Denuncian la tala furtiva de más de 75 encinas centenarias en una finca de Alpera  
   
Asociaciones ecologistas acusan a Agricultura de pasividad a la hora de evitar hechos similares  
(La Verdad de Albacete, 31 de Mayo de 2003)

Las organizaciones Asociación para la Conservación de la Naturaleza Montes del Malafatón, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra han denunciado la tala furtiva de más de 75 encinas centenarias en El Carrascal, un finca situada en Alpera.

En su nota de denuncia señalan que, la tala de decenas de encinas centenarias, se ha hecho a pesar de que el propietario de El Carrascal, un empresario de Albacete, no tenía autorización para ello, sino que sólo tenía permiso de poda del encinar.

Los hechos, explican los ecologistas, se remontan al invierno pasado y «la desaparición ilegal de más de 70 de estos grandes árboles permitirá, supuestamente, la ampliación de los viñedos en espaldera y de la bodega que se están construyendo en su lugar.

Además, asegura, la poda que se ha hecho sobre los ejemplares que han quedado en pie se ha llevado a cabo de forma «aberrante», ya que no se han respetado las normas técnicas que la autorizaban.

Burlar los trámites

Los ecologistas exigen a la Delegación de Agricultura y Medio Ambiente «que actúe, que no pase por alto este nuevo desaguisado e impida que algunos desaprensivos se burlen de los trámites administrativos para perpetrar agresiones irreparables contra el medio ambiente».

«Los hechos se repiten una y otra vez: se solicita permiso de poda y luego se talan los árboles, lo que está prohibido por la legislación vigente», cuentan.

Además, agregan, muchas de las encinas centenarias de El Carrascal se están secando, de forma inexplicable y un tanto «sospechosa», puesto que las de fincas aledañas parecen mucho más vigorosas y sanas, sin que la Delegación de Agricultura se haya interesado por ello ni se haya molestado en analizar las causas.

Finalmente las organizaciones ecologistas insisten en denunciar el hecho de que, una vez más, se intente burlar la legislación «para degradar nuestro ya maltrecho entorno» y emplazan a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente para que, de una vez por todas, actúe y sancione de forma ejemplar al culpable de este posible delito ecológico «para que no vuelva a repetirse estos desgraciados hechos y dejen de ser algo habitual en Castilla-La Mancha».

 
   
Agricultura afirma que denunció la tala de encinas centenarias en diciembre  
(La Verdad de Albacete, 3 de Junio de 2003)

ALPERA / LA VERDAD


El delegado de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel González, afirmó ayer, en nota de prensa, que su departamento actuó con eficacia denunciando los hechos y poniéndolos en conocimiento de los servicios generales de la Consejería. El delegado de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel González, asegura que tras conocerse la agresión, en la que se talaron más de medio centenar de encinas y la poda de otros tantos árboles de esta especie, los agentes medioambientales formularon la denuncia y los hechos se trasladaron inmediatamente a los órganos competentes para su estudio.

En ese momento el delegado incoó el correspondiente expediente sancionador que está pendiente de resolución por el órgano competente. González ofrecía esta información al conocer la denuncia formulada este fin de semana por dos asociaciones ecologistas sobre la tala furtiva de 75 encinas centenarias en la finca El Carrascal, en el término municipal de Bonete.

Críticas

El delegado, que conocía estos hechos en el mes de diciembre, criticó las declaraciones de los ecologistas indicando que desde la Delegación se adoptaron las medidas legales oportunas para investigar el suceso y determinar su hubo negligencia en la tala.

De acuerdo a la Ley 2/1988 de 31 de mayo, de Conservación de Suelo y Protección de Cubiertas Vegetales Naturales, aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha, se sancionará con una multa de hasta 50.000 pesetas la poda o corta de pies de encina, alcornoque, quejigo, robles y hayas y otras especies que se realice sin la autorización administrativa previa de la Consejería de Agricultura.

Además, el artículo 13, de la citada Ley indica, que la Consejería podrá exigir ante estas agresiones, «la implantación de cubiertas forestales en los terrenos donde hayan sido destruidas» y que la misma «se realizará por los titulares de los terrenos afectados, en el plazo de dos años, de conformidad con el proyecto o memoria que, al efecto, redacte la Consejería de Agricultura».

La Ley aborda la corrección de la erosión y la conservación de suelos, los cambios de cultivo y la protección de cubiertas vegetales, así como la tipificación de infracciones y sanciones.

 
 
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