La Plataforma para el alejamiento de las antenas de telefonía móvil denunció ayer la instalación de nuevas antenas en Albacete, a pesar de la moratoria anunciada por el concejal de Medio Ambiente, José Eduardo Martínez Valero, a quien acusó de ser «totalmente permisivo» con estas empresas «a pesar de que no cuentan con las correspondientes licencias». Este colectivo anunció para mayo unas jornadas específicas sobre el tema.

La Plataforma para el alejamiento de las antenas de telefonía móvil, integrada por colectivos ciudadanos, Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, denunció ayer en rueda de prensa la permanencia de las cuarenta y dos antenas de telefonía móvil que hay instaladas en Albacete «a pesar de que el Ayuntamiento les denegó la licencia», así como la instalación de otras nuevas, concretamente en una torre del barrio de las Quinientas y en un edificio en el que ya existía anteriormente otra antena, a cuyos vecinos «convenció» según este colectivo el concejal de Urbanismo, a quien también acusaron, «diciendo que como ya había otra antena no se podía considerar que era una instalación nueva».

Estas nuevas instalaciones se han producido, aseguró Fernando Sánchez, de Ecologistas en Acción, «a pesar de que el concejal de Medio Ambiente se comprometió en un pleno a realizar una moratoria y a no permitir que se instalasen más antenas, lo que supone un hecho muy grave, no sólo porque el Ayuntamiento ha sido totalmente permisivo con estas empresas que carecen de licencia, porque no les ha obligado a retirar las antenas, sino además porque ni siquiera les ha multado por esta práctica ilegal».

Ello lleva a preguntarse, a juicio de este colectivo, «quién manda en la ciudad, si las empresas de telefonía móvil que a pesar de carecer de licencia del Ayuntamiento han colocado sus antenas y han hecho lo que han querido, o las comunidades de vecinos, que quieren hacer una instalación ilegal para sacarse un dinero, porque lo que está claro es que el Ayuntamiento no manda porque hay un descontrol absoluto».

Por otro lado, el portavoz de Ecologistas en Acción anunció las futuras actuaciones que va a acometer la Plataforma en relación a este tema. En primer lugar, dijo que se pedirá a la Junta de Comunidades el informe «íntegro» sobre las mediciones de radiaciones que están efectuando expertos de la Universidad de Alcalá de Henares en las antenas de Albacete, cuestión en la que aseguró también se está produciendo un incumplimiento, «puesto que se había previsto medir todas las antenas pero por el tipo de contrato que se ha hecho sólo va a dar tiempo a medir unas quince». En este mismo sentido, Fernando Sánchez subrayó que se pedirá que estos técnicos emitan una certificación para entregársela a los vecinos de los edificios donde se efectúan las mediciones, «que sirva para posibles acciones judiciales futuras si llega a demostrarse fehacientemente que las antenas tienen efectos nocivos para la salud».

Otra de las actuaciones de esta Plataforma pasará por la organización de unas jornadas, en la primera semana de mayo, en las que se debatirá sobre los aspectos técnicos, médicos y jurídicos de la instalación de antenas de telefonía móvil .

Se está elaborando una ordenanza marco sobre instalaciones de telecomunicaciones, que se enviará a Ayuntamiento, Diputación y Junta, en la que se citan los baremos máximos que los expertos reunidos en Salzburgo establecieron para que las radiaciones electromagnéticas no supusiesen riesgos para la salud, fijados en 0,1 microwatios y unas distancias de seguridad entre las antenas de 600 metros. Aconsejará a las empresas de telefonía móvil que «apliquen los procedimientos técnicos adecuados.

La responsabilidad de las comunidades de vecinos

Juana Campos, tras referirse a los estudios que hablan de los efectos de las radiaciones electromagnéticas en el sistema inmunológico, el ciclo de la vigilia y el sueño, el envejecimiento prematuro o las depresiones, y a las sentencias que ya se han producido en España en relación a la instalación de este tipo de antenas, citó las responsabilidades en las que pueden incurrir las comunidades de propietarios que accedan a la instalación de estas antenas en sus azoteas. Así, citó la depreciación de los inmuebles por el sobrepeso de estas antenas y su aparataje, lo que podría derivar en perjuicios para la estructura del edificio, y la responsabilidad administrativa frente a propietarios que hayan votado en contra de la instalación de antenas en sus azoteas (según lo establecido por la Ley de la Propiedad Horizontal) o a los usuarios pasivos (vecinos de otros inmuebles) por daños «físicos o psicológicos por la angustia de vivir con estas antenas cerca». También advirtió que muchas compañías de seguros ya no quieren cubrir los riesgos que se puedan derivar de estas ondas.