Hoy lunes tendrá lugar en Albacete el juicio que se celebrará ante la denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción y la Asociación Amigos del Monte de Malafatón contra la empresa propietaria de una finca cinegética por la ocupación de la vereda real de La Serrana y varios caminos públicos en el termino municipal de Alatoz.

Los hechos denunciados han sido calificados por el Ministerio Fiscal como un delito de usurpación de bienes públicos.

La denuncia fue realizada en noviembre de 1999 cuando, según los grupos ecologistas, una empresa de Madrid, compró una extensión de 900 hectáreas en el paraje de Malafatón que vallaron sin licencia administrativa, lo que conllevó una alteración del paisaje medio ambiental. Según relataron, la cañada real del Malafatón, denominada también La Serrana, modificó su trazado real para permitir el cierre de la finca, contando para ello con autorización de los técnicos de la Delegación de Agricultura y Medio Ambiente.

Por ello, los grupos ecologistas temen que la nueva Ley de Vías Pecuarias que pretende aprobar el Gobierno regional se quede en «papel mojado», recordando que en este caso no se ha cumplido la normativa que existe actualmente. En este sentido, recordaron que la modificación del trazado de la vía pecuaria no se notificó a los ayuntamientos afectados, es decir los de Alatoz y Alpera, ni a las organizaciones agrarias ni a los grupos ecologistas de la zona, tal y como establece la normativa.

El portavoz de Ecologistas en Acción, José Manuel Pérez Pena, afirmó que, aunque el juicio se celebrará contra los propietarios de la finca, les hubiese gustado que también se sancionase la actuación de la administración, concretamente de la Delegación de Agricultura y Medio Ambiente por no actuar de oficio para impedir esta barbaridad, obligando a las organizaciones ecologistas a recurrir a los tribunales.

El juzgado de lo penal número 2 de Albacete dejó ayer visto para sentencia el juicio contra Narciso M.G, encargado de la gestión de la finca propiedad de la sociedad mercantil Agropecuaria S.L., acusado de usurpación de caminos de uso público y daño irreparable al medio ambiente. Según el representante de la asociación Montes de Malefatón -que presentó la denuncia junto con la organización Ecologistas en Acción- José Antonio Mancebo, en abril de 1999 se procedió al cerramiento cinegético del coto situado entre los términos de Alpera y Alatoz sin contar con las licencias oportunas, lo que ha provocado daños ambientales cifrados en más de 118 millones de pesetas. Explicó que los daños producidos se pusieron en conocimiento del servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil y de la Confederación del Júcar.

Las afecciones, indican, son de deforestación de varios miles de pinos y encinas en una franja perimetral de varios metros de anchura y además, añadió, se han construido tres represas de tierra compactada en el interior, una de ellas con capacidad para 100.000 metros cúbicos que carecen de autorización y medidas de protección. Al mismo tiempo, dijo el representante de la asociación denunciante, se ha cerrado el paso a dos fincas de propietarios que no tienen acceso a ellas y se ha modificado el camino de la cañada real. Según informó el abogado de la acusación particular, Miguel Sánchez, para el delito de usurpación pide seis meses de prisión y multa de 70.000 pesetas y además exige la restauración del daño medioambiental y la apertura de los dominios públicos.

Por su parte, el ministerio fiscal pidió una multa de 20 días con una cuota diaria de 3.000 pesetas y 10 días de arresto sustitutorio en caso de impago. El abogado de la defensa, José Luis Laso, solicitó la libre absolución porque no queda acreditado que los caminos sean de titularidad pública porque no están inventariados como tales sino que «es únicamente una protesta ecologista que no está basada en ningún documento». Aseguró con pruebas documentales que los caminos cerrados no figuran inscritos entre los bienes de titularidad municipal. Los magistrados tienen la última palabra.