Las partes personadas en el juicio contra el propietario y el guarda de la finca Las Torres de Alba Ruiz en Casas de Lázaro (Albacete), por usar cebos envenenados y ocasionar con ellos la muerte de un cuervo y un milano real llegaron ayer a un acuerdo de conformidad, en el Juzgado de lo Penal número dos de Albacete.

Así, la condena será de tres años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de la caza, para los dos acusados, más 16 meses de multa de 200 pesetas diarias para el guarda, A. G. que fue quien colocó materialmente los cebos, y de 1.000 pesetas diarias para el propietario de la finca, J. J. C., u ocho meses de arresto sustitorio en caso de impago.

El abogado de Adena, Pablo Gayarza, explicó que aunque en principio solicitaban la pena de un año de prisión se decidió cambiar la calificación porque esta pena, al no tener antecedentes penales, no llegarían a cumplirla y de ahí que se haya optado por una pena pecuniaria que tendrán que hacer efectiva si no quieren tener el arresto sustitutorio.

La Fiscalía, que a diferencia de la acusación particular representada por Adena, no pedía condena por el delito de muerte de especies catalogadas, se ha adherido plenamente al acuerdo tras la modificación planteada por la organización ecologista.

Esta es la primera vez en Castilla-La Mancha que se condena en vía penal a los autores por un doble delito, por un lado el que constituye utilizar cebos envenenados para la caza y por otro, el producido por la muerte de especies protegidas.

Gayarza mostró su satisfacción porque se haya condenado tanto al autor material de los hechos como al propietario de la finca, el autor ideológico, que es al fin y al cabo quien ordena, quien manda y quien ampara esas conductas claramente delictivas, agradeciendo la labor desarrollada por el Seprona.

Acabar con la impunidad

Por su parte, Carlos Cano, también representate de Adena, afirmó que esta condena supone un buen paso para acabar con la impunidad que había hasta ahora de los gestores de caza que están convirtiendo la práctica cinegética en una actividad delictiva y que además están acabando con las últimas poblaciones europeas de aves carroñeras, como el buitre negro o el águila imperial.

Desde que Adena comenzó en 1990 a controlar los envenenadores con cebos, proyecto en el que también colabora el Seprona y la administración que contrata vigilancia propia, ya se han detectado más de 300 casos en Castilla-La Mancha, aunque esto es sólo «la punta del iceberg», ya que, según esta organización, es una práctica habitual entre los responsables de cotos de toda Castilla-La Mancha, como por ejemplo en las zonas de la provincia de Albacete de las Lagunas de Ruidera, Munera, El Bonillo, Hellín y Alpera.

Según explicó Cano, a través de cebos envenenados los dueños de los cotos pretenden acabar con los depredadores generalistas, pero lo que finalmente consiguen es que mueran especies protegidas, apuntando que existen otros métodos legales que, controlados por la administración, se pueden utilizar para controlar a los depredadores aunque si no hay un hábitat adecuado las especies que se pretenden no van a proliferar.

Por otro lado, apuntó que este programa de control ha servido para que las administraciones tengan una mayor sensibilidad ante este problema de conservación de la fauna, afirmando que Castilla-La Mancha es pionera en la normativa que permite, por la vía administrativa, perseguir estas prácticas, ya que hace al titular cinegético responsable de la vigilancia para que no aparezca veneno en sus cotos. El responsable de Adena advirtió a los gestores cinegéticos que si continúan por este camino además de acabar con especies, de las que nuestro país es el último refugio europeo y en algunos casos mundial, van a conseguir que «desde las organizaciones ecologistas nos pongamos en contra de la caza y tengamos que decir no a la caza, si supone el acabar con todas estas especies».