el estuario se deberían centrar en medidas que comporten una mejora de la calidad del agua del río. Por otra parte, la mayor presencia de la cuña salina favorece la salinización de los acuíferos a partir del río, sobre todo en periodos de sequía. Finalmente, el aumento de los regadíos en la cuenca, muchos de ellos en suelos salinos, ha hecho aumentar considerablemente la salinidad del agua del Ebro. El aumento de esta tendencia en el futuro debido a la disminución de caudales y la existencia de nuevos regadíos puede poner en peligro la producción agrícola de los cultivos que se riegan con el agua del Ebro.
El PHN no considera de forma adecuada las exigencias de calidad del agua y de buen estado de los ecosistemas fluvial y deltaico. La disminución de caudales debido a los trasvases y el aumento de los usos del agua en la cuenca implicaría también una disminución de la calidad del agua, que puede afectar notablemente al estado ecológico del río y del Delta del Ebro, así como al abastecimiento de poblaciones y el uso recreativo. Este tema se debería abordar de forma mucho más rigurosa en el PHN, estableciendo objetivos claros de calidad y de control del estado ecológico mediante el uso de indicadores biológicos, tal y como exige la nueva Directiva Marco de Aguas.
Como conclusión cabe remarcar que el PHN no garantiza las necesidades tanto de cantidad como de calidad de agua y cantidad de sedimentos para el tramo final del Ebro, poniendo en grave peligro tanto su futuro económico como la conservación del río y del Delta del Ebro.

4.1.3.3.	Deterioro de...
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4.1.4.	Inobservancia de los principios de recuperación de los costes y de quien contamina paga
La Directiva marco de aguas determina que los Estados miembros tendrán en cuenta el principio de recuperación de los costes en los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos y en particular de conformidad con el principio de quién contamina paga (artículo 9).
En la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre “Política de tarificación y uso sostenible de los recursos hídricos” se indica que la tarificación más favorable para el medio ambiente se basará en los siguientes principios: a) una aplicación más firme del principio de recuperación de costes; b) una aplicación más amplia de estructuras de tarificación incentivadoras y el fomento de dispositivos de medición; c) una evaluación de los principales costes ambientales; d) un proceso transparente de desarrollo político por la participación de los usuarios/consumidores; e) una aplicación progresiva de la política de tarifación que integre mejor unos principios económicos y ambientales sólidos.
Aunque la exposición de motivos de la Ley del PHN declara que el régimen económico-financiero de las transferencias “se rige por los principios de recuperación de costes en línea con lo establecido por la Directiva marco de Aguas”
El PHN, lejos de haber tenido en cuenta estos principios, establece un régimen que los contradice frontalmente.
El PHN debe adecuarse a ciertos modelos de gestión económica y de repercusión de los costes sociales y ambientales. Esto debería suponer que las obras hidráulicas que contempla dejaran de ser una simple obra de ingeniería. Dicho de otro modo, las circunstancias económicas, sociales y ambientales deberán prevalecer sobre cualquier otra consideración. Y entre esas circunstancias destacan por su importancia las relativas a la previa identificación de los beneficiarios de la obra de regulación y de las obligaciones y cargas que asumen.
Pues bien, el PHN no sólo no procede a la definición exacta de los beneficiarios, sino que el análisis económico realizado (Anexo XX) acredita que el PHN parte de un precio del trasvase absolutamente ficticio. En él se afirma que una aproximación incompleta a los precios reales del agua como hace el PHN produciría un importante abandono del regadío al convertirse en una actividad económica no rentable.  Con un precio medio del agua a trasvasar según el PHN de 52 ptas/m3, la demanda de agua para riego se reduciría fuertemente y si pasara de las 60 ptas/m3 llegaría a desaparecer por completo. En las gráficas y explicaciones recogidas en las páginas 161 y 162 del documento Análisis económicos del PHN se recoge la demanda de agua para riego podría soportar precios en torno a las 15-20 ptas/m3 pero si los precios se elevaran hasta las 30-40 ptas/m3 la demanda se contraería fuertemente en las zonas del Guadalquivir, Guadiana y Valencia y en menor medida en Castellón y el Sureste. Ahora bien cuando el precio alcanza las 60-70 ptas/m3, las demanda cae hasta los 100 hm3/año. 
Como se demuestra a lo largo del estudio que adjuntamos, las 52 ptas/m3 que plantea como precio del agua el PHN vulnera por completo el contenido y filosofía de la Directiva Marco de Aguas y no se ajusta en absoluto al precio real del recurso. Dicho precio se utiliza para realizar unas estimaciones de la demanda completamente irreales e infladas que justificarían las obras recogidas en el Plan (conviene recordar que el 70% del agua trasvasada se destinará a usos de regadío). Incluso con una simple ponderación por tramos y consumo del recurso, podemos observar como el precio del agua se elevaría muy por encima de lo estimado por el Ministerio de Medio Ambiente haciéndolo inviable desde el punto de vista económico. 
Por otra parte el PHN, en la página 151 de Análisis económicos, plantea una curva de demanda del agua urbana prácticamente rígida hasta un precio del orden de las 200 ptas/m3 y con reducciones máximas del 10% al multiplicar por diez el precio del agua. La inflexibilidad es absolutamente falsa, ya que se ha demostrado en múltiples ocasiones que pueden realizarse reducciones muy significativas de las dotaciones con políticas de gestión adecuadas. De hecho, las grandes ciudades han reducido su consumo real en los últimos años (tal como ha sucedido, por ejemplo, con Barcelona y Zaragoza). Esta última sometió a información pública un proyecto de Plan General de Ordenación Urbana en 1993 en el que textualmente se decía: “En cuanto a la demanda del recurso, el volumen total de agua captado tiende a disminuir desde 1979, con un ahorro del 20% en estos años; como causas se pueden señalar: 1) el aumento del precio de la tarifa, que intenta recoger el coste real del servicio e induce a recortes de los consumos o al uso alternativo, como es el caso de algunos usos industriales; 2) la extensión de la factura por contador como estímulo racionalizador del consumo; 3) la política de renovación de redes, con reducción de las pérdidas (el 20% del total de la red se ha renovado en estos 10 últimos años con tuberías de fundición dúctil; 4) la implantación de riego en espacios verdes con agua del fréatico, en lugar de hacerlo con agua potable; 5) las reformas de la planta potabilizadora, que han permitido reducir el consumo de agua en el proceso de tratamiento…”.
Por último, y con relación al cumplimiento de las previsiones del artículo 9 de la Directiva, se pueden destacar otras graves contradicciones que ponen de manifiesto la falta de rigurosidad, cuando la tergiversación o manipulación, de los datos que han servido para apoyar el análisis económico del Plan. En primer lugar, plantea serias dudas el análisis de la totalidad de los costes requeridos por las diferentes infraestructuras hidráulicas contempladas en el PHN, y en particular el trasvase Ebro-Júcar-Segura. Estas dudas se sustentan en la omisión de aspectos esenciales de la estructura de costes como la expropiación de los caudales ya concedidos, la omisión de referencia alguna a los costes de oportunidad, la inadecuada valoración de los costes energéticos por la introducción de un análisis meramente financiero en lo que pretende ser un análisis económico, la consideración de costes medios y no marginales y, entre otras graves contradicciones y deficiencias técnicas, el grave error metodológico que supone confundir beneficio y valor añadido neto. Por otro lado, el PHN plantea serias incertidumbres acerca del pleno funcionamiento del trasvase durante el período de cincuenta años establecido para su amortización. Por último, y contraviniendo claramente lo establecido en la DMA, se aprecia la manifiesta ausencia de una adecuada estimación de los costes ambientales.
Reforzando la idea indicada se advierte también una clara contradicción entre el PHN y determinados contenidos del Anexo III de la Directiva. Este indica que “el análisis económico contendrá suficiente información ...para: a) tomando en consideración los pronósticos a largo plazo de la oferta y la demanda de agua, y en caso necesario, las previsiones del volumen, los precios y los costes asociados con los servicios relacionados con el agua; y b) estudiar la combinación más rentable de medidas que, sobre el uso del agua..., basándose en las previsiones de los costes potenciales de dichas medidas”. Este Anexo consagra, pues, la necesidad de vincular íntimamente oferta con demanda señalando la importancia de los costes y los precios que resulten de cada alternativa, y las previsiones de demanda que resulten de cada alternativa a cada nivel de costes repercutidos sobre los usuarios. Como se ha reiterado, el PHN toma como dados los volúmenes a transferir y omite cualquier vínculo entre gestión de la demanda y medidas de oferta, contraviniendo las especificaciones del Anexo sobre análisis económicos.
De todo ello se desprende que el análisis económico se ha realizado al margen de los criterios de la DMA. Una medida tan traumática como la de un trasvase debería ser acompañada de signos económicos evidentes que justificaran una demanda “solvente” de las aguas trasvasadas y permitieran, en todo caso, compensar económicamente los perjuicios causados. La conclusión final es obvia: el PHN se formula en ausencia de cualquier valoración de los principios de la Directiva comunitaria.

4.2.	Incumplimiento de la Directiva aves y la Directiva hábitats
La protección de la diversidad biológica en la Unión Europea tiene su marco legislativo en dos directivas la conocida como Directiva aves y la mencionada Directiva hábitats y el PHN va a suponer unos importantes efectos sobre los hábitats y especies protegidas por el señalado marco legislativo.

4.2.1.	Obligación de someterse a una adecuada evaluación de repercusiones ambientales
La importancia de este marco de protección ha hecho que se establezca la garantía de un procedimiento específico de evaluación de repercusiones de los planes y proyectos que puedan afectar a los lugares amparados por las Directivas (apartados 3 y 4 del artículo 6).
El PHN como plan sectorial de los recursos hídricos constituye un «plan» a los efectos del apartado 3 del artículo 6, ya que dicha disposición no hace referencia a ninguna categoría específica de plan y por tanto no se debe distinguir donde la norma no distingue. Por otra parte, lo significativo del «plan» es que pueda producir efectos negativos sobre los lugares objeto de protección, y como hemos visto y veremos el PHN tiene ese pernicioso efecto. Además, como criterio de autoridad cabe citar que la propia Comisión y el abogado general Fennelly han defendido una interpretación amplia de este concepto en el punto 33 de las Conclusiones generales del asunto Comisión contra Francia, C-256/98, de 16 de septiembre de 1999.
El PHN “puede” afectar de forma apreciable los lugares protegidos por la Directiva. La disposición no exige la certeza, sino la probabilidad de unos efectos apreciables, lo que es coherente con el principio de cautela (artículo 174.2 TCE) y con los criterios establecidos de forma análoga en la Directiva 85/337 modificada por la Directiva 97/11. Esto supone que España no puede ampararse en que no existe certeza científica de los efectos para omitir la evaluación de las repercusiones prevista por la Directiva.
Cuando decimos que el PHN puede afectar los citados lugares de forma “apreciable” entendemos con la Comisión que dicha afección es de carácter objetivo. Por tanto España no puede ampararse en que constituye una cuantificación que se determina de forma discrecional por el Estado miembro. Además, las obras previstas por el PHN tienen un evidente carácter de afección «apreciable» como se deduce por analogía de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 02-08-93, Comisión contra España, C-355/90.
Respecto del significado y alcance que tiene la exigencia de la evaluación de las repercusiones prevista en la Directiva hábitat. No parece razonable equipararla de forma directa y completa con la evaluación de repercusiones establecida en la Directiva 85/337 ya que la evaluación prevista en la Directiva hábitat se limita al lugar objeto de protección y sólo a los efectos de conservación. Pero esta distinción no obsta para que defendamos que son aplicables los parámetros y metodología establecidas en el artículo 3 de la Directiva 85/337 modificada por la Directiva 97/11. 
En este sentido, el documento denominado “Análisis Ambientales” que acompaña al PHN no puede tener la consideración de “evaluación de repercusiones” a los efectos de la Directiva hábitats. Como criterio de autoridad al respecto cabe citar el informe que al respecto realizó con carácter personal, el Director ejecutivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente don Domingo Jiménez Beltrán el 23 de noviembre de 2000. Autoridad que reconoce el Gobierno de España al ser el solicitante del mencionado informe (Anexo XX).
En dicho informe se hace mención expresa a que dicho documento no puede calificarse de “análisis ambiental”, entre otras muchas razones porque está huérfano de un estudio serio de “alternativas” y no analiza las repercusiones partiendo del medio acuático como un ecosistema.
Hasta aquí hemos analizado el primer paso en el procedimiento de decisión establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva hábitats, concluyendo que no existe la requerida “evaluación de repercusiones”. Ahora nos queda determinar si la decisión adoptada, además de estar viciada de nulidad por la falta de evaluación, adolece de algún otro defecto.
La aprobación del PHN supone también un acto contrario al Derecho comunitario en tanto que implican una declaración a favor del plan sin “haberse asegurado” de que no causará perjuicio a la integridad de los lugares protegidos por las Directivas. Es claro que el documento “análisis ambientales” antes criticado, ni cualquier otro del PHN, puede ser entendidos como un aseguramiento de la inocuidad o corrección de las repercusiones producidas en los distintos espacios protegidos.
El PHN afecta a la integridad de los lugares protegidos. Esta afirmación parte del concepto de “integridad de los lugares”, que ha adoptado la Comisión, es decir, la «coherencia de la estructura y función ecológicas del lugar en toda su superficie, o los hábitats, complejos de hábitats o poblaciones de especies que han motivado o motivarán su declaración». La Institución comunitaria entiende que un espacio presenta un alto grado de integridad si realiza el potencial inherente para cumplir los objetivos de conservación de ese lugar, si conserva su capacidad de autorregeneración y autorrenovación en condiciones dinámicas y a través del tiempo (corto, medio y largo plazo) y si necesita un apoyo de gestión exterior mínimo. En el presente caso, las actuaciones previstas por el PHN ponen en peligro la integridad de las zonas protegidas.
El hecho de que el PHN se desarrolle más adelante en proyectos concretos objeto de evaluaciones de impacto ambiental, no exime que como “plan” en sí mismo deba someterse a dicho aseguramiento conforme hemos razonado más arriba.
Por último, en lo que se refiere a los criterios que se han de tener en cuenta en la decisión de aprobar un plan que comporta repercusiones negativas sobre los lugares protegidos por la Directiva, el PHN también incumple la Directiva hábitats. Es cierto que el Gobierno pueden legitimar su aprobación en “razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica”, pero su utilización está sujeta a distintos límites que son de aplicación en el caso del PHN.
En primer lugar debemos recordar que la utilización de estas razones imperiosas ha de hacerse restrictivamente ya que se trata de una excepción al límite general de afección a la integridad de los lugares protegidos (apartado 3 del artículo 6).
En segundo lugar, ya hemos señalado más arriba que el PHN, no existe un estudio serio sobre alternativas para lograr un respecto a la integridad de los lugares afectados incluyendo la llamada “opción cero”, estudio en el que no se han de contemplar los criterios económicos y sociales, ya que la utilización de dichos criterios será en su caso, en la toma de decisiones no en la fase de estudio de alternativas.
En tercer lugar, aunque el PHN pueda enmarcarse formalmente entre aquellas medidas de interés público de primer orden (destinadas a proteger valores fundamentales para la vida de los ciudadanos como la salud, la seguridad, el medio ambiente, etc.), los medios que establece el PHN para alcanzar sus objetivos, son contrarios a dichos valores fundamentales. Además esta contradicción se evidencia más en la medida en que observamos los efectos de las actuaciones previstas en el tiempo, y recordemos que la Comisión solo considera de primer orden el interés público a largo plazo.
En cuarto y último lugar, el PHN ha omitido también la necesaria referencia las medidas compensatorias necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida.
 
4.2.2.	Afección a las Áreas Importantes de Aves y a las Zonas de Especial Protección para las Aves
A pesar de que el listado de obras del PHN (Anexo II) no permite localizar con precisión la ubicación de muchas de las construcciones previstas, SEO/BirdLife ha identificado un número muy elevado tanto de Áreas Importantes para las Aves (IBAs) como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) afectadas por la nueva propuesta del Plan Hidrológico Nacional. A tal efecto, cabe extraer las siguientes conclusiones:
Las Áreas Importantes para las Aves (IBAs) tienen la misma importancia intrínseca que las áreas efectivamente declaradas como ZEPAs. El Programa de Áreas Importantes para las Aves (Important Bird Areas, en adelante IBAs) de BirdLife International, que SEO/BirdLife desarrolla en España, está íntimamente ligado a la aplicación de la Directiva Aves. El objetivo del programa de IBAs es el mantenimiento de la biodiversidad, abundancia y distribución de la avifauna, a través de la protección y la adecuada gestión de las Áreas Importantes para las Aves. Lo que coincide en gran medida con la Directiva Aves, que pretende la conservación de todas las especies de aves que viven naturalmente en estado salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros. La Comisión Europea, como organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Directiva Aves, utiliza el inventario de IBAs de SEO/BirdLife como referencia y varias sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo han avalado su validez (así, por ejemplo, la Sentencia de 2 de agosto de 1993, que condena al Reino de España por no haber clasificado como ZEPA, en virtud de la Directiva 79/409/CEE, las Marismas de Santoña -Área Importante para las Aves nº 027 con 6.907 ha- y por no adoptar las medidas adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats de esa zona; la Sentencia de 11 de julio de 1996, que condena al Reino Unido por no haber clasificado en la suficiente extensión una ZEPA, y haber dejado sin protección hábitats de extraordinario valor para especies del Anexo I de la Directiva 79/409/CEE; y la Sentencia de 19 de mayo de 1998, que condena al Reino de Holanda por no haber clasificado en la suficiente medida ZEPAs según lo establecido en el apartado 1 del Artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE). En consecuencia, es legítimo atribuir a las Áreas Importantes para las Aves identificadas por BirdLife, el mismo valor intrínseco que a las ZEPAs declaradas en virtud de la Directiva 79/409/CEE, por lo que, además de ser clasificadas como ZEPA, debe evitarse el deterioro de dichas áreas en cuanto son hábitats de especies amparadas por tal Directiva.
La protección de las IBAs emana del artículo 4 de la Directiva Aves, según sentencia del Tribunal de Luxemburgo. En la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 7 de diciembre de 2000 (asunto C-374/98, fundamentos jurídicos 43 a 59), el Tribunal establece que en las zonas designadas como IBAs pero que no han sido todavía declaradas ZEPAs, es de aplicación el régimen del artículo 4.4, primera frase, de la Directiva Aves: “Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para evitar dentro de las zonas de protección mencionadas en los apartados 1 y 2 [se refiere a los apartados 4.1 y 4.2 de esta Directiva] la contaminación o el deterioro de los hábitats así como las perturbaciones que afecten a las aves, en la medida que tengan un efecto significativo respecto a los objetivos del presente artículo”. Por lo tanto, no existe la posibilidad de realizar proyectos con efectos negativos para estas áreas y para las aves que motivaron su designación como IBAs, a no ser que se acrediten intereses superiores al ecológico, entre los cuales no se pueden entender incluidas las exigencias económicas y sociales. Esta protección es estricta y no está previsto ningún supuesto de excepción. El propio Tribunal argumenta que tal decisión se toma para evitar que los Estados miembros no clasifiquen como ZEPAS estos lugares con el fin de desarrollar proyectos en ellos. En definitiva, esta importante sentencia otorga protección completa a las IBAs que no han sido clasificadas todavía como ZEPAs, sin que exista ningún procedimiento posible para eludir esta obligación que no sea un interés superior al ecológico.
Pues bien, tras estas premisas cabe recordar que a propuesta de Plan Hidrológico Nacional (principalmente embalses, regadíos, canalizaciones, trasvases, encauzamientos, ...) va a producir numerosos e importantes impactos sobre las aves que resultan completamente inaceptables, tal como se recoge en el Anexo II del presente documento.

4.2.3.	Afección a las Áreas Importantes de Aves y a las Zonas de Especial Protección para las Aves
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4.3.	Otros incumplimientos del Derecho comunitario

4.3.1.	Obligación de someter el PHN a una evaluación estratégica ambiental previa a su aprobación
A pesar de que no se ha publicado todavía la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Evaluación de ciertos Planes y Programas sobre el Medio Ambiente, aprobada el 23 de abril de 2001 (evaluación estratégica de impacto ambiental), creemos posible sostener la necesidad de someter el PHN a Evaluación Estratégica Ambiental en virtud de los siguientes argumentos:
El nuevo artículo 6 del Tratado de la CE impone la integración de los requisitos de protección ambiental en la definición y aplicación de las políticas de la Comunidad. Este principio de integración también figura en el artículo 174. En este sentido, todos los Estados miembros reconocen que la satisfacción de este artículo requiere, en particular, la integración adecuada de los aspectos ambientales en los planes y programas adoptados por los Estados. Así queda recogido, entre otros documentos, en la Propuesta modificada de Directiva del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DOCE C 129 de 25.04.1997, p. 14). La evaluación de planes y programas es uno de los principales instrumentos de integración ambiental.
En aplicación de la Directiva Hábitat es obligado llevar a cabo la Evaluación Estratégica Ambiental del Plan Hidrológico Nacional. La Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats) establece en su artículo 6 que cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a espacios de la Red Natura 2000, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación establecidos para dicho lugar. Según el análisis preliminar de SEO/BirdLife, el PHN tendría efectos negativos para la conservación de 109 Áreas de Importancia para las Aves, de las que 47 son ZEPA, estando más del 80% de ellas amenazadas por tres o más actuaciones. Por tanto, en aplicación del artículo 6 mencionado es obligado llevar a cabo la Evaluación Estratégica Ambiental del PHN. Por ello, asumimos como propias todas las consideraciones formuladas por Don Theo Oberhuber, en representación de la Organización de Ecologistas en Acción, en la queja presentada ante la Comisión Europea por falta de cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE, al haberse iniciado la tramitación parlamentaria del PHN sin que se haya realizado una adecuada evaluación de sus repercusiones en los lugares Natura 2000 y sin el correspondiente proceso de información pública (Anexo XX).
La financiación de las obras del PHN con Fondos Comunitarios obliga a la integración de criterios ambientales. Las actuaciones del PHN estarían financiadas en un alto procentaje por Fondos Comunitarios. Los Reglamentos que regulan dichos fondos establecen también la necesidad de integrar adecuadamente los criterios ambientales en las inversiones realizadas. En particular, la Comisión Europea ha establecido que es prioritario tener en cuenta las Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE. En coherencia con lo expuesto en el apartado anterior, es obligado aplicar la Evaluación Estratégica Ambiental al PHN.
 La coherencia del PHN con la Directiva Marco de Aguas está supeditada a su Evaluación Estratégica Ambiental. La reciente Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva Marco de Aguas), recomienda claramente la evaluación global de las consecuencias ambientales, establece un modelo integral de gestión de los recursos hídricos que demanda claramente la evaluación global de las consecuencias ambientales de los planes elaborados para este fin. La aplicación de esta Directiva, cuyo horizonte temporal se solapa con el del PHN, recomienda claramente que éste sea sometido al proceso de Evaluación Estratégica Ambiental.
El PHN tiene una trascendencia territorial global en el Estado Español. Las Comunidades Autónomas tienen sus propios objetivos ambientales y algunas de ellas han adoptado ya mecanismos de Evaluación Estratégica Ambiental. La necesidad de respetar los objetivos de conservación del medio natural de los gobiernos regionales y los mecanismos establecidos por éstos para garantizarlos recomienda que el PHN sea sometido a Evaluación Estratégica Ambiental para incorporar estas consideraciones.
Por otro lado, esta Evaluación Estratégica Ambiental no puede soslayarse aduciendo que cada proyecto se someterá por separado a la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Esta posibilidad no resuelve las cuestiones ambientales esenciales del PHN (la comparación de alternativas de transferencias y recursos no convencionales y el efecto acumulativo de los embalses en especies emblemáticas muy amenazadas, como es el caso del lince), ya que sólo podrá incidir en los aspectos secundarios de la planificación hidrológica (comparación de distintos trazados tras tener la transferencia decidida definitivamente o en el análisis del impacto, embalse por embalse, sin factor acumulativo).
Además, debemos denunciar la incorrecta aplicación práctica de la Directiva sobre Evaluación de Impacto Ambiental en nuestro Derecho. El Ministerio de Medio Ambiente sigue defendiendo (de forma absolutamente arbitraria, que contraviene las últimas reformas de nuestra legislación de procedimiento administrativo) el carácter de mero acto de trámite de la Evaluación de Impacto Ambiental, lo que conlleva su imposibilidad de control judicial inmediato. Tiene que ser nuevamente la Unión Europa la que adopta la iniciativa de paliar las deficiencias detectadas en la aplicación por los Estados miembros de su Derecho derivado. Así las cosas, en estos momentos se está tramitando la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, y por la que se modifican la Directivas 85/337/CEE del Consejo y 96/61/CE del Consejo. Una de las principales medidas prevista en esta propuesta de Directiva consiste en velar para que los interesados, y las entidades en las que se integran, tengan la posibilidad de presentar un recurso para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo y en cuanto al procedimiento, de cualquier acción u omisión sujeta a las disposiciones sobre participación de la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental. Con ello se trata de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el ámbito internacional por la Convención de la CEPE de la ONU sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones  y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (“la Convención de Aarhus”) que la Comunidad firmó en 1998 y que ha sido suscrita asimismo por todos los Estados miembros.

4.3.2.	Obligación de proteger el patrimonio cultural existente
La perspectiva de la Unión Europea con relación al desarrollo de políticas culturales cambia en el momento de la aprobación del Tratado de la Unión Europea, que introdujo un nuevo título dedicado específicamente a la cultura en el que pasó a denominarse Tratado de la Comunidad Europea. Dicho Título se compone de un solo precepto, el art. 128 (que ha pasado a ser, tras la revisión operada por el Tratado de Amsterdam, el artículo 151 de la versión consolidada). En virtud de este precepto la Unión Europea asume el valor de la diversidad cultural europea y se sitúa en una posición subsidiaria, de apoyo a las políticas nacionales.
Pues bien, esta previsión normativa convierte a la Unión Europa en sujeto activo del Derecho Internacional con relación a la adopción y cumplimiento de acuerdos y en garante última de la consecución del valor esencial de la diversidad cultural en su ámbito de influencia.
A tal efecto, cabe recordar que algunas de las obras emblemáticas del PHN se localizan en el Pirineo aragonés, una de las zonas más despobladas de Europa, como consecuencia entre otras cosas, de una política hidráulica devastadora y de un desprecio absoluto al medio rural, a su cultura tradicional y a su idiosincrasia. Esta política, que fue desarrollada en el marco de una férrea dictadura, supuso la pérdida y el expolio irreversible de un importante patrimonio cultural.
Pues bien, dicha política se mantiene e incrementa con la ejecución de las grandes obras de regulación incluidas en el PHN. Por ello, suscribimos plenamente las consideraciones planteadas por la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA) en la queja planteada ante la Comisión Europea con relación al recrecimiento de Yesa (Anexo XX).
Pero es más, en la reciente Resolución del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural en los Estados de la Unión Europea (2000/2036 (INI)) se pide expresamente a la Comisión y a los Estados miembros "que velen para que se garantice que ninguna obra, de carácter público o privado, que se realice en territorio comunitario cuente con ayuda de fondos comunitarios si de demuestra que llevarla a cabo supone la destrucción de patrimonio cultural, histórico o artístico significativo" (29)."
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Por todo lo expuesto,
SOLICITAMOS A LA COMISIÓN EUROPEA 
que admita y registre la presente queja contra el Reino de España por la aprobación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, pues contraviene el Derecho comunitario; inicie un proceso de infracción frente al Reino de España en aras al cumplimiento de la legalidad comunitaria y la protección del medio ambiente; inste al Gobierno español a que inaplique el citada Ley del Plan Hidrológico Nacional en virtud del principio de primacía del Derecho comunitario; y en definitiva lleve a cabo cuantas acciones estén entre sus facultades para impedir que el Estado español pueda aplicar fondos comunitarios en actuaciones incompatibles con el Derecho comunitario.

En Madrid, a