La batalla iniciada por colectivos ciudadanos con el apoyo de IU contra los problemas que pueden generar las antenas de telefonía móvil sigue ganando adeptos, como se puso ayer de manifiesto en el pleno municipal. La corporación se comprometió a elaborar una estricta normativa que ahorre cualquier peligro a los ciudadanos, e incluso, no se descarta sacar estos aparatos del casco urbano.

El grupo municipal de Izquierda Unida llevó de nuevo al pleno del ayuntamiento su particular batalla contra los problemas que pueden provocar las antenas de telefonía móvil. Ayer, su portavoz, Elías Rovira, defendió otra vez la necesidad de poner en marcha medidas para evitar la supuesta contaminación por emisiones electromagnéticas, y arrancó además el compromiso del resto de la corporación de poner en marcha un proceso de discusión y elaboración de una ordenanza que regule la instalación y funcionamiento de estos elementos.

Una de las propuestas de Rovira, además de la redacción de la normativa local –para la que este grupo ya ha presentado un anteproyecto– consiste en sacar del casco urbano todas las antenas de telefonía móvil de la ciudad, como ya se ha hecho en otros municipios. Por otro lado, para Rovira sería preciso que el ayuntamiento exigiese a las empresas de telecomunicaciones el pago de un canon por el uso del espacio radioeléctrico albaceteño, y que de paso, se obligue a estas compañías a que contraten un seguro de responsabilidad civil.

¿Y la moratoria?

El portavoz del grupo municipal de IU exigió al consistorio que aplique de verdad la moratoria que en su momento anunció «a bombo y platillo» el equipo de gobierno, en virtud de la cual, no se podrían colocar nuevas antenas de telefonía móvil en el municipio.

Todas estas propuestas fueron aceptadas sin pestañear por el grupo municipal del Partido Popular, y también por los socialistas, aunque su concejal de Medio Ambiente, José Eduardo Martínez Valero. Así, éste propuso que las iniciativas incluidas en la moción defendida por Izquierda Unida no fueran tomadas al pie de la letra, sino que se pudieran negociar, y si fuera posible, aplicar.

Reconoció por otro lado que les ha resultado imposible controlar la instalación de nuevas antenas, «a no ser que hubiéramos puesto a un agente de la Policía Local en cada edificio». En esta línea, reconoció que el ayuntamiento ha incumplido el acuerdo que adoptó hace meses el pleno de desconectar siete antenas presuntamente peligrosas para la salud de niños y enfermos, principalmente. «Todo se ha complicado, y ahora estamos a la espera de recibir una autorización judicial para entrar y desconectarlas», dijo el concejal de Medio Ambiente. Lo que sí decidió es dejar abierto el debate para estudiarlo con colectivos ciudadanos es la potencia máxima con que pueden emitir estas bases de telefonía móvil en el municipio.

El ayuntamiento, según acordó ayer, considera preciso tener una información puntual y detallada de cuantas antenas están en funcionamiento en estos momentos en la ciudad, un dato que desconoce la corporación con exactitud.