Las antenas de telefonía móvil, de nuevo, en el ojo del huracán. El grupo municipal de Izquierda Unida expresó ayer su «profunda preocupación» por los casos de leucemia aparecidos en Valladolid y que han afectado a cuatro niños alumnos de un colegio situado frente a una estación de telefonía móvil.

Según declaró ayer el coordinador provincial de IU, Vicente Tendero, «estos preocupantes hechos demuestran que se tiene que regular de una vez por todas y de manera eficaz la instalación y la emisión de estas infraestructuras», apuntando que «tenemos constancia de que se han detectado otros dos casos de leucemia en la localidad de Tarazona de La Mancha en sitios también próximos a estas instalaciones».

IU viene proponiendo la adopción de medidas en el ayuntamiento, como por ejemplo, el desmontaje de siete antenas supuestamente peligrosas por su cercanía a centros públicos, «pero siguen sin cumplirse por parte del equipo de gobierno», señaló Tendero, quien además recordó que se aprobó una moción para la redacción de una ordenanza por parte del ayuntamiento que incluyese los baremos de emisión recomendados por los principales expertos «independientes» en la materia, «y sin embargo ha habido intentos por parte del consistorio de legalizar las antenas ya instaladas, equiparándolas a centros de transformación de energía eléctrica».

Las antenas de la discordia

En esta línea, el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Elías Rovira, está sorprendido por el retraso que viene sufriendo la desactivación de las siete antenas potencialmente peligrosas «alegando el equipo de gobierno dificultades técnicas, pero vemos que en Valladolid se han desactivado en un solo día».

Por otro lado, Tendero comentó que la supuesta moratoria que la concejalía de Urbanismo impuso en su momento para impedir la colocación de nuevas antenas «se está incumpliendo, por lo que solamente nos queda, ante la inactividad del equipo de gobierno, llamar al sentido común de las comunidades de vecinos para que no se dejen engañar por el dinero que las compañías ofrecen para tapar las deudas de la comunidad, y queremos recordar que cualquier perjuicio a terceros que se pudiera producir recaería en estas comunidades, ya que las compañías se eximen de toda responsabilidad en los documentos que firman con ellas». «Lo único que pretendemos es que no ocurra lo de siempre, y es que no se tomen medidas hasta el momento en que el daño esté ya hecho, por eso, llamamos a la responsabilidad de la sociedad para que exija que la instalación de estas antenas se haga sin poner en peligro la salud de los ciudadanos», comentó además el portavoz de IU en el consistorio.

Para concluir, el coordinador de la coalición en la provincia señaló que «vamos a exigir que tanto el Gobierno de España como la Junta de Comunidades tomen cartas en el asunto de una vez por todas y no se dejen llevar por las presiones económicas de las operadoras, pasados cuatro meses desde la tan cacareada norma regional que se aprobó con los votos de PSOE y PP, la situación en toda la comunidad con estas instalaciones sigue igual o peor».

Medio Ambiente asegura que las antenas emiten dentro de la ley

El concejal de Medio Ambiente, José Eduardo Martínez Valero, aseguró ayer que en unos días convocará una reunión de un grupo de trabajo que se encargará de elaborar la normativa municipal que regulará el funcionamiento de las antenas de telefonía móvil en el municipio, «tomando como base el trabajo que están realizando nuestros técnicos, y las aportaciones realizadas por IU y otros colectivos».

Valero señaló que hasta la fecha se han realizado dos mediciones de las emisiones de las antenas de telefonía móvil por parte de la Universidad de Alcalá y por una empresa privada –incluidas las siete que acordó desactivar el consistorio–, y en ambos casos «los resultados es que emiten dentro de los parámetros que marca la normativa regional, en el caso de las siete que se acordó retirar, por debajo de 0,01 microwatios por centímetro cuadrado». Apuntó por último que si las citadas siete antenas no se han desmontado es debido a la falta una orden judicial para poder entrar en una propiedad privada: las azoteas.