Varapalo judicial al Ayuntamiento de Albacete. El jardinero mayor de la Casa Consistorial, Antonio Simón García, ha logrado que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M) le dé la razón, paralizando de forma cautelar el proyecto de remodelación del Parque de Abelardo Sánchez.

Simón García –asesorado legalmente por Justo Jiménez Tolosa, el que fuera secretario particular del anterior alcalde, el popular Juan Garrido– interpuso recurso de reposición en el ayuntamiento contra la aprobación en abril de este año, y por parte del pleno, del proyecto del Parque. Una vez que la mayoría socialista –con el apoyo de IU– decidió rechazar en junio su recurso, este funcionario optó por presentar un contencioso-administrativo en los tribunales, solicitando además como medida cautelar la suspensión de la remodelación. Ayer, la Sección Primera de lo Contencioso, en un auto del que el ponente es el magistrado Mariano Montero Martínez, comunicó la paralización de las obras hasta que se resuelva definitivamente el recurso.

La tala masiva de pinos

En los razonamientos jurídicos del auto se explica, en primer lugar, que «pese al conglomerado de afirmaciones diversas» del jardinero mayor en su recurso, «en realidad el fundamental propósito perseguido es evitar la tala masiva de árboles –el proyecto contempla la eliminación de más de cuatrocientos árboles–, que sería una de las consecuencias del proyecto de remodelación aprobado por la corporación municipal». En este sentido, la Sala entiende que el proyecto «parece vulnerar las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)».

Para argumentar esta afirmación, el auto señala que si el Parque presenta una característica «consustancial» es la de su arbolado, «hasta el punto que lo configura como de los considerados forestales o boscosos y le proporciona un carácter definido, una entidad propia que, de llevarse a cabo de forma inmediata el plan de remodelación, se vería transformado, y no sólo modificado». Pero los magistrados van más allá, y recuerdan que el PGOU le otorga al Parque de Abelardo Sánchez la figura de protección integral, y además, según la normativa urbanística municipal, en este tipo de recintos sólo se pueden llevar a cabo obras tendentes a «conservar, mejorar, mantener, restaurar o consolidar». Para la Sala, conservar equivaldría en este caso a mantener lo que se tiene, «al menos, en todo lo sustancial»; mejorar, implicaría que, manteniendo lo que hay, «se pudiesen optimizar los recursos», y restaurar es, para el auto, «efectuar reparaciones o retoques para conseguir algo cercano al estado primitivo u original». Pues bien, aplicando sus propias definiciones, los magistrados de esta Sección entienden que «los propósitos municipales van más allá de tales tareas –es decir, que no sólo se persigue su conservación, mejora y restauración–, ya que «se elimina una parte cuantitativamente significativa de los árboles, se diseñan de otro modo las avenidas, se instalan fuentes o aulas de la naturaleza, alterando de manera notable la fisonomía del Parque que, no olvidemos, participa de la esencia misma, como elemento destacado, de la personalidad de esta capital».

Los jueces llegan a la conclusión de que previamente a cualquier obra en el recinto en cuestión, el ayuntamiento tendría que haber modificado el PGOU, por impedir, hoy por hoy, la realización de las tareas proyectadas por el consistorio. En esta línea, el auto apunta que «no parece», ya que «no se ha probado lo contrario», que se hayan «examinado alternativas serias, técnicamente rigurosas, para ceñirse a la mejora de la situación del Parque»; cabe recordar que el ayuntamiento no ha barajado ningún otro proyecto al margen del redactado por profesores de Agrónomos de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Daños irreparables

Los magistrados añaden que «sin especiales conocimientos técnicos al respecto» se muestra con «meridiana claridad» la «irreparabilidad del daño» en caso de ejecutarse el proyecto pendiente, destacando que ni físicamente ni económicamente se podría resarcir del daño causado al jardinero mayor, al que se le otorga la representatividad de una «determinada postura existente en la sociedad».

Por otro lado, el recurso añade que este proyecto no reviste un carácter «urgente» y recuerda que si el ayuntamiento tuviera que talar un árbol o varios porque amenazasen con irse abajo de forma «más o menos inmediata», podría hacerlo «en cualquier momento en uso de sus atribuciones de policía y de salvaguarda del bien jurídico seguridad, tanto de personas como de bienes».

Rechaza el auto la petición de fianza solicitada por el ayuntamiento –556 millones de pesetas, coste del proyecto–, ya que de atenderse «se alzaría así como un muro infranqueable para el recurrente que le impediría ejercer su pretensión». Los magistrados apuntan que la subvención concedida por la Unión Europea para este proyecto –350 de los 556 millones en que se presupuestaron las obras– no tiene porqué perderla el ayuntamiento, ya que «ni consta que no se puedan recibir en otro momento los fondos o quedar congelados o destinarlos a otros fines esenciales, y luego retomar su solicitud o otorgamiento».

Los trabajos se iban a iniciar la próxima semana

La noticia de la paralización del proyecto de remodelación del Parque se produjo ayer, justo cuando el equipo de gobierno tenía previsto firmar el contrato con la empresa adjudicataria de la dirección, supervisión y control de las obras, C-3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente S.L. Para el lunes estaba fijada además la fecha de firma del otro contrato, el de ejecución material las obras, adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Necso y Viveros Dalmau. Con los contratos firmados, las obras, o la menos, el acta de replanteo de las mismas estaba prevista para la próxima semana. Con el auto dictado ayer por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el inicio de los trabajos no tiene fecha, e incluso, el asunto puede acabar en el Tribunal Supremo, o lo que es lo mismo, la resolución definitiva puede tardar no menos de dos años.

Iniciativa Ciudadana recibe la noticia «con alegría» y «satisfacción» y afirma que «se ha hecho justicia»

Iniciativa Ciudadana para Salvar el Parque, colectivo que recogió más de 9.000 firmas en contra de la tala de unos 400 árboles, acogió ayer la decisión judicial de paralizar las obras de remodelación de este pulmón verde urbano «con satisfacción y alegría». Así se manifestó su portavoz y promotor, Juan Tomás Martínez, para quien con el auto conocido ayer «se ha hecho justicia y se ha dado respuesta a los cientos de ciudadanos que pidieron que no se cortaran tantos árboles, existía un sentimiento generalizado de malestar con esta situación, y ahora, se ha dado una respuesta lógica». Iniciativa Ciudadana, que está a la espera de que los tribunales fallen también el recurso que presentaron contra el Parque y que el alcalde convoque el reclamado referéndum sobre la tala, confía en que después de este varapalo judicial, el equipo de gobierno solicite otro proyecto de remodelación al margen del redactado por profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, «un estudio –dijo Martínez– que no diga lo que quieran los que lo pagan, es decir, el ayuntamiento, que sea técnico técnico, y no visual, ya que entendemos que así se ha hecho». «Es evidente que en este asunto, al final, los jueces han impuesto un poco de sentido común, que es lo único que venimos reclamando, es una gran noticia para nosotros», añadió.

El concejal de Medio Ambiente, José Eduardo Martínez Valero, anunció ayer que el ayuntamiento recurrirá en súplica, en primera instancia, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M) el auto de paralización de las obras del Parque, y a continuación, presentarán «si es preciso» un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Martínez Valero, muy «molesto» con la decisión judicial, dijo que «no acatamos este auto», añadiendo que «nos quedamos de momento de brazos cruzados en nuestro intento de salvar el Parque». Para el edil izquierdista, es «muy grave» que el auto cuestione la «rigurosidad» del proyecto de remodelación realizado por la Universidad regional, «y más cuando los propios magistrados reconocen que no son expertos en la materia».

Por otro lado, indica que la decisión judicial «viene a dar prioridad a los intereses particulares, los del recurrente del proyecto, el jardinero mayor, frente a los generales, que son los de todos los ciudadanos, que quieren tener un Parque sano y en condiciones».

Del jardinero mayor añadió que «el recurrente es precisamente uno de los responsables de que el Parque esté como está», apuntando que «ese señor lo único que defiende es su interés particular». En este sentido, explicó que este funcionario tenía como fecha tope para abandonar la vivienda en la que vive «en precario» en el Parque el 15 de octubre, «ya que en esa construcción va un aula de la naturaleza».

Martínez Valero no descartó que las empresas adjudicatarias de las obras y de su dirección pidan responsabilidades económicas, subrayando además que se puede perder la financiación europea del proyecto.

La viceportavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Rosario Gualda, dijo ayer el auto de suspensión de las obras del Parque «es toda una sorpresa» ya que el proyecto fue informado favorablemente por los técnicos municipales. «Todos los informes técnicos avalaban el proyecto», dijo Rosario Gualda, para quien esta decisión judicial complica una remodelación que resulta necesaria a todas luces.

El presidente provincial del Partido Popular, Atanasio Ballesteros, aseguró ayer que el alcalde «tiene que dimitir tras este varapalo». Opinó que la decisión de los jueces «viene a verificar la obsesión de Castell y del concejal de Medio Ambiente «por destruir este emblema de la ciudad». Ballesteros añadió que el auto pone de manifiesto «que el alcalde tiene que convocar el referéndum, porque se lo han dicho muchas firmas y la mayoría política».

El alcalde, Manuel Pérez Castell, aseguró ayer que la paralización de las obras del Parque «lejos de causarme un disgusto lo que hace es que nos permite ver reforzada nuestra apuesta por el Parque, por salvar el Parque y a quienes lo visitan». Para Pérez Castell, el auto dado a conocer ayer contiene diversas contradicciones, y no entiende que después de haber pasado tantos filtros a nivel administrativo, «ahora se cuestione el proyecto».