DOLORES CARCELÉN/ALBACETE

Cada año se cometen en la provincia más de 500 infracciones contra la Ley de Caza y Pesca. El 90% de éstas son leves, pero hay un 10% que está relacionado directamente con los cazadores furtivos. El morbo y la sed insaciable de aventura lleva a pequeños grupos a pagar cantidades astronómicas por seguir a su presa en la clandestinidad.

El jefe de la Sección de Caza y Pesca de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, Carlos Cano, explicó que las infracciones más comunes se registran en los cotos privados de caza menor, donde los furtivos entran sin permiso o los propios cazadores, autorizados para una especie determinada, atacan a aves y mamíferos protegidos.

Miles

El 8 de octubre se abren las vedas de caza menor y mayor y el 15 de septiembre se cierran las de especies migratorias como el torcaz, la tórtola y la codorniz. Más de 26.200 cazadores tienen licencia para disfrutar a partir del mes que viene en los 1.364 cotos de la provincia de Albacete, pero, un año más, cazarán muchos más de los autorizados.

Cabe recordar que Castilla-La Mancha tiene, desde el año 1996, su propia Ley de Caza, lo que le ha permitido aumentar la cuantía de las sanciones, ya que, según subrayó Cano, hubo un tiempo en el que «resultaba tan barato, que al furtivo le merecía la pena cazar sin esconderse y luego pagar la multa». No obstante, estos cazadores clandestinos siguen existiendo y no escatiman gastos.

En este punto, Cano explicó que existen tres tipos de infracciones: las leves, que obligan a pagar multas de entre 60 euros y 600 euros, además de la retirada de la licencia durante un periodo máximo de un año, y las graves, que penalizan al cazador con entre 600 y 3.000 euros y entre uno y cinco años de retirada del permiso. Por último, están las infracciones muy graves, que incluyen sanciones económicas de entre 3.000 y 60.000 euros. No hay que olvidar que, a parte de la multa y la retirada de la licencia, el cazador que, por ejemplo, dispare contra una cabra montesa en la clandestinidad tendrá que pagar al dueño del coto el valor de la pieza, por lo que las indemnizaciones se suman a las sanciones.

Cepos y lazos

En el caso de los cepos y los lazos ilegales, el titular del coto se enfrenta a que le inhabiliten la zona de caza. También está penado por la Ley el incumplimiento de los planes técnicos que tienen que presentar los responsables de los cotos para que les concedan el permiso de caza.

En relación con los furtivos de caza mayor, hay que decir que en la provincia sólo existen cuarenta cotos en los que puedan actuar. Se trata de cazadores que ya son más que conocidos entre los agentes medioambientales, pero aun así siguen actuando y, según subrayó Cano, «cada vez resulta más difícil cogerlos». Los furtivos son auténticos profesionales de la caza en la clandestinidad, ya que, precisamente, lo que les atrae es el morbo de sentirse presa y cazador a la vez. Estas personas llevan modernos equipos con medios de visión nocturna, emisoras con escáner para escuchar a los agentes y silenciadores.

El perfil del cazador furtivo es difícil de dibujar, pero está más que comprobado que responde al de una persona con medios económicos suficientes para pagar un coto. Sin embargo, prefiere cazar al margen de la Ley.

Cano aseguró que las infracciones se cometen, sobre todo, en las zonas limítrofes con Valencia y Murcia y en los pueblos, como Ossa de Montiel, El Bonillo y Munera, donde hay más caza que en el resto de la provincia. En cuanto a las fechas, los repuntes en las infracciones suelen darse en los periodos de la media veda y cuando se abre la veda, es decir, del 8 de octubre al 8 de febrero en caza menor y del 8 de octubre al 21 de febrero en caza mayor.