El diputado provincial de Medio Ambiente, Ramón Sotos, avanzó ayer a LA VERDAD que antes de finales del presente mes se pondrán en marcha los trabajos para realizar las primeras seis auditorías ambientales en la provincia (Albacete, Casas Ibáñez, Caudete, Tobarra, Villarrobledo y Almansa), con un coste de 237.399,78 euros, encuadradas dentro del programa Agenda 21 Local (A21L).

Además, en la primera quincena del próximo mes de agosto se adjudicarán el resto de peticiones ( Ossa de Montiel, Balazote, Casas de Juan Núñez, Hellín, Munera, Villlamalea, La Gineta, Elche de la Sierra, Chinchilla y Madrigueras, más un paquete en el que van incluidos un grupo de municipios de la Sierra del Segura).

Las auditorías ambientales, de las cuales la Diputación asume el 90% del coste, son el punto de partida para impulsar los procesos de desarrollo sostenible en los municipios de la provincia que muestren voluntad política de implicarse y su objetivo final es la elaboración de un Plan de Acción Local específico para cada municipio, de carácter estratégico y consensuado por los agentes sociales y económicos.

Este Plan de Acción Local intentará hacer compatible el desarrollo industrial con la calidad medioambiental, señalando los problemas a los que se enfrentan los distintos municipios de la provincia y creando un listado de indicadores que permitan evaluar la trayectoria de cada localidad hacia la sostenibilidad, en aspectos como urbanización, vivienda, saneamiento y depuración, obras de carreteras, relación entre la ciudad y su entorno natural, gestión ambiental y cambio climático, transportes y redes de ciudades.

Origen

Los municipios más activos y dinámicos del mapa local español están emprendiendo numerosas iniciativas en el campo del medio ambiente y la sostenibilidad.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río en 1992, acordó un Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible, llamado Agenda 21. El capítulo 28 de la Agenda 21, conocido bajo el nombre de Agenda 21 Local, señala que la participación de los municipios es una condición fundamental para el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad, dado que la mayoría de problemas se sitúan a escala local.

La puesta en práctica de la A21L supone la transformación de las políticas ambientales para encauzar el desarrollo económico de modo que perjudique menos al medio ambiente, este es el objetivo de La Agenda 21, un manual de referencia para determinar políticas empresariales y gubernamentales que lleven a plantear opciones para luchar contra la degradación de la tierra, el aire y el agua, así como para la conservación de los bosques.

La A21L no es otra cosa que un llamamiento a los gobiernos para que adopten estrategias para el desarrollo sostenible, que deben ser aprobadas y elaborarse con la participación de todos los sectores, incluidas las organizaciones no gubernamentales, el público en general, la empresa, autoridades locales, provinciales, regionales y estatales.

Cabe recordar que las auditorías ambientales que la Diputación de Albacete ha impulsado en la provincia se van a extender a toda la región, según se acordó el pasado mes de octubre, en un congreso sobre medioambiente urbano celebrado en la capital albaceteña que sirvió para elaborar una guía de buena prácticas ambientales de carácter regional.

La idea es obtener una radiografía de aspectos ambientales (agrícolas y urbanos) y sociales (desarraigo, integración, paro, discapacitados, igualdad, etcétera) que den visión de conjunto que permita corregir aquello que sea necesario, en materias como uso y la distribución del agua, contaminación de suelos o el crecimiento industrial.