Los municipios del entorno del campo de maniobras consideran que ha llegado el momento de que el ministerio de Defensa lleve a cabo un estudio riguroso de las posibles consecuencias que para la salud de la población han tenido los múltiples ejercicios militares llevados a cabo durante los últimos años.

Todos estos pueblos –Higueruela, Chinchilla, Hoya Gonzalo, Casas de Juan Núñez y Pozo Lorente– coinciden en que tras años de funcionamiento de esta instalación militar, sería «tranquilizador» que una investigación en profundidad analice todos los aspectos negativos derivados de las prácticas del Ejército español y de las fuerzas de la OTAN en este campo de maniobras que ocupa cerca de 14.000 hectáreas (el segundo por sus dimensiones de todo el país, por detrás tan solo de San Gregorio, en Zaragoza).

Transcurridos diez meses desde aquel acuerdo plenario, del que se dio cuenta al ministerio, Defensa «no nos ha dado ninguna respuesta, ni en un sentido ni en otro, existe un mutismo total en este asunto», a pesar que desde aquella fecha, varios han sido los ejercicios llevados a cabo en el campo de maniobras en las que el Ejército ha hecho uso del armamento más avanzado, como sucedió en abril con la denominada Operación Serrallo, presidida por El Rey Don Juan Carlos.

Martínez agregó en este sentido que «está claro que todos nos quedaríamos más tranquilos que, teniendo en cuenta todo lo que se dice ahora del armamento, de sus consecuencias para la salud y para el medio ambiente, se realice una investigación que deje fuera de toda duda que no existe peligro para nuestros vecinos».

Chinchilla dice que no les beneficia en nada la instalación

Vicente Martínez Correoso, alcalde socialista de de Chinchilla, dice abiertamente que el campo no les beneficia en absoluto, por lo que apoya su desmantelamiento. Considera que no es lógico que junto a la zona más poblada de la región se desarrollen maniobras como las que tienen lugar en este campo militar.

De la misma manera, ambos ediles se sumaban a las peticiones de otros municipios –y también de los ecologistas– de una investigación para tranquilizar a la población.

El alcalde de Pozo Lorente, Gregorio Moreno (PP), estima que además de las consecuencias para la salud, se debería estudiar el impacto medioambiental. Pide compensaciones económicas a Defensa, consciente de que no es posible su desmantelamiento. Dice que la caza está tremendamente afectada.

José del Rey (PP), alcalde de Hoya Gonzalo, reconoce que las viviendas y quizá, la salud de los vecinos de su pueblo se han podido ver afectadas, «pero nadie denuncia nada». Apoya la realización de un estudio, aunque considera «fundamental» mantener una buena relación con sus vecinos militares.

«Espacio natural saturado de sabinares, claramente estepario, donde coexisten numerosas especies de aves especialmente adaptadas a este tipo de ambiente», explica este reportaje de Defensa, en el que se agrega además que también «nidifican rapaces y resulta habitual la presencia de pequeños mamíferos». Esta teoría sobre las consecuencias positivas que para esta zona trae consigo la existencia de un campo de maniobras no es compartida ni por los municipios de la comarca ni por los ecologistas.

Normativa

El ministerio de Defensa se ha dotado de una normativa con la que pretende garantizar «el concepto de desarrollo sostenible, es decir, hacer compatible el progreso tecnológico con el respeto por la naturaleza».

En este sentido, en 1998, dentro del ministerio de Defensa se creo una comisión asesora de Medio Ambiente integrada por altos responsables de este departamento.

Defensa asegura que es uno de sus objetivos la «mejora de la conciencia individual y colectiva en relación con el medio ambiente a través de programas de formación, información y divulgativos». Para ello, desarrolla programas encaminados, según se asegura en un informe del ministerio que se puede encontrar en Internet, al ahorro energético, mejora del rendimiento energético, desarrollo de energías alternativas renovables, reducción de la generación de residuos –su reutilización, reciclado y valoración– y uso ordenado de los recursos naturales.

Asimismo, afirma Defensa que «la prevención y lucha contra la contaminación del entorno incluyen otras acciones encaminadas a evitar o disminuir vertidos, limitar los ruidos y emanaciones tóxicas y controlar y evaluar las consecuencias de toda índole de las actividades militares sobre la naturaleza». «La actividad de las Fuerzas Armadas –apunta Defensa en este documento– es compatible con el cuidado del entorno natural».

Sin embargo, todos estos buenos propósitos no convencen al movimiento pacifista de la provincia ni a los municipios afectados.

Los ecologistas albaceteños no olvidan cuando en la anterior legislatura, el Gobierno de Aznar barajó la posibilidad de aprovechar el campo de maniobras de Chinchilla como polígono de entrenamiento para la fuerza aérea española.

Las reivindicaciones que en aquel momento realizó el movimiento pacifista «siguen todavía hoy latentes, ya que nadie ha dado respuesta a nuestras más que serias dudas sobre todo lo que puede estar pasando en esa zona como consecuencia de los ejercicios militares», según explicó ayer el portavoz del grupo Ecologistas en Acción, José Manuel Pérez Pena, en declaraciones a esta redacción.

Pérez Pena recordó que existen «muchas preguntas sin respuesta, el ministerio de la guerra ha mantenido un mutismo absoluto en todo este tiempo». En este sentido, todavía a estas alturas, según el portavoz de los ecologistas, no les han dado respuesta a sus preguntas sobre qué tipo de maniobras se desarrollan en esta zona militar, qué tipo de munición se utiliza, si es posible que contamine los acuíferos de los pueblos de la zona y con ello, y si éso puede tener consecuencias para animales, plantas y personas.

Para José Manuel Pérez Pena, «con todo lo que se está hablando en estos días», es más que necesario que se realice un estudio epidemiológico en toda la zona para analizar «los procesos cancerosos que se han producido de manera totalmente anómala en pueblos de la zona, como es el caso de Hoya Gonzalo, y de esta manera, el ministerio de Sanidad podría establecer si existe o no una relación entre el campo de maniobras y la presencia reiterada de determinados tipos de tumores en algunos municipios afectados».

Altamente contaminante

A juicio de Pérez Pena, está fuera de toda duda que el material armamentístico que se utiliza en la zona es «altamente contaminante, no sólo para la atmósfera, sino también para la tierra y para el agua».

En este sentido, el portavoz de los ecologistas subrayó que en esta zona existe una tremenda afición a la caza y a la recogida de setas y caracoles que posteriormente se incorporan a la dieta, «y no sabemos si esos alimentos están fuera de toda duda».,

Recordó Pérez Pena que este campo está dentro de la red de instalaciones de la OTAN para preparan a sus ejércitos para diversas intervenciones.

«Así las cosas, cabe preguntarse si se ha hecho uso de este campo de maniobras para probar los efectos de la munición con punta de uranio empobrecido para el combate en contra de carros de combate», dijo el portavoz de Ecologistas en Acción.

«Este campo ha sido utilizado en reiteradas ocasiones en ejercicios con fuego real, y quién no nos dice que se ha podido usar este tipo de armamento», insistió José Manuel Pérez Pena, ante lo que apuntó que en otros campos de maniobras, parece probado que sí se han hecho pruebas.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción va a pedir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se ponga al frente de una solicitud dirigida al ministerio de Defensa para que haga un estudio en el que se analice y se hagan mediciones radiológicas para determinar si en este campo de maniobras existen restos de uranio empobrecido o de plutonio.

«De esta manera –añadió–, los ciudadanos podremos tener la certeza de que en Chinchilla, por lo menos, no existe contaminación de carácter radioactivo procedente de munición con uranio o plutonio, y nos podremos quedar tranquilos».

Según el alcalde, Pozo-Lorente es una importante reserva cinegética que se ve afectada por las actividades del campo de tiro, ya que las especies animales, en particular la liebre y la perdiz, «se descontrolan», se desplazan y hacen daño a los viñedos. Al igual que el resto de los municipios aledaños al campo de tiro, Pozo-Lorente no recibe en la actualidad ningún tipo de compensación económica, que sería necesaria según el alcalde para hacer frente a los perjuicios que ocasionan las prácticas militares.

Respecto a los efectos que las prácticas militares podrían tener sobre la salud de las personas ante la eventual utilización de uranio empobrecido denunciada por Ecologistas en Acción, el alcalde declaró que es una cuestión que aún está por ver aunque estima conveniente realizar controles y saber si las personas pueden estar afectadas por alguna causa.