El Juzgado Central número 1 de Madrid ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo que la Iniciativa Cívica en Favor del Trazado Sur del Ave ha interpuesto contra la contratación de los proyectos y la dirección de las obras de once tramos correspondientes al recorrido Norte de esta infraestructura que el pasado mes de octubre anunció el ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias.

Nuria Garrido, portavoz de la Iniciativa albaceteña, explicó que esta licitación incurre en «gravísimas causas» de ilegalidad, ya que, en primer lugar, el GIF «no tiene la competencia legalmente atribuida para decidir sobre un trazado, sólo para la construcción», y los trabajos objeto de contratación definen el corredor Norte del Ave Madrid-Levante.

«Hay que recordar que en estos momentos aún no se ha producido la resolución administrativa formal que apruebe un trazado definitivo y que lo único que tenemos es un acuerdo político sin más», subrayó Garrido en referencia al acuerdo adoptado hace ahora un año por los presidentes de las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana. La portavoz insistió en que la competencia de la decisión del trazado corresponde al Gobierno o en su caso al Ministerio de Fomento, según el artículo 156.2 de la Ley 16/1987 de ordenación de los transportes terrestres y el artículo 232 de su reglamento ejecutivo.

En segundo lugar, el recurso de la Iniciativa Cívica argumenta que el gestor de Infraestructuras Ferroviarias, un ente público adscrito al Ministerio de Fomento pero con personalidad jurídica propia, «está contratando unos trabajos para la construcción de una línea ferroviaria que no ha sido objeto de declaración de impacto ambiental».

Esta actuación vulnera, según el colectivo albaceteño, el Anexo I del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio y su reglamento ejecutivo, que recogen como de «obligatoria evaluación de impacto ambiental» la construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido.

Por otro lado, la Iniciativa Cívica cree que el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias está «fragmentando» el trazado en tramos de pocos kilómetros para efectuar las adjudicaciones, lo que supone «ocultar» el impacto total que tiene la obra y «frustra» la posibilidad de comparar otras soluciones alternativas «que no causen daños ambientales, como es el corredor ferroviario ya existente».

Finalmente, el cuarto argumento esgrimido por la Iniciativa en su recurso hace referencia al Reglamento General de Contratación del Estado, que prohíbe «taxativamente» celebrar contratos en los que la prestación del empresario quede condicionada a resoluciones administrativas posteriores a su declaración, como pudieran ser la declaración de impacto ambiental o la aprobación del trazado definitivo por parte del Gobierno.

Una vez admitida a trámite la demanda de la Iniciativa Cívica por el Ave Sur, el Juzgado Central número 1 de Madrid ha abierto una pieza separada de medidas cautelares en la que, inicialmente, el colectivo albaceteño ha pedido la suspensión del procedimiento de licitación anunciado por el GIF, ya que en su opinión, si se llevan a cabo las obras se podría producir una «imposible reparabilidad» de los daños ambientales que las mismas causaran, y además, si los contratos de licitación resultasen finalmente nulos se perderían los 7.000 millones por los que se ha adjudicado la redacción de proyectos, a los que habría que sumar las correspondientes indemnizaciones a las empresas adjudicatarias de las obras.

La administración dispondrá de diez días desde que se le comunique la admisión a trámite de este recurso para responder a los requerimientos de los jueces y presentar los expedientes solicitados así como las alegaciones que estime oportunas contra las razones aportadas por los demandantes.

(La Verdad de Albacete. 10 de Enero de 2.002)

El Ministerio de Fomento y el ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) han ratificado el estricto cumplimiento de la legalidad que ha presidido y presidirá todas las actuaciones previstas en el corredor del AVE Madrid-Valencia.

En una nota de prensa, el Ministerio de Fomento contesta a las críticas lanzadas el pasado martes por la Iniciativa Cívica por el Trazado Sur del AVE de Albacete, aclarando que el GIF tiene encomendada por acuerdo del Consejo de Ministros (17-09-1999) la construcción y posterior administración del nuevo acceso ferroviario de la Alta Velocidad de Levante. Asimismo –dice el comunicado– tiene el encargo expreso de la redacción de sus proyectos constructivos, realizada por el secretario de Estado de Infraestructura el pasado 13 de julio.

El Ministerio de Fomento ha querido constatar que los pliegos que han servido de base a la licitación de los proyectos recogen expresamente la obligación de tener en cuenta las medidas exigidas por la declaración de impacto ambiental y las prescripciones que se incluyan en la resolución de aprobación del estudio informativo. Una vez finalizados estos proyectos, «estos serán objeto de aprobación por la Secretaría de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, requisito previo e imprescindible para la posterior contratación de las obras de construcción». De la misma forma, la nota de prensa aclara que el diseño del nuevo acceso ferroviario de AVE es «fruto del consenso» y busca «una máxima vertebración del territorio», estableciendo dos corredores del mismo rango y con prestaciones similares: Cuenca-Albacete-Valencia-Alicante-Murcia y Cuenca-Albacete. «Este diseño –recuerda– fue objeto del acuerdo suscrito en Murcia por el ministro de Fomento, Alvarez Cascos y los presidentes de las comunidades de Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia», diseño que atenderá eficazmente las necesidades de movilidad de los albaceteños.

Finalmente, Fomento anuncia que, ante cualquier acción judicial como la adoptada por la Iniciativa Cívica por el AVE Sur por Albacete, los servicios jurídicos del Estado adoptarán cuantas medidas procesales sean oportunas «en defensa y garantía del interés general y de la legalidad de la actuación administrativa, a cuyo efecto se personarán en los correspondientes procedimientos judiciales».