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Editorial:

Durante décadas los objetivos de la política hidráulica desarrollada en nuestro país, una política basada en la construcción de grandes infraestructuras, han sido el abastecimiento generalizado de agua potable, su saneamiento, la generación de energía hidroeléctrica y, fundamentalmente, la expansión del regadío para acabar con las hambrunas.

La situación ha cambiando, pero la política hidráulica, basada en la oferta, no. Se han construido un millar de embalses, anegando más de quinientos pueblos. Embalses que, en su mayor parte, tenían como finalidad la creación de nuevos regadíos, los cuales constituyen el 80% del consumo total de agua.

Otra consecuencia de esta política hidráulica ha sido que la eficiencia en la utilización del agua sea muy baja. Las pérdidas en la redes de distribución son muy altas, dilapidándose todos los años miles de hectómetros cúbicos; la técnicas de riego son mayoritariamente ineficientes -todavía en el 60% de los regadíos se emplea el riego por gravedad-; cientos de miles de hectáreas de regadíos reciben riegos superiores a sus necesidades; la reutilización de las aguas residuales depuradas es poco menos que anecdótica, etc. Durante décadas los usos del agua han ido muy por detrás de la construcción de los embalses, considerándose el agua como un recurso ilimitado.

Las nuevas exigencias de la Política Agrícola Comunitaria (PAC) y la constatación de que el agua no es un recurso infinito nos hace contemplar como necesaria una reestructuración y reorientación del regadío y, por consiguiente, de la política hidráulica tradicional que no puede seguir basándose en el aumento constante de la regulación de los ríos, por medio de la construcción de embalses. La gestión tiene que pasar a primer plano para acabar con el despilfarro de los recursos.

Ante un déficit de agua existen seis posibles soluciones: disminuir los consumos, mejorar la eficacia en el uso del agua, aumentar la explotación de recursos subterráneos, reasignar recursos, aumentar los recursos regulados o importar recursos por medio de trasvases de agua. El Plan Hidrológico Nacional (PHN) opta por las dos últimas opciones: construir embalses y realizar trasvases.

Es evidente que el mero aumento de recursos no llevará a una solución de los déficit existentes. Mientras no se garantice un nivel de gestión racional y sostenible del recurso, cualquier solución -incluidos los trasvases- no será tal, pues el déficit de agua se volverá a reproducir ante la mala gestión existente y la demanda galopante y descontrolada de agua. Entonces, agotada la capacidad de regulación de nuestros ríos, sobreexplotados los acuíferos, realizados los trasvases posibles, ¿de dónde se traerá más agua? El PHN consagra un modelo insostenible de gestión de un recurso renovable pero escaso.

Para poder desarrollar una gestión adecuada del agua, el PHN debe establecer un sistema de precios para los diferentes usos del agua. Un sistema de precios que no sea un mero elemento recaudador, sino una forma eficaz de racionalizar el consumo, que prime el ahorro y penalice el derroche.

Además, el PHN debería contemplar de manera efectiva otros aspectos relacionados con el agua como son la protección efectiva del dominio público hidráulico, una verdadera restauración hidrológico forestal, la conservación de los ecosistemas acuáticos, o la reducción de la contaminación difusa.

Desde hace tiempo los ecologistas venimos defendiendo que hay que optar por una nueva política más hidrológica que hidráulica, una política que ponga el acento en la contención de la demanda, en la mejora de la gestión, en el ahorro, en la implantación de tecnologías industriales y domésticas que reduzcan el consumo de agua, en la depuración y reutilización de aguas residuales, en la conservación y regeneración de los bosques y, en definitiva, en la instauración de una nueva cultura del agua. Es hora ya de que estas reivindicaciones se plasmen en los documentos oficiales de planificación.

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