Los vecinos de Pozo Cañada ya no saben qué hacer para acabar con un vertedero que, desde hace más de seis años, tiene cerca de veinte hectáreas de terreno público invadidas por animales muertos, aceites, vísceras y todo tipo de residuos. El Ayuntamiento de Pozo Cañada, que ya le ha impuesto a la empresas responsable del desastre medioambiental una multa de 30.050 euros, ha recurrido ahora a la Fiscalía, denunciando un delito ecológico que atenta contra la salubridad de las aguas subterráneas.

Las advertencias del Seprona, las multas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento y las protestas de los agricultores y cazadores de la zona del vertedero, situado a cuatro kilómetros del casco urbano, en Mercadillos, no han conseguido nada. El responsable de la empresa contaminante ha hecho caso omiso.

Olor insoportable

Desde hace más de seis años, el suelo de este terreno público está asimilando desperdicios de todo tipo. En el vertedero, que desprende un olor insoportable, hay carrocerías de coche, paja, aceites negros en pequeñas balsas, animales muertos, vísceras, plásticos y un sinfín de vertidos que han atraído hasta la zona a millones de moscas y alimañas.

El alcalde de Pozo Cañada, Pedro García, confirmó ayer a este diario que no descarta acordonar la zona para impedir que el responsable se retire del terreno. García reconoció que se trata de un «problema grave». Por el momento, el Ayuntamiento está pendiente de la respuesta de la Fiscalía, que tiene en su poder toda la documentación.

El primer edil reiteró que el vertedero se encuentra en un terreno público y, a su juicio, «es un delito ecológico», un atentado que puede acabar en penas de cárcel si la justicia confirma que se trata de un delito contra el medio ambiente.

Acuíferos

Asimismo, Pedro García subrayó que teme por los acuíferos, ya que el pueblo tiene numerosas bolsas de aguas subterráneas y, precisamente, se abastece de dos pozos, de ahí la preocupación del consistorio, ya que el suelo del vertedero no está impermeabilizado. El Ayuntamiento de Pozo Cañada ha abierto un expediente sancionador de 30.000 euros, cantidad que sumada a la multa de la Junta alcanza los 60.000 euros (cerca de 10 millones de pesetas) que el propietario de la empresa local no ha pagado.

El responsable de los vertidos vive en Pozo Cañada y se dedica a la compra y venta de basuras. Además, tiene una empresa de transportes.

Por su parte, el diputado provincial de Medio Ambiente, Ramón Sotos, explicó ayer a La Verdad que este tipo de vertederos tiene que sufrir un doble proceso para el sellado definitivo. Al tener aceites, el basurero no puede cubrirse con tierra sin más. El responsable tendría que coger los residuos contaminantes y no biodegradables y ponerlos en manos de una empresa especializada para su almacenaje y posible proceso de reciclaje. Una vez que la zona quedara limpia, el terreno se cubriría de tierra, plantando árboles en la superficie.

El proceso de sellado se ha llevado a cabo en numerosos vertederos de la provincia, tanto públicos como privados, que no reunían ninguna de las condiciones medioambientales exigidas por las nuevas normativas.

Sotos lamentó que aún existan casos como el de Pozo Cañada, al tiempo que apoyó la decisión del alcalde de denunciar los hechos ante la Fiscalía.