El pasado marzo de 2000 la Diputación firmó la Carta Aalborg, que por entonces ya había sido suscrita por más de 300 municipios y regiones europeas y por alrededor de 50 de España y en octubre organizó unas jornadas para informar a los responsables políticos y técnicos de los municipios de Albacete sobre los objetivos de la Agenda 21 en su apartado local, que busca integrar los principios del desarrollo sostenible en la Administración local, tanto en su política como en la forma de gestionar sus actividades.

Ayer, el diputado provincial de Medio Ambiente, Ramón Sotos, anunció el siguiente paso en la política de desarrollo sostenible que desde la institución provincial se quiere impulsar y fomentar en los municipios de la provincia: la realización de auditorías ambientales en todos los municipios, como elemento clave para la puesta en marcha de programas de acción ambientales compatibles con la Agenda Local 21.

La intención de la corporación provincial es que todos los municipios de la provincia inicien e integren, dentro de sus actuaciones, «políticas que caminen hacia la sostenibilidad en el siglo XXI».

Para ello se va a proponer a las localidades de la provincia un programa de Agenda Local 21 de auditorías ambientales, que se dividirá en dos fases: durante la primera, que se llevará a cabo durante este año, serán las poblaciones más urbanas, es decir aquellos que tengan más de 6.000 habitantes, que tendrán que cumplir un protocolo de requisitos que se fijará antes del verano. En la segunda fase, en 2002, las auditorías se extenderán a todas los municipios rurales de la provincia.

Así, en el próximo pleno de la Diputación, se aprobará el programa para hacer las auditorías ambientales, «para conseguir crear una gran red provincial de pueblos y ciudades hacia la sotenibilidad».

Para ello, en la misma sesión, se realizará una modificación de crédito por valor de 58 millones de pesetas, con los que se dotará al programa y que servirán para que las localidades que se comprometan con el protocolo que se va a elaborar y que lo soliciten, puedan auditar todos los aspectos del municipio.

Los estudios servirán para conocer no sólo el estado del medio ambiente natural (degradación y recuperación de la naturaleza y la biodiversidad), sino también el urbano (contaminación atmosférica, ruidos, industria, aguas, tratamiento de los residuos, campos electromagnéticos, tráfico), lo que proporcionará una radiografía de todos los «cuellos de botella y de los avances» que se produzcan en cada una de las áreas estudiadas.

Una vez que se tengan las auditorías, cuya adjudicación se llevará a cabo, según Sotos, antes de que termine septiembre, a primeros del próximo año, se procederá a la elaboración de los programas de acción.

Estos programas estarán formados por las medidas estructurales que se considere necesario abordar para corregir los problemas que se hayan detectado.

Para ello se contará con la participación de sindicatos, empresarios, ONG, ecologistas, etcétera.

Además, para poder evaluar los trabajos, se elaborarán indicadores ambientales de partida, que servirán de guía para que anualmente se pueda estudiar la evolución de cada uno de los problemas que se haya detectado.

«Pretendemos afrontar en un tiempo de quince o veinte años, una serie de actuaciones que doten, a todos los municipios de la provincia que quieran, de un modelo de desarrollo más sostenible», dijo Sotos.

El diputado provincial de Medio Ambiente insistió en que es hora «de que seamos conscientes de los problemas y afrontemos sus correcciones, para lograr una mayor calidad de vida de los ciudadanos».

«Estamos hablando de Medio Ambiente con mayúsculas, del entorno en el que nos movemos y que queremos mejorar», señaló.

Los ayuntamientos que participen tendrán que comprometerse a abordar las consecuencias que se deriven de las auditorías, «porque si no estaríamos invirtiendo en el vacío y no serviría para nada», apuntó Ramón Sotos, quien agregó que, además, hay posibilidad para las localidades que apuesten por la sostenibilidad de recibir fondos europeos a través del V Programa Marco de Políticas Ambientales de la Unión Europea.

Objetivo: adoptar estrategias de desarrollo sostenible

Encauzar el desarrollo económico de modo que perjudique menos al medio ambiente es el objetivo de La Agenda 21, un manual de referencia para determinar políticas empresariales y gubernamentales que lleven a plantear opciones efectivas para luchar contra la degradación de la tierra, el aire y el agua, así como para la conservación de los bosques y de la diversidad de especies. Este documento fue suscrito en la Cumbre de la Tierra, celebrada en junio de 1992 en Rio de Janeiro (Brasil). Es un llamamiento a los gobiernos para que adopten estrategias para el desarrollo sostenible, que deben ser aprobadas y elaborarse con la participación de todos los sectores, incluidas las organizaciones no gubernamentales, el público en general, la empresa, autoridades locales, provinciales, regionales y estatales. En la provincia albaceteña sólo la capital y Villarrobledo han suscrito hasta ahora la Carta de las ciudades y oblaciones europeas hacia la sostenibilidad (Carta Aalborg), firmada por 80 autoridades locales en la Conferencia Europea sobre Ciudades y Poblaciones Sostenibles, celebrada en Aalborg, en mayo de 1994, que supuso el inicio de una campaña destinada a animar y prestar apoyo a los municipios que deseen participar en el proceso de la Agenda 21, y poner en práctica planes de acción ambiental local tendentes a la sostenibilidad, que las localidades se comprometen a cumplir con revisiones anuales.