La Junta consigue que se reabra un juicio contra un supuesto delito ecológico  
   
Se trata de un caso de vertidos en Pozo Cañada  
(La Verdad de Albacete, 24 de Julio de 2003)

A. V./ALBACETE

Finalmente, y tras recurrir la Junta el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, ordenado por el Juzgado de Instrucción número 7 de Albacete, cuya titular es la magistrada Estrella Pardo Merelo, con el visto bueno del Ministerio Fiscal, seguidas contra la empresa Agrosoria S. L., cuyo representante legal es P. S. A., en una causa iniciada por un supuesto delito contra el medio ambiente por vertidos de sustancias orgánicas y otros materiales en una finca situada en Pozo Cañada, la Audiencia Provincial ha revocado dicha resolución y ha ordenado la apertura de juicio oral contra P. S. A.

El caso tiene su origen en las denuncias de varios vecinos de la localidad, que se quejaron de la degradación que presentaba uno de los parajes de la localidad, conocido como Valle Hondo.

Degradación que fue comprobada por un agente de la Policía Local, quien a finales enero de 2002 se traslado al lugar en cuestión, comprobando que «no sólo se encuentra dicho paraje totalmente degradado, sino que además pudiera ser foco de posibles enfermedades y, por consiguiente, peligroso para los vecinos de esta localidad».

Residuos

El agente señala en su atestado, además, que «en dicho lugar se pueden encontrar desde residuos de aceites y combustibles, pasando por vehículos abandonados, para llegar a despojos animales», lo que hacía que «el aire que se respira sea nauseabundo a varios kilómetros con el consiguiente deterioro del entorno natural».

La denuncia fue comprobada, meses más tarde (28-6-2001) por el Equipo de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de la Comandancia de Albacete, que comprobó como, en Valle Hondo, terreno que Pedro Soria, tenía alquilado al Ayuntamiento, había una zona de unos 25 metros de largo por ocho de ancho, encharcada con una sustancia negra pastosa, con un grosor de entre 6 y 14 centímetros, de ácido sulfúrico, que habían sido descargadas los días 11 y 12 de junio, en una cantidad de unos 49.000 kilogramos.

También anotaron la existencia de montículos formados por paja y despojos de animales y plumas, así como montones de lodos de depuradora, en una cantidad de 36.000 kilogramos.

El denunciado aseguró que tenía autorización para fabricar compost (abono orgánico para agricultura), utilizando materias primas como paja, plumas con despojos de ave, hierro sólido, potasa, superfosfato, urea, estiércol ovino y bovino, gallinaza, estiércol de champiñón, hoja de aceituna, caña de maíz, cenizas de orujo de vino y aceite, y ácido sulfúrico, para acelerar la descomposición y lodos de la depuradora. Asimismo, añadió que el lugar se encontraba impermeabilizado, con plástico, 50 centímetros de zahorra y tierra compactada.

Autorización

La afirmación de Pedro Soria de que contaba con los permisos queda en duda, ya que el 16 de julio, el propio Ayuntamiento de Pozo Cañada, informado por la Guardia Civil, le requiere para que presente en las dependencias municipales «solicitud de licencia de actividades correspondiente a las actividades que realice en dicho paraje».

Según el letrado de la Junta, la acumulación de vertidos «ha alcanzado tal dimensión» que la percolación de los lixiviados mezclados con ácidos «han afectado gravemente a la capa fértil del suelo, con una grave incidencia en el subsuelo que habrá afectado a las aguas superficiales y subterráneas de al zona».

 
 
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