JOSÉ FIDEL LÓPEZ/ALBACETE

El Ayuntamiento de Albacete ha encontrado su mejor aliado en la justicia en su propósito de hacer cumplir la normativa urbanística para impedir la instalación de nuevas antenas de telefonía móvil en las azoteas de edificios o en parcelas de suelo rústico del municipio. Y es que en apenas unas semanas dos nuevas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M) han venido a dar la razón al consistorio en los contenciosos abiertos hace casi dos años por las principales empresas de telecomunicaciones.

Así, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC-M, en su sentencia 210 del año en curso, ha desestimado el recurso de apelación presentado por la empresa Telefónica Servicios Móviles Sociedad Anónima contra una decisión judicial anterior -de 1 de septiembre de 2001-, confirmando de esta manera un acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se denegó a esta compañía de telecomunicaciones licencia para la instalación de una antena de telefonía móvil en un edificio de la ciudad.

Premisa principal

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, como «primera y principal» premisa señala que si en la norma de planeamiento urbanístico no se permite el uso de una azotea para la instalación de una antena, «no cabe conceder la licencia que la inicial actora -Telefónica Servicios Móviles- solicitó la la corporación local». La operadora esgrimió como uno de sus principales argumentos que la telefonía móvil es un servicio «de interés general». Al respecto, el TSJC-M señala que «no será esta sala quien niegue la relevancia que la telefonía móvil ostenta en nuestro entramado social, pero tal importancia no puede imponerse a la realidad jurídica más evidente, cual es que dichos usos no están permitidos en la zona en que se quiere situar (la antena)».

El PGOU en vigor

Los jueces, no obstante, no rechazan el argumento de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en vigor -es decir, el aprobado en 1999- presenta una «esencial laguna al respecto» al no contemplar la telefonía móvil.

«Ello pudiendo ser cierto -afirman- no puede mover a que nosotros alteremos la naturaleza de la principal norma urbanística de la ciudad, ni a que redactemos de forma distinta su norma, entre otras cosas», ya que, recuerdan, se lo impide «taxativamente» la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De igual manera se ha pronunciado la Sala de lo Contencioso respecto a otro recurso de apelación presentado por la misma operadora contra la sentencia de 11 de febrero de 2002 en la que se dio la razón al Ayuntamiento en su negativa a autorizar en una parcela de la entidad local menor de Aguas Nuevas la colocación de esta base de telefonía móvil.

Pero éstas no son las únicas sentencias que se han dictado apoyando al Ayuntamiento en su oposición a la concesión de licencias para antenas de telefonía móvil. De hecho, el TSJC-M en estos últimos pronunciamientos recuerda que ya ha fallado en al menos, otras dos ocasiones en el mismo sentido sobre recursos de otra operadora, Airtel Móvil Sociedad Anónima -ahora, Vodafone-; pero además, el pasado mes de julio el Ayuntamiento de Albacete conoció una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en la que se rechazó un recurso de Retevisión Móvil contra la decisión municipal de no conceder licencia de obras para una base de telefonía móvil más.

Rigor

Al respecto, el concejal de Urbanismo y responsable municipal en esta materia, José Luis García Guerrero, indicó que «es cierto que los tribunales nos están dando la razón, lo cual avala nuestra política en esta materia, ahora bien, siempre lo hemos dicho, para actuar hay que dar los pasos correctos, con la ley de nuestro lado, y todo ésto requiere mucho trabajo legal».

Sobre las reciente críticas del grupo municipal de Izquierda Unida contra el equipo de gobierno respecto al incumplimiento del acuerdo de desactivar siete antenas supuestamente peligrosas por su proximidad a colegios y otros centros públicos, el concejal de Urbanismo recordó que «de esas siete se desactivó una, además de otra que no estaba contemplada en esa lista y que se ubicaba en el barrio de San Pablo».

«Si dicen (en referencia a Izquierda Unida) que no estamos actuando, que miramos hacia otro lado, no es cierto, esa acusación está falta de rigor, sí que estamos actuando, pero para mover cualquier papel, para presentarnos en un edificio y desactivar una antena necesitamos de la pertinente autorización judicial», aseguró el socialista García Guerrero.

La última intervención que ha llevado a cabo el Ayuntamiento fue sobre una antena del edificio Capitol. «Por supuesto que nos gustaría poder trabajar más rápido, pero no podemos hacer otra cosa», añadió el edil.

Las empresas afirman que en Albacete no hay riesgo J. F. L./ALBACETE

ImprimirEnviar Las operadoras de telefonía móvil Amena, Telefónica Móviles y Vodafone han lanzado recientemente una contundente campaña publicitaria para difundir los datos de su Plan Nacional de Certificación de Antenas. Con este programa se han medido, según sus datos, 23.000 estaciones base de toda España, trabajo realizado, según afirman, por personal independiente. Pues bien, los resultados del Plan aseguran que las antenas de telefonía móvil son «seguras» y que cumplen «ampliamente» la legislación de salud sobre campos electromagnéticos.

Según el estudio, la potencia media de las antenas que operan en España está 1.200 veces por debajo del máximo legal que permite el Real Decreto 1066/2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología, establecido en 4,5 watios por metro cuadrado (w/m2). En el caso de Castilla-La Mancha, en Toledo provincia la potencia está 1.356 veces por debajo del límite legal; en Ciudad Real, 5.748 veces; en Guadalajara, 4.615 veces; en Cuenca, 5.359 veces, y en Albacete, en lo que respecta a la capital, el valor medio de las emisiones es de 0,0028 watios por metro cuadrado, 1.589 veces por debajo del límite legal, y en la provincia el valor medio es de 0,0012 w/m2, 3.668 veces por debajo del tope legal.

Según los datos de las mediciones realizadas por la Junta de Comunidades, hasta el pasado mes de agosto, las 1.960 antenas controladas en toda la región cumplen los niveles fijados por la Ley Regional para la Ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicaciones, suspendida por el Constitucional por un recurso del Gobierno.