A. V./ALBACETE

El Juzgado de Instrucción número 7 de Albacete, cuya titular es la magistrada Estrella Pardo Merelo, con el visto bueno del Ministerio Fiscal, ha resuelto el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones seguidas contra la empresa Agrosoria SL, cuyo representante legal es Pedro Soria Antonio, en una causa seguida por un supuesto delito contra el medio ambiente, con ocasión de la existencia de vertidos de sustancias orgánicas y otros materiales en una finca situada en Pozo Cañada.

Según fuentes de la Junta, cuya representación en este procedimiento la lleva el letrado Antonio Castillo Fernández, la resolución judicial ha sido recurrida y se ha solicitado que reabra la causa y se mantenga la imputación en los términos que manifiesta en sus escritos de acusación. La causa será enviada, en los próximos días, a la Audiencia Provincial de Albacete, con el fin de resolver dicho recurso de apelación contra el archivo de las actuaciones.

El caso tiene su origen en las denuncias de varios vecinos de la localidad, que se quejaron de la degradación que presentaba uno de los parajes de la localidad, conocido como Valle Hondo.

Atestado policial

Degradación que fue comprobada por un agente de la Policía Local, quien a finales enero de 2002 se trasladó al lugar en cuestión, comprobando que «no sólo se encuentra dicho paraje totalmente degradado, sino que además pudiera ser foco de posibles enfermedades y, por consiguiente, peligroso para los vecinos de esta localidad».

El atestado señalaba, además, que «en dicho lugar se pueden encontrar desde residuos de aceites y combustibles, pasando por vehículos abandonados, para llegar a despojos animales», lo que hacía que «el aire que se respira sea nauseabundo a varios kilómetros con el consiguiente deterioro del entorno natural».

La denuncia fue comprobada, meses más tarde (28-6-2001) por el Seprona de la Comandancia de Albacete, que comprobó como, en Valle Hondo, terreno que Pedro Soria tenía alquilado al Ayuntamiento, había una zona encharcada con una sustancia negra pastosa, con un grosor de entre 6 y 14 centímetros, de ácido sulfúrico, que habían sido descargadas los días 11 y 12 de junio, en una cantidad de unos 49.000 kilogramos. El denunciado aseguró que tenía autorización para fabricar compost utilizando materias primas como paja, plumas con despojos de ave, hierro sólido, potasa, superfosfato, etc.

Asimismo, añadió que el lugar se encontraba impermeabilizado, con plástico, 50 centímetros de zahorra y tierra compactada.

Para el letrado de la Junta, que ha recurrido el sobreseimiento de la causa, la acumulación de vertidos «ha alcanzado tal dimensión» que la percolación de los lixiviados mezclados con ácidos «han afectado gravemente a la capa fértil del suelo».