La Junta expropia por cinco euros a varios propietarios de terrenos para beneficiar a una empresa en Fuenteálamo  
(La Verdad de Albacete, 2 de febrero de 2004)

A. VICO/ALBACETE

La Mesa de Albacete para el Desarrollo Racional de la Energía Eólica y los Amigos de la Tierra de Albacete han denunciado la existencia de prácticas «cuasi-mafiosas» empleadas «de forma casi habitual» para obligar a los propietarios de terrenos donde se pretende ubicar parques eólicos a entregar a los promotores su legítimas propiedades.

Prácticas que los presidentes de las dos organizaciones citadas, Alfonso Baeza y Jesús Martínez-Moratalla, respectivamente, aseguran que se han puesto en práctica en Alcaraz, Fuenteálamo y Alatoz.

Localidades donde «a los propietarios que se han negado a que les llenen sus propiedades de turbinas eólicas y torres de alta tensión les han amenazado con la expropiación forzosa y se les ha llegado a quitar su tierra, pagándoles 5 euros por cada torres» para «beneficiar a las compañías eléctricas».

Hechos que, continúan afirmando, se han llevado a cabo con la colaboración de la Consejería de Industria, que dirige Alberto Sáiz y que en el caso de Fuentealamo han sido confirmados a La Verdad por uno de los afectados. Juan José Cerdán Felipe es uno de los más de veinte vecinos de Fuenteálamo a los que la Junta ha expropiado y les ha pagado 5 euros por instalar en sus propiedades torres y lineas eléctricas para la evacuación de la energía del Parque eólico Los Pedreros, propiedad de Ecotecnia SCCL, a través de la marca Vendaval Promociones Eólicas.

«A los que aceptaron les daban unos 3.600 euros por cada poste más el vuelo de la línea y a los que nos negamos a aceptar 5 euros, cerrándonos además la posibilidad de volver a negociar, pues se basan en leyes antiguas que lucran a particulares perjudicando a otros particulares» explica con evidente indignación Cerdán Felipe, quien añade que ninguno de los cien afectados quería vender pero que «con tintes mafiosos» nos dijeron que si no aceptábamos «ya verás lo que te pasa»

Servidumbre de paso

Y lo que pasa es que han visto como la Junta aprobaba un acta previa de ocupación, y que ha obviado la disconformidad con la valoración ofrecida por los propietarios, aceptando la del perito de la empresa beneficiaria, que «asciende a las cantidades de 5,72 euros y 0,0 euros» y ordena la consignación de dichos importes en la Caja de Depósitos de la Consejería de Economía y Hacienda, después de lo cual ordena la «imposición de servidumbre de paso» en una franja de terreno de «ocho metros de ancho» en la que se instalarán postes, torres o apoyos y fija una «faja de seguridad de diez metros de anchura» en la que prohíbe plantar «árboles o arbustos» o realizar cualquier acto «que perturbe el buen funcionamiento de las instalaciones».

Baeza y Martínez-Moratalla aseguran que tales «abusos de autoridad», que suponen un «fraude de ley» se han llevado a cabo «aprovechándose de una legislación obsoleta», en concreto la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, cuyo espíritu se ha tergiversado, pues fue redactada para que el Estado expropiara «mediante proyectos públicos de incuestionable utilidad pública». Por el contrario, ahora se aplica para «beneficiar a empresas y personas privadas».

«Se expropia forzosamente, con la colaboración decisiva de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a unas personas para regalarse esos bienes a otra persona», dejando a los legítimos propietarios «en una situación de total indefensión, puesto que ni siquiera se les permite recurrir ante la expropiación».

Una situación que, sostienen los denunciantes, llega «a lo esperpéntico» cuando como en el proyecto de la central eólica Dehesa Virginia, promovida por Endesa o las de Almansa, de Unión Fenosa, la Junta «se auto expropia» para regalar terrenos de titularidad pública a ambas empresas, que convierte la titularidad en privada.

Un desprecio

Después de pedir a la Junta que «revoque» las autorizaciones y declaraciones de utilidad pública concedidas para la instalación de centrales eólicas en la Región, denuncian el «desprecio» de la Administración regional «hacia las comunidades rurales afectadas por el problema eólico» al respaldar «aberraciones medioambientales» como es «llenas las sierras orientales de Albacete de engendros eólicos que arruinan nuestro patrimonio natural más valioso».

Alfonso Baeza y Jesús Martínez concluyen preguntando al presidente regional, José Bono, ¿cuál es su verdadero interés en que produzcamos en Albacete la sexta parte de toda la energía eólica nacional? y le niegan «autoridad» para decidir lo que los ecologistas deben o no defender salvo que: cierre el campo de tiro militar de Chinchilla, desmantele las centrales eólicas de Malafatón, Carcelén, Tortosilla y Caudete y ordene regenerar estas las zonas montañosas, retire los vallados cinegéticos, cierre las nucleares de Trillo y Cofrentes y ordene una moratoria eólica.

 
 
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