Cerca de 1.500 vecinos piden ya la retirada de las antenas de telefonía  
   
Advierten a los concejales que pueden ser responsables de los posible efectos para la salud de sus emisiones  
(La Verdad de Albacete. 4 de Marzo de 2.001)

Unos 1.500 albaceteños exigen ya al Ayuntamiento de Albacete el desmantelamiento de las bases de telefonía móvil situadas en unos cuarenta edificios de la ciudad. Esta semana, la Plataforma por la Seguridad en la Instalación de Antenas de Telefonía Móvil presentaba en el Registro Municipal 300 nuevas firmas y otras 30 denuncias contra estos artilugios. Ahora, este colectivo ha endurecido su postura y advierte a los concejales que de no actuar, pueden estar cometiendo un delito.

La Plataforma por la Seguridad en la Instalación de Antenas de Telefonía Móvil ha decidido endurecer su postura frente al ayuntamiento. Esta semana presentaron en el Registro Municipal otras trescientas firmas de vecinos en contra de la presencia de este tipo de artilugios en las azoteas de los edificios de la capital, con lo que en cuestión de cuatro meses han logrado reunir más de 1.500 rúbricas de apoyo. De la misma manera, la Plataforma ha presentado otra vez ante el ayuntamiento treinta denuncias contra estas antenas, pero esgrimiendo argumentos más contundentes, e incluso, advirtiendo a los concejales de las responsabilidades que se les pueden exigir penalmente caso de no tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar cualquier consecuencia a los vecinos derivada de la existencia de estos aparatos.

Cabe recordar que en estos momentos, en las azoteas de la ciudad existen unas cuarenta antenas, y hasta el momento, según la Plataforma, no se ha ordenado la retirada de ninguna de ellas a pesar de su situación alegal.

Las denuncias presentadas por este colectivo son de tipo urbanístico, puesto que entienden que estas estaciones base de telefonía móvil instaladas y en funcionamiento carecen de licencia de obra y de actividad. «Estos hechos fueron ya denunciados hace unos meses ante el ayuntamiento, sin que hasta el momento se haya adoptado medida alguna», afirman. Sin embargo, en opinión de la Plataforma, ésto no es lo más grave, sino que lo que más les preocupa es que estos artilugios emiten en su funcionamiento unas ondas electromagnéticas que penetran no sólo en el edificio en el que están instaladas, sino que también lo hacen en los edificios de alrededor, «siendo numerosos los estudios de nuestro país y el extranjero que advierten de que estas emisiones pueden tener efectos adversos en la salud de las personas, y sobre todo, en niños, embarazadas y ancianos y enfermos».

Mediciones independientes

El ayuntamiento, afirma la Plataforma, no está controlando de forma alguna por medio de mediciones independientes las ondas electromagnéticas, por lo que «no puede saberse que niveles reales están sufriendo los vecinos, y si están por encima de los que permiten otros países, como por ejemplo, Suiza, Italia, Suecia, Rusia, China, y Salzburgo en Austria». La Plataforma ha entregado al ayuntamiento un informe científico elaborado por doctores y especialistas del Centro de Investigación del Hospital Universitario la Fe, de Valencia, y por ingenieros expertos en el tema, profesores de Física Aplicada de la Universidad de Valencia en el que, entre otras cosas, se asegura que para la protección preventiva de la salud pública, el límite máximo de exposición a este tipo de emisiones no debería superar 0,1 microwatios por centímetro cuadrado.

«Pero a pesar de los avisos y la controversia científica –explica la Plataforma–, el ayuntamiento está permitiendo de forma imprudente el funcionamiento de estas antenas», por lo que sería el consistorio, a su juicio, el responsable de los daños que los ciudadanos padezcan en el futuro, y entre los que citan abortos, malformaciones en fetos, cánceres y leucemias o alteraciones del sistema nervioso. La Plataforma asegura que en la actualidad, la mayoría de las compañías aseguradoras del mundo se niegan a cubrir todos estos riesgos en sus pólizas y excluyen expresamente la cobertura de los daños a las personas derivados de las ondas electromagnéticas emitidas por este tipo de antenas.

Este colectivo insiste en que hasta el momento, a nivel comunitario, la Unión Europea tan solo ha establecido una recomendación sobre antenas, conocida como Alara –es decir, del inglés As low as reasonably achievable, o lo que es lo mismo, Tan bajo como sea razonablemente posible–, por la que se sugiere a todas las instituciones competentes el establecimiento de distancias mínimas de seguridad respecto de edificios públicos, viviendas o lugares de trabajo en relación con los repetidores de telefonía móvil.

Ante esta situación, la Plataforma quiere que el ayuntamiento precinte y paralice estas antenas por ser objeto de una infracción urbanística, pero además que se abran procesos sancionadores y que se aplique el principio europeo conocido como Alara.

La Plataforma advierte al ayuntamiento que de no tomarse medidas, por un lado, se podría estar dando pie a un agravio comparativo y a una vulneración del principio de igualdad regulado por la Unión Europea, en cuanto que el consistorio sí que actúa contundentemente contra otras obras y actividades ilegales. A ésto, hay que unir que no actuar en defensa de la salud de los ciudadanos podría ser un delito de los tipificados en el Código Penal, aseguran.

JUANA CAMPOS, Presidenta de la Plataforma por la Seguridad de las Antenas de Telefonía Móvil:
«Hay que sacar las antenas de la ciudad»
 
Juana Campos se queja de la falta de respuesta del ayuntamiento

La Plataforma por la Seguridad en la Instalación de Antenas de Telefonía Móvil sigue con su cruzada particular. Esta semana presentaron de nuevo en el registro del Ayuntamiento de Albacete más de treinta denuncias por la existencia de antenas de telefonía móvil en edificios de la ciudad que no cuentan ni con licencia de actividad ni de obras. Exigen su desmantelamiento.

Pregunta. Esta semana han presentado ustedes nuevas denuncias y más firmas contra las antenas de telefonía móvil...

Respuesta. Efectivamente. Lo que hemos hecho es reiterar las más de 30 denuncias que se presentaron en su momento, y a las que no se nos ha dado respuesta por parte del ayuntamiento, lo cual no entendemos. Las 40 antenas que existían siguen funcionando y nadie hace nada. Pero ahora hemos decidido endurecer las denuncias, ya que consideramos que si no se hace nada, existe una posible responsabilidad de los concejales.

P. ¿Qué pretenden?

R. Muy sencillo, puesto que no cuentan con licencia de obras y de actividad, lo que procede es su precinto, y una vez paralizada su actividad, que se sancione y que se desmonten. Eso, bajo nuestro punto de vista, sería lo más lógico. Cada vez existen más informes médicos y científicos que recomiendan una serie de medidas preventivas para evitar posteriores problemas.

P. Además, han logrado reunir 300 firmas más...

R. Así es. Ya andaremos cerca de las 1.500 firmas.

P. La solución, bajo su punto de vista, ¿sería la creación de un parque de antenas fuera del casco urbano?

R. Sí, por supuesto, hay que sacar las antenas de la ciudad, es lo más adecuado. Hay sitios donde ésto ya se está haciendo. Sería una manera de evitar riesgos, ya que la población no estaría recibiendo las radiaciones. Esa sería mejor solución que establecer límites máximos de radiación dentro del casco urbano, ya que de esa manera nunca quedarían excluidos de forma definitiva los riesgos. Lo ideal es colocar las antenas fuera de las ciudades. Se estima que la distancia más adecuada para que no sean motivo de preocupación es que exista una distancia de al menos un kilómetro entre las antenas y la población.

 
 
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